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El abogado de Maduro dice que no tiene plata para pagar su defensa en Nueva York
El Departamento del Tesoro revocó la autorización para que el gobierno cubra sus honorarios en la causa por narcotráfico y corrupción
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LA NACION
CARACAS.– El principal abogado del expresidente venezolano Nicolás Maduro denunció que las sanciones impuestas por Estados Unidos impiden que el gobierno financie su defensa en el proceso penal que enfrenta en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.
El abogado Barry J. Pollack le envió la semana pasada un correo electrónico al juez federal que supervisa el caso, Alvin K. Hellerstein, para informar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había bloqueado la autorización de honorarios legales que el gobierno de Venezuela está obligado a pagar para la defensa de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, al amparo de sus leyes y costumbres.
Maduro y su esposa están encarcelados en Nueva York, donde permanecen detenidos sin derecho a fianza desde que fueron capturados en su residencia de Venezuela durante un operativo de las fuerzas armadas estadounidenses el 3 de enero.
“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro; el señor Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga, y el señor Maduro no puede afrontar de otro modo los costos de su defensa”, escribió Pollack en una carta al juez federal de Manhattan fechada el 20 de febrero y difundida públicamente el miércoles.
Pollack señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), responsable de administrar las sanciones contra Venezuela, había otorgado permiso al gobierno venezolano el 9 de enero para aprobar el pago de los honorarios legales. Pero menos de tres horas después, el gobierno federal retiró la autorización “sin explicación”, aunque mantuvo vigente un permiso para que se pague a los abogados de Flores.
“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, la OFAC interfiere con su capacidad para retener a un abogado y, por lo tanto, con su derecho a un abogado de su elección bajo la Sexta Enmienda”, sostuvo.
Pollack dijo que el 11 de febrero pidió a la OFAC que restableciera el permiso original y despejara el camino para que Venezuela pueda cumplir con su obligación. La defensa advirtió que, de no actuar, presentará una moción formal ante el tribunal para buscar amparo judicial.
El trasfondo político
Una acusación formal de 25 páginas en contra de Maduro lo señala a él y a otras personas de trabajar con cárteles del narcotráfico y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Él y su esposa enfrentan una posible cadena perpetua en caso de que sean declarados culpables.
Maduro y su esposa ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos de personas que les debían dinero del narcotráfico, según la acusación formal. El documento señaló que eso incluyó el asesinato de un capo local en Caracas.
La disputa sobre los honorarios legales está estrechamente vinculada a la política exterior de Estados Unidos. El primer gobierno de Donald Trump rompió relaciones con Maduro en 2019 y reconoció al entonces líder opositor de la Asamblea Nacional como el mandatario legítimo de Venezuela. Su sucesor, Joe Biden, se apegó de cerca a la misma política.
No obstante, permitir que el gobierno venezolano cubra el costo de la defensa de Maduro podría complicar los esfuerzos de la fiscalía para contrarrestar el argumento del expresidente venezolano de que su captura fue ilegal y de que, como jefe de un Estado extranjero, goza de inmunidad frente a un proceso penal conforme a las leyes de Estados Unidos y al derecho internacional.
Luego de varios meses de acumulación militar estadounidense en el Caribe, la captura allanó el camino para que el gobierno del presidente Trump ejerza influencia sobre la entonces vicepresidenta y ahora mandataria interina, Delcy Rodríguez.
Bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez abrió la industria petrolera a la inversión estadounidense, liberó a presos políticos y restableció comunicaciones directas con Washington, algo que no ocurría desde que el primer gobierno de Trump ordenó el cierre de la embajada en Caracas en 2019.
Agencias ANSA, AP y Reuters
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