El plan del Grupo de Puebla para rehabilitar la figura de Nicolás Maduro
Miembros de la oposición y de la sociedad civil rechazaron la afirmación del presidente Alberto Fernández sobre los derechos humanos en Venezuela, que se inscribiría dentro de la estrategia de los aliados del régimen
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CARACAS.- La indignación y la sorpresa corrieron hoy como la pólvora encendida entre las filas democráticas venezolanas y en la sociedad civil al calor de las polémicas declaraciones de Alberto Fernández: “Poco a poco el problema de derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.
El presidente argentino, incluso, se quiso colocar varias medallas en el pecho al asegurar a la emisora Radio 10 que sus gestiones permitieron la presencia en Caracas de los funcionarios de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos.
“Señor Alberto Fernández, en Venezuela se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Por ello quien usurpa el poder en mi país y sus cómplices hoy están siendo investigados en la Corte Penal Internacional (CPI). Son criminales de lesa humanidad. ¡Qué vergüenza!”, reaccionó la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz.
“Repudiamos las recientes declaraciones del presidente Fernández. Es una afirmación falsa que, además, significa la ofensa para las decenas de miles de víctimas de la dictadura criminal de Maduro”, añadió Elissa Trotta, representante de la presidencia encargada en la Argentina.
Las palabras de Fernández se suman a la reciente declaración del canciller Felipe Solá sobre la “toxicidad” de Venezuela, respondidas de forma contundente por Juan Guaidó en una entrevista con LA NACIÓN: “Lo que es tóxico es la relación con una dictadura violadora de derechos humanos”.
Estrategia
Las declaraciones de ambos políticos no son casuales, ya que forman parte de la estrategia puesta en marcha en el interior del Grupo de Puebla con la intención de blanquear al régimen de Nicolás Maduro.
Liderada por el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, principal aliado del chavismo en Europa, y por los exmandatarios Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia), busca allanar el camino para el reconocimiento internacional de Maduro en medio de la puesta en marcha de un nuevo proceso de diálogo, que estaría facilitado por Noruega.
Los argumentos que esgrime el lobby bolivariano se centran en que el “hijo de Chávez” no debería ser estigmatizado porque “lo de Venezuela es muy complejo”, agravado por la “persecución del Imperio” y por el expresidente estadounidense Donald Trump.
En el guion redactado por Caracas también figuran las afirmaciones de la relatora bielorrusa Alena Douhan, cercana al presidente Aleksandr Lukashenko, quien viajó a Venezuela para minimizar las violaciones de derechos humanos y señalar como principal culpable a las sanciones internacionales.
Todo lo contrario aseguran tanto la realidad como los informes, que suman los dos realizados por el grupo de expertos independientes para la Determinación de Hechos de la ONU, los tres de Bachelet y tres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del examen actual de la CPI.
Solo hace unas semanas, cuatro miembros de una familia de campesinos fueron víctimas de una ejecución extrajudicial tras ser señalados falsamente de ser guerrilleros durante el conflicto fronterizo de Apure, según testigos y las investigaciones recabadas por organizaciones civiles.
La revolución acusó a “Twitter” de inventarse las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las violaciones sexuales, las desapariciones forzosas y las detenciones arbitrarias que recabaron todos esos informes.
En esta estrategia conjunta con sus aliados, el chavismo pretende desviar las acusaciones contra su cúpula señalando a policías o militares de bajo escalafón de haber cometido alguno de los crímenes históricos del chavismo, como el del concejal Fernando Albán, el del capitán Rafael Acosta o el del joven Juan Pablo Pernalete ante la inminencia de las acusaciones en la CPI.
Las cárceles de Maduro mantienen hoy a 307 presos políticos, de los que el 88% no tienen condena. Al 74% ni siquiera se les abrió juicio, según el Foro Penal. La sede caraqueña de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) permanece como principal centro de torturas de la región.
Solo en 2020, las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) llevaron a cabo 400 ejecuciones extrajudiciales, según el comisionado Humberto Prado. La organización de derechos humanos Cofavic fue más allá y documentó 12.010 casos de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría correspondiente a los tres últimos años.
“Las violaciones de derechos humanos forman parte de un plan aprobado al más alto nivel. Eso es lo que distingue la esencia de una democracia y una dictadura”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.
“¿Se imaginan decir en 1981 que el problema de los derechos humanos en la Argentina fue desapareciendo?”, sentenció Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
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