Transportistas paralizan Lima ante una ola de asesinatos y extorsiones
Empresas de transporte público detuvieron sus operaciones y bloquearon vías para exigir medidas urgentes al gobierno frente al aumento de la violencia, que dejó decenas de chóferes muertos
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LA NACION
LIMA.- Empresas de transporte público de Lima paralizaron sus operaciones este lunes en demanda de acciones más contundentes por parte del Gobierno frente a la creciente ola de crímenes y extorsiones que afecta al sector. La medida, que incluyó bloqueos de calles, quema de neumáticos y marchas, afectó a miles de ciudadanos que intentaron movilizarse por la capital peruana.
El paro fue convocado por la Asociación Nacional de Transporte Urbano (Anitra), uno de los gremios más grandes del sector, tras el asesinato a tiros de un conductor el pasado sábado, quien fue interceptado por desconocidos en moto. “Estamos en huelga porque el gobierno no nos hace caso. Nos duele la cantidad de muertes que se producen debido a la extorsión”, declaró Marco Valer, trabajador de transporte público.
El Gobierno peruano emitió un comunicado exhortando a los empleadores a otorgar dos horas de tolerancia para el ingreso de sus trabajadores y dispuso que las clases escolares se realicen bajo la modalidad remota. Varias universidades públicas y privadas adoptaron la misma decisión. Sin embargo, pese a las restricciones, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes comenzaron desde temprano, con neumáticos incendiados y vehículos detenidos en varios puntos de la ciudad, generando congestión y complicaciones para quienes circulaban en transporte particular.
Según la Cámara Internacional de Transporte, al menos ocho empresas de Lima suspendieron sus operaciones debido a las extorsiones y asesinatos de choferes perpetrados por bandas criminales. Las denuncias de extorsión en Perú crecieron exponencialmente, pasando de 3872 en 2019 a aproximadamente 22.400 en 2024. Entre enero y septiembre de este año se registraron 18.430 casos, según datos policiales. En paralelo, el país alcanzó un récord de 2082 homicidios en 2024, y hasta septiembre de este año ya se contabilizaban 1706.
La inseguridad ciudadana se consolidó como la principal preocupación de la población, en un contexto en que la presidenta Dina Boluarte mantiene una popularidad histórica baja, entre 2% y 4%, según sondeos recientes. Tras una reunión con varios ministros, la mandataria aseguró: “Esta lucha no es de un día, es mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, todos los días. No se detiene. Estamos trabajando sin descanso”.
El paro del lunes se convirtió en una protesta masiva: cientos de transportistas bloquearon vías principales de Lima, pegando mensajes en sus vehículos contra la extorsión y exhibiendo fotografías de colegas asesinados. “Queremos vivir, ni un muerto más”, se leía en los parabrisas de los buses. La huelga fue la novena desde enero, y las caravanas avanzaron desde los extremos de Lima, donde se concentra la mayoría de la población y la mayor parte de los homicidios.
Martín Valeriano, presidente de Anitra, sostuvo: “Tenemos que salir a protestar en defensa de la vida ante un gobierno indolente que hasta ahora no soluciona el problema”. Las bandas delictivas exigen pagos que pueden alcanzar los 50.000 soles mensuales (unos 14.350 dólares) a las empresas de transporte. Cuando las compañías se niegan, los ataques son violentos y en ocasiones los vehículos son baleados con pasajeros a bordo.
Hasta octubre, al menos 47 conductores habían muerto a manos de sicarios, según Anitra. Además de homicidios, entre enero y agosto de este año se registraron más de 150 explosiones intencionales con dinamitas, granadas o bombas incendiarias, dirigidas contra casas, comercios y hasta sedes de la fiscalía, según datos del Observatorio del Crimen y la Violencia.
Margot Ortega, cajera y madre de dos hijos, relató que recibió un golpe de la policía durante las manifestaciones. “Marchamos por nuestra vida. Tengo miedo que me maten o a mi pareja, que es chofer”, dijo, mientras se aplicaba una pomada para aliviar la contusión.
El Gobierno, que en marzo desplegó militares en las calles para apoyar a la policía, insiste en que trabaja “sin descanso” para combatir el crimen, pero los transportistas demandan medidas más contundentes. “Vamos a vencer esta lacra que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, que es el asesinato. Los vamos a atrapar, no nos van a ganar esta batalla”, afirmó Boluarte en un acto oficial en el sur de Lima.
El Observatorio del Crimen y la Violencia y la consultora Capital Humano y Social, junto al Banco de Crédito, indicaron que desde inicios de 2025 fueron asesinados 180 trabajadores del transporte, incluyendo choferes de buses, minibuses, moto-taxis, taxistas y personal encargado de cobrar pasajes.
El impacto económico de la criminalidad también es significativo: en julio, el Gobierno estimó que el costo anual de la inseguridad alcanza el 1,7% del PIB, unos 5000 millones de dólares.
Agencias AP, AFP y Reuters
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