Maria Ressa: "No soy una criminal, soy periodista"
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PERUGIA, Italia.– Se la ve tranquila a Maria Ressa (Manila, 1963) pese a que siente que en cualquier momento puede ir presa. De hecho, ya fue encarcelada en febrero pasado, acusada de "difamación". Por ahora conservó su libertad con unos cuantos miles de dólares en fianzas, mientras aguarda el desenlace de 11 causas judiciales que le podrían costar más de diez años en prisión. "No soy una criminal, soy periodista", aclara la fundadora de Rappler, un portal de noticias crítico del gobierno del presidente de Filipinas , Rodrigo Duterte , al que cuestiona especialmente por su sangrienta "guerra contra las drogas", que desde 2016 causó 7000 muertes, aunque organismos de derechos humanos denuncian que las víctimas serían hasta casi el triple que las cifras oficiales.
La periodista, que trabajó dos décadas en la CNN –primero en Manila, luego en Jakarta–, no está tan preocupada por su situación personal como por los comicios legislativos del 13 de mayo, suerte de plebiscito para el presidente filipino, que pretende modificar la Constitución. Desde que, en 1988, se postuló como alcalde, Duterte sostiene una racha envidiable: nunca perdió una elección. Para Ressa, es un punto bisagra para el futuro de Filipinas, que en marzo pasado abandonó la Corte Penal Internacional (CPI). "Son elecciones críticas. Necesitamos un Senado independiente para que funcionen los controles del sistema democrático. Las estimaciones son que la presente administración ganará, en cuyo caso nuestro país será aún peor", alerta Ressa en su encuentro con LA NACION revista. Ella fue invitada a esta ciudad italiana como una de las figuras del festival internacional de periodismo, realizado en abril.
Desde hace tiempo que no es bienvenido ser crítico en Filipinas, único país del sudeste asiático con mayoría católica, formado por siete mil islas y con casi 105 millones de habitantes –otros 11 millones viven en el exterior–. Políticos, medios de comunicación y periodistas sufrieron consecuencias tras cuestionar a Duterte, combativo contra quienes objetan su guerra antidrogas, como los detenidos senadores Antonio Trillanes y Leila de Lima, una reconocida activista de los derechos humanos encarcelada sin juicio desde febrero de 2017, acusada de recibir sobornos de narcotraficantes. El periodista Jun Pala, que investigaba la corrupción política y era crítico abierto de Duterte, fue asesinado cerca de su hogar en 2003. El expolicía Arthur Lascañas dijo que Duterte –entonces alcalde de Davao, la tercera ciudad más poblada del país– había ordenado el asesinato y que él ayudó a llevarlo a cabo.
–¿Hasta qué punto teme que el gobierno de Duterte puede ir en su contra?
–He pensado en los peores escenarios –dice Ressa–, porque no podrías moverte como me muevo si no lo hubiera pensado así. Y tengo que aceptarlos. Hay cosas que no están bajo tu control. Podés ser prudente y protegerte contra eso, pero no intentar protegerte contra infinitas posibilidades porque entonces, no hacés nada. Por lo tanto, es solo tener claridad de pensamiento para ser lo suficientemente inteligente, pero manteniéndote en la misión, con el enfoque en lo correcto.
Tampoco Rappler, creado en 2012 y con foco en la investigación, es el único medio hostigado por el gobierno filipino, que amenazó con no renovarle la licencia a ABS-CBN, el canal de televisión más importante del país, crítico con sus políticas, y del que Ressa fue directora de informativos entre 2004 y 2010. A su vez, los dueños del Philippine Daily Inquirer le vendieron el diario a un multimillonario cercano al presidente luego de haber sido acusados de evasión de impuestos. Además de prohibirle al medio asistir a eventos en el palacio presidencial, Duterte acusó a Rappler de difundir noticias falsas y a su fundadora de ser agente de la CIA y de responder a Estados Unidos, del que Filipinas se viene alejando mientras se acerca a otra potencia, China.
Ressa, reconocida con premios internacionales como el Knight de Periodismo y persona del año de la revista Time en 2018, está decidida a pelear contra las que considera "ridículas" acusaciones por evasión impositiva y difamación cibernética. Los abogados de Rappler sostienen que los cargos son "motivados políticamente" y que no tienen sostén jurídico porque, entre otras cosas, se basan en calificar al medio de comunicación como agente de valores. "Es un abuso de poder, usando la ley como arma. Es una persecución política. El mensaje está claro. La prensa está siendo atacada. Hay que luchar y decirle al Gobierno que no puede cruzar esta línea", insiste Ressa, que a mediados de febrero pagó 1900 dólares en lo que fue su sexta fianza en tres meses.
En 2018, la Comisión de Valores y Cambio le retiró a Rappler la licencia para operar porque habría violado la norma que prohíbe a personas o empresas extranjeras poseer medios de comunicación, con el argumento de que el diario digital recibió en 2015 financiación de Omidyar Network (fondo de Pierre Omidyar, fundador de eBay). Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron al gobierno filipino de atacar la libertad de prensa. "No es un asunto judicial. Es un intento de amordazar a un medio y a una periodista reconocida internacionalmente por su profesionalidad e independencia", sostuvo Reporteros Sin Fronteras.
–¿Cuál es su análisis de la situación?
–Hay dos cosas que están sucediendo. Estamos viendo la destrucción de un mundo antiguo, una real destrucción del periodismo y la democracia tal como lo conocemos, porque la tecnología lo ha permitido. Pero al mismo tiempo, esa destrucción significa que estamos creando algo nuevo, entendiendo la forma en que ocurren estos ataques. Hay también algo emocionante en todo esto: estamos tratando de averiguar cómo deberían ser el mundo, el periodismo y la democracia en estos tiempos.
–¿Cómo lleva su situación judicial?
–Mis problemas se vuelven pequeños en comparación con lo central del asunto: ¿qué nuevo sistema deberíamos estar creando? ¿Cómo debería ser este mundo? Y me doy cuenta de que los periodistas no tenemos mucho poder, que sí tienen las plataformas tecnológicas. Demandar a las plataformas que rindan cuentas me quitó muchas energías. Y las cosas se están moviendo, pero está sucediendo lentamente.
Para Ressa, las represalias contra ella también se deben a que denunció que el gobierno de Duterte manejaba al menos 26 cuentas anónimas de Facebook que viralizaron mentiras y campañas de odio, e incitaban a la violencia. La periodista le pidió a la red social –envuelta en varios escándalos y polémicas alrededor del mundo– que eliminara esas cuentas anónimas, algo que no sucedió hasta un tiempo después. Mientras, Rappler publicó un reportaje contando los detalles y llovieron amenazas. Facebook reaccionó contratando a Rappler para chequear noticias. Luego, Ressa fue arrestada. "A veces hago chistes con la gente de Facebook y les digo que si voy a la cárcel, es en parte la culpa de ellos", comenta.
Filipinas es el país que más horas pasa en internet a nivel mundial, y la mayor parte de ese tiempo lo pasa en las redes sociales, según el reciente informe de la plataforma Hootsuite. "Como pasamos la mayor parte del tiempo en las redes sociales, también nos hemos convertido en un país donde los valores de la democracia y cosas como matar personas han cambiado en poco tiempo. Las operaciones de información y los ejércitos baratos en las redes sociales están haciendo retroceder la democracia en todo el mundo. Comenzamos a sentir esto desde julio de 2016, cuando comenzó la guerra contra las drogas: es una combinación de la violencia del mundo real y la violencia en el mundo virtual que propaga el miedo y permite que un gobierno de estilo autoritario adquiera el poder", analiza.
Peor que incorrecto
En medio de reclamos por un líder duro para suceder a los que consideraban mandatarios débiles, los filipinos apoyaron en masa la llegada a la presidencia de Duterte, en junio de 2016. La principal promesa la viene cumpliendo: matar a narcotraficantes y adictos, para lo que concedió libertad a las fuerzas policiales para disparar a los sospechosos que se resistan. Ya son más de 20.000 los muertos en menos de tres años, según organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que además denuncian asesinatos extrajudiciales y el accionar de escuadrones de la muerte. "Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales", dijo Duterte en septiembre pasado, pero luego aclaró que lo había dicho "en broma". Habitualmente comparado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el filipino suele alimentar su visibilidad mediática con un discurso soez y provocador que genera polémica tanto por su vulgaridad como por su incorrección política. El combo incluye ofensas hacia las mujeres, comentarios machistas y dichos brutales: tras la violación y asesinato de una misionera australiana, dijo en tono jocoso que "era tan bonita" que él debería haberla violado antes.
Además de instar a "disparar en la vagina" a los rebeldes comunistas, más de una vez Duterte –que se comparó con Hitler, aunque después se disculpó– despotricó contra la Iglesia católica, diciendo que el papa Francisco sabe que la institución es "hipócrita", y animó a matar a los obispos, que son "bastardos e inútiles" que solo critican. También dijo que el 90 por ciento de los sacerdotes son homosexuales. El discurso fue difundido por la oficina presidencial, que luego señaló que los dichos de Duterte no debían tomarse de modo literal ya que el fin era lograr "un efecto más dramático".
–¿Qué es lo que más le molesta a Duterte de Rappler y de usted?
–Que seguimos adelante. No tenemos miedo, seguimos haciendo historias contundentes y exigiendo responsabilidades: hay muchas cosas por las que el Gobierno debería rendir cuentas. No estamos asustados. En todo caso, lo que (Duterte) ha hecho por nuestra sala de redacción es que nuestra misión sea mucho más fuerte, porque todos saben lo que está en juego. De una manera extraña, las fricciones normales de una sala de redacción han desaparecido. Sabemos que lo que hacemos importa ahora, y la misión es muy importante. Las acciones judiciales están destinadas a asustarnos. La única forma de superarlo es luchar. Eso es lo que vamos a hacer, solo tenemos que seguir adelante.
–¿Ha sido un costo alto a nivel personal?
–El costo ha sido enorme. No tengo problemas para dormir, pero me jugué la tranquilidad y la reputación que he creado durante más de 30 años. Es difícil. Cuando estaba en San Francisco, mis padres, a quienes les pedí que regresaran a Estados Unidos, me dijeron: ¡No vuelvas! Pero ahora tengo que estar en Filipinas.
–¿Considera mudarse a otro país?
–Sí, pero aún no. Mientras que nuestra Constitución garantice ciertos derechos, lucharé por ellos. Pero supongamos que el Gobierno gana la administración del Senado y cambia la Constitución, en ese punto vamos a tener que dejar ir la cosa... Pero en este momento, no queremos abandonar el terreno, queremos protegerlo. Es como un campo de batalla: si cedés demasiado terreno sin luchar, estás renunciando a tus derechos. Así me siento. Es muy personal, porque mis derechos han sido pisoteados: 11 causas en 14 meses. Tener siete policías con uniforme en una camioneta para detenerme... ¡Hola! No soy una criminal.
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