Revés de la Corte a Mujica en Uruguay: anuló el impuesto al campo

Tenía por objeto castigar la concentración de tierras; el máximo tribunal lo dejó sin efecto tras el fuerte rechazo de las entidades agropecuarias
Nelson Fernández
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14 de febrero de 2013  • 07:51

MONTEVIDEO. La Justicia uruguaya derribó el impuesto al campo que el presidente José Mujica impulsó contra la opinión de su vicepresidente Danilo Astori y que había generado fuerte rechazo de las gremiales ruralistas.

El semanario local "Búsqueda" informó hoy que en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) culminó el proceso de pronunciamiento de los cinco ministros, y que declarará inconstitucional el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que había sido creado por polémica ley hace pocos meses.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR) habían dado instrucciones a sus afiliados para que presentaran recursos de inconstitucionalidad contra la ley que creó el tributo. El argumento fue que el ICIR lesiona los principios de legalidad e igualdad ante la carga tributaria y que viola la autonomía de los gobiernos departamentales del interior del país, sobre su potestad para el cobro de impuestos.

Mujica –apoyado por economistas de su entorno político- había impulsado este impuesto con el fin de "frenar la concentración de la tierra". Astori había salido al cruce con inusitada dureza contra la iniciativa y advertido que era una mala señal para los inversores, pero por disciplina partidaria, él y su bancada, dio los votos a Mujica para crear el impuesto.

El presidente uruguayo logró un apoyo de la oposición, no en el Parlamento, sino en intendentes del interior, que pertenecen a los partidos tradicionales, porque acordó que lo recaudado iría para obras de caminería rural y para máquinas de las intendencias.

A raíz de la polémica, el ministro de Ganadería y Agricultura, Tabaré Aguerre, estuvo tambaleando en su cargo, porque se opuso drásticamente al impuesto.

El ICIR grava a los propietarios de campos mayores a 2.000 hectáreas (sobre la base de un índice local sobre productividad del país) con alícuotas por hectárea que van desde el equivalente a unos U$S 9 para los predios de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, de U$S 13,30 a campos de entre 5.000 y 10.000 hectáreas y de U$S 18 para mayores a 10.000 hectáreas.

La declaración de la Corte se aplica en principio sólo para los productores rurales que presentaron los recursos, pero el fallo del máximo órgano judicial hace insostenible que se mantenga el impuesto, por lo que el gobierno de Mujica ya comenzó a considerar alternativas, que le permitan recaudar lo que esperaba con ese tributo, mediante otras fórmulas impositivas.

Mujica maneja una batería impositiva para gravar a los productores con tributos que sumen el mismo monto de recaudación anual que lograba con el ICIR, unos 60 millones de dólares. Eso incluye el aumento del Impuesto al Patrimonio rural, suba de la Contribución Inmobiliaria para productores rurales, y aplicación de un impuesto destinado a enseñanza primaria a los dueños de campo que estaban gravados por el ICIR.

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