Subsidio al combustible: los efectos de la medida económica que sacude a la política de Ecuador
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Como en el juego del dominó, una pieza que tambalea y pierde el equilibrio puede rebotar sobre otra y hacer caer, una a una, a todas las demás. Un movimiento similar parece ocurrir en Ecuador a partir de que el presidente Lenin Moreno anunció la quita del subsidio a los combustibles, por lo que se dispararon los precios en el surtidor, despertó la ira de distintos grupos de manifestantes y desembocó en un pedido de adelantar las elecciones.
En medio de un escenario de pura tensión, una de las principales inquietudes que se presentaron tiene que ver con la cuestión económica: cuál será el impacto en la macroeconomía y cómo afectará al bolsillo de los consumidores.
Para entender las consecuencias que podría provocar en la economía de Ecuador la eliminación de los subsidios a los combustibles es necesario, según los analistas, hacer repaso de los últimos años. "Los ingresos petroleros subieron en 2007 por la escalada del precio del petróleo y permitió que el gobierno expandiera el gasto público, que pasó en 2009 del 33% del PBI al 44% para 2013. Quedamos con un Estado que no se podía sostener", explicó a LA NACION el economista y editor de Análisis Semanal en Ecuador, Alberto Acosta Burneo.
En ese entonces, para mantener el gasto público el país se endeudó, principalmente a partir de créditos que se tomaron con China. "En 2014 la deuda pública era del 27% del PBI y para 2018 pasó al 46%", dijo Acosta Burneo. Por eso, Ecuador acudió al Fondo Monetario Internacional, que aprobó un paquete financiero junto con otros organismos internacionales de 10.200 millones de dólares con el objetivo de reducir el déficit fiscal en tres años.
En este contexto, Moreno implementó la eliminación del subsidio a los combustibles, una medida que llevó la nafta extra de US$ 1,85 a US$ 2,30, y al diésel de US$ 1,04 a US$ 2,27 y le generaría un ahorro de 1300 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
Las consecuencias de la medida
José Hidalgo Pallares, director de Cordes, le dijo a LA NACION que el gobierno decide hacer esto porque está en un proceso de ajuste fiscal y enumeró que los efectos que tendrá sobre los consumidores se traducirán en una suba en los precios del transporte urbano y, producto del bloqueo en las calles, se percibió desabastecimiento de distintos productos que no han podido llegar a las góndolas.
Como la economía de Ecuador está dolarizada hace 20 años, no existe la posibilidad de emitir dinero y generar inflación por esa vía, pero sí se puede trasladar a los precios la suba de los costos del combustible. Los analistas estiman que la inflación dará un salto del -0,01% mensual actual al 3% aproximadamente. Aunque también consideraron que los consumidores no convalidarán esos aumentos y que será el sector productivo quien se hará cargo de los nuevos valores.
"La medida tiene un objetivo fiscal para que el riesgo país -de alrededor de 650 puntos- se acerque a Perú o Colombia, que rondan los 200", dijo Hidalgo Pallares. Y agregó: "Pero el consumidor no está dispuesto a avalar que el comerciante traslade sus precios por encima de lo que se elevaron sus costos".
Manuel González, profesor de Postgrados de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil, explicó a LA NACION, que la economía ecuatoriana ya ha venido sufriendo las consecuencias de su dependencia sobre el precio del petróleo desde 2014, cuando el commodity se derrumbó y la quita del subsidio "vendría a empeorar el panorama". "La tasa de subempleo se ha incrementado y los ingresos laborales se han reducido en el último año. Sin embargo, lo que puede tener un impacto aún mayor es la incertidumbre generada por los problemas políticos que este tipo de medidas genera", sostuvo.
Entre las consecuencias, González destacó que los costos de los insumos deberían subir para las empresas. "Al ser un insumo de demanda inelástica en el corto plazo, el mayor costo debería ser trasladado a los consumidores", dijo, aunque descartó que impacte enteramente en los precios. "Los precios deberían subir moderadamente y la actividad económica debería frenarse por menos capacidad de gasto tanto a nivel empresarial como de hogares", consideró.
Para Acosta Burneo, la quita de los subsidios a los combustibles fue una medida "de impacto recesivo, pero necesaria", ya que beneficiaba mayormente a la población de mayores ingresos, que cuentan con auto propio.
Según dijo, la eliminación de esa alícuota se sentirá principalmente en el sector productivo, donde los precios subirán, pero "de forma focalizada" en las industria que dependan en gran medida del combustible para funcionar. "Sectores como la industria del camarón, que es muy intensivo en maquinaria, sentirán el impacto. No afectará tanto a las grandes empresas que tienen precios de mercado y pueden absorber costos, pero sí a las medianas y pequeñas", cerró el especialista.
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