Hungría inició la deportación de refugiados y desafía a la UE con un referéndum
El ultraderechista Orban se ampara en una polémica norma para expulsar migrantes
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LA NACION
BUDAPEST.- Hungría comenzó ayer a ejecutar la polémica reforma legal que permite expulsar a refugiados o inmigrantes que sean interceptados cerca de su frontera, una medida que en su primer día se aplicó a 600 personas.
La nueva ley de extranjería, promovida por el primer ministro ultranacionalista Viktor Orban, faculta a la policía local y al ejército a "acompañar" al otro lado de las vallas fronterizas a quienes entren ilegalmente en el país y sean interceptados en los ocho primeros kilómetros de territorio húngaro.
Una vez trasladados, aún en suelo húngaro, los refugiados tendrán que solicitar asilo y esperar una respuesta durante días o semanas, en condiciones inhumanas, sin agua, comida ni servicios higiénicos, un procedimiento duramente criticado por la ONU y varias ONG.
"Nos preocupa que la redacción de la ley deja demasiado margen de interpretación y que pueda dar lugar a violaciones de los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de orden público, al expulsarlos sin ningún proceso legal", denunció ayer en un comunicado el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el gobierno húngaro explicaron que se trata de un sistema más eficaz para "disminuir el número de inmigrantes que permanecen en el país ilegalmente", aseguró ayer György Bakondi, consejero de asuntos de seguridad de Hungría.
Hungría fue el primer país de la Unión Europea (UE) en bloquear la entrada a migrantes y refugiados cuando en septiembre de 2015 selló sus fronteras con Serbia y Croacia. Desde entonces, entrar en el país de forma ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión. Estas medidas fueron aplicadas tras la ola de refugiados que ingresaron por la ruta de los Balcanes, desde Turquía a través de Grecia, Macedonia y Serbia.
"La ruta (migratoria) puede hacer el recorrido que quiera, pero sin duda no lo hará a través de Hungría", advirtió en enero Orban, cuando defendió la adopción de regulaciones para desalentar el paso de los migrantes a través de su territorio.
Referéndum
En este contexto, el 2 de octubre Hungría celebrará un referéndum en el que decidirá si acepta el sistema de cuotas de la UE para reasentar migrantes, lo que supone una escalada en la lucha de Orban contra las políticas migratorias del bloque. Según Orban, se trata de decidir sobre la independencia húngara y de hacer valer el derecho de elegir con quién convivir.
"¿Quiere que la UE tenga derecho a determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?", será la pregunta que deberán responder los votantes.
"Los húngaros serán los primeros en la UE que podrán expresar su opinión sobre las políticas de Bruselas en el tema de inmigración", dijo el jefe de gabinete Antal Rogán, tras anunciar la convocatoria.
El gobierno de ultraderecha conducido por Orban rechaza que existan cuotas para distribuir a los refugiados entre los miembros de la UE. "Hasta el momento nadie le preguntó a la gente en Europa si aceptaba o rechazaba la distribución obligatoria de migrantes", había dicho Orban en febrero, tras anunciar la intención celebrar el referéndum, aprobado en mayo.
El plan de la UE, acordado en 2015, prevé que cerca de 160.000 solicitantes de asilo sean repartidos entre todos los Estados de la UE. En virtud del acuerdo, Hungría debía aceptar a 2300 refugiados. Sin embargo, junto con Eslovaquia, denunció el sistema de cuotas ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
Hungría fue uno de los países de la UE que recibieron mayor cantidad de solicitudes de asilo.
Un líder cuestionado
Viktor Orban
Primer ministro de Hungría
Ultraconservador
Líder de Fidesz, el partido ultranacionalista y derechista que lo llevó al gobierno en 2010, Orban desató la crítica internacional por las duras medidas antiinmigratorias adoptadas tras la masiva llegada de los refugiados
Rechazo y referéndum
Rechaza el plan de cuotas de la UE para distribuir a los refugiados, que denunció ante el Tribunal de Justicia. Convocó a un referéndum en octubre en el que se decidirá si acepta el sistema, un desafío a las políticas comunitarias
Agencias EFE y DPA
LA NACION
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