Los misterios de las mujeres de Juárez
El EAAF trabajó también en los casos de feminicidios de la ciudad del Norte
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El desembarco de los forenses argentinos en México tiene su antecedente en una misión de 2005, cuando autoridades y familiares de mujeres asesinadas los convocaron a Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos y una de las más violentas del mundo.
Desde 1993 hasta hoy miles mujeres fueron asesinadas sin causa conocida en este intrincado cruce fronterizo donde anidan todas las variantes del crimen organizado. Son las tristemente célebres "muertas de Juárez", que captaron la atención del mundo entero y dieron lugar a una larga lista de libros y películas que intentaron, sin demasiado éxito, echar luz sobre el misterio.
La información se mezcla con la ficción y las conjeturas y revela una probable confluencia de intereses mafiosos, pandillas juveniles, la arraigada cultura machista de la zona y la negligencia -cuando no complicidad- de autoridades y policías con los criminales.
Se sabe entre otras cosas que las víctimas tienen ciertos rasgos en común: son jóvenes de 15 a 25 años, de bajos recursos y escaso nivel educativo, a menudo asalariadas en las fábricas asentadas en la frontera, o maquiladoras, que emplean a miles de trabajadores no calificados.
Identificadas
"Comenzamos a trabajar con el tema de los feminicidios a pedido de las autoridades y de los familiares de las mujeres. Trabajamos hasta 2011 y pudimos identificar a 33 mujeres", dijo Frondebrider.
Para ello, el EAAF recabó muestras genéticas de 195 personas que habían reportado la desaparición de familiares.
"Eran casos donde le habían entregado el cuerpo a la familia y la familia no confiaba en el informe, o directamente no se había identificado el cuerpo. También aportamos información sobre cómo murieron. Muchas veces era diferente a la versión oficial", agregó.
Las conclusiones del EAAF fueron utilizadas en un juicio de trascendencia pública llamado "campo algodonero", que hizo camino hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos de las víctimas y exigió el reconocimiento de su responsabilidad en un acto que debía ser presidido por altos funcionarios del gobierno. Así quedó en evidencia la inacción de la policía y del gobierno para prevenir los asesinatos y dar con los homicidas.
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