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Starmer evita una investigación parlamentaria por el caso Mandelson, pero enfrenta rebelión en sus propias filas
El premier británico evitó ser remitido al Comité de Privilegios gracias a su mayoría en la Cámara de los Comunes, aunque rebeldes y abstenciones dentro de su propio partido dejaron en evidencia el costo político del caso
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LA NACION
LONDRES.– El Parlamento británico vivió horas de máxima tensión política ante el avance de una ofensiva opositora que busca someter al primer ministro, Keir Starmer, a una investigación formal por su papel en el controvertido nombramiento de Peter Mandelson como embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos. Finalmente los representantes de la Cámara de los Comunes, donde el Partido Laborista tiene mayoría, rechazaron la moción.
El oficialismo, que controla más de 400 de los 650 escaños, denegó la solicitud, como era de esperar, con 335 votos en contra y 223 a favor. Sin embargo, algunos diputados laboristas votaron en contra del primer ministro o se abstuvieron a pesar de las órdenes de la mayoría del grupo. Hubo 92 abstenciones, entre las que se incluyen la del Presidente de la Cámara y la de otros diputados que se encontraban ausentes, como el ministro de Asuntos Exteriores.
Aunque el gobierno confiaba en imponerse en la votación clave en la Cámara de los Comunes, el foco se había desplazado hacia una serie de testimonios que podrían erosionar la autoridad del líder laborista y profundizar la crisis dentro de su propio partido.
La jornada comenzó con la comparecencia de dos figuras clave ante el Comité de Asuntos Exteriores: Philip Barton, exsecretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Morgan McSweeney, exjefe de gabinete de Starmer. Sus declaraciones, junto con nueva documentación oficial, están arrojando luz sobre el proceso que derivó en la designación de Mandelson, cuestionada por sus vínculos con el financiero Jeffrey Epstein.
Uno de los testimonios más sensibles fue el de McSweeney, considerado arquitecto del ascenso político de Starmer. El exasesor admitió haber cometido un “grave error de juicio” al recomendar el nombramiento y asumió la responsabilidad política por la decisión. “El primer ministro confió en mi consejo, y me equivoqué”, reconoció, al tiempo que pidió disculpas a las víctimas de Epstein por el impacto de la controversia. Sin embargo, rechazó haber presionado a funcionarios para acelerar o alterar los controles de seguridad.
El caso cobró mayor gravedad tras conocerse que Mandelson no habría superado completamente las verificaciones de seguridad antes de asumir el cargo, y que su relación con Epstein era más estrecha de lo que inicialmente se creía. Aunque Mandelson niega cualquier irregularidad y no ha sido acusado formalmente, la policía abrió una investigación en febrero por presuntas filtraciones de información sensible ocurridas en 2009 e incluso fue detenido.
Por su parte, Barton ofreció un relato que refuerza las dudas sobre el proceso. Aseguró que no fue consultado sobre el nombramiento –algo que, si bien no es inédito en decisiones políticas, consideró que debería haber ocurrido– y reveló que se enteró de la designación cuando ya estaba prácticamente decidida. Además, sostuvo que inicialmente se le indicó que no era necesario realizar una investigación de seguridad exhaustiva, lo que le resultó “sorprendente” dado el nivel de acceso a información confidencial que implica el cargo de embajador en Washington.
El exfuncionario también expresó su preocupación por los vínculos de Mandelson con Epstein, señalando que podían convertirse en un problema político, especialmente en Estados Unidos. “Simplemente pensé que era un tema potencialmente difícil”, afirmó, subrayando que no existía un canal claro para expresar esas inquietudes una vez tomada la decisión.
Las revelaciones alimentaron las acusaciones de la oposición, liderada por la conservadora Kemi Badenoch, quien impulsó una moción para que el Comité de Privilegios investigue si Starmer engañó al Parlamento al asegurar que se había seguido el “debido proceso”. Badenoch calificó el caso como “un profundo fracaso del gobierno” y acusó al oficialismo de intentar encubrir lo ocurrido.
Aunque los primeros oradores provinieron de la oposición –incluidos Badenoch, el liberal demócrata Ed Davey y el conservador David Davis–, lo más significativo fue la aparición de fisuras dentro del Partido Laborista. Varios diputados oficialistas manifestaron dudas y finalmente votaron a favor de abrir la investigación.
Entre ellos se destaca Nadia Whittome, quien afirmó no estar convencida de que el primer ministro no haya engañado a la Cámara, incluso de manera involuntaria. Otros legisladores laboristas, como Andy McDonald y John McDonnell, sostuvieron que permitir la investigación podría ser la mejor forma de que Starmer limpie su nombre.
Contexto adverso para el gobierno laborista
El trasfondo político agrava la situación. Starmer ya había logrado contener una rebelión interna en febrero por este mismo caso, pero superó ahora otro desafío en un contexto adverso, con elecciones locales y regionales previstas para el 7 de mayo que podrían convertirse en un plebiscito sobre su gestión.
El propio Starmer instó a sus diputados a “mantenerse unidos” y calificó la iniciativa como una maniobra política de la oposición para debilitar al gobierno antes de los comicios.
Sin embargo, incluso habiendo superado la votación, el daño político podría ya estar hecho. El escrutinio público y las conclusiones del Comité de Asuntos Exteriores podrían tener un impacto duradero en la credibilidad del primer ministro.
El precedente más cercano –el caso “Partygate” que terminó con la carrera política de Boris Johnson– sobrevuela el debate. Aunque los escenarios son distintos, el poder del Comité de Privilegios para ejercer presión moral y política sigue siendo un factor determinante.
Agencias AP y Reuters
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