Un veredicto y castigo que siguen el modelo de la dictadura de Pekín contra la disidencia

HONG KONG.– Durante décadas, el magnate de los medios Jimmy Lai utilizó su fortuna y su sala de redacción en Hong Kong para criticar los abusos y el autoritarismo de Pekín y dar voz a las fuerzas prodemocráticas en China.

El lunes, cuando un tribunal de Hong Kong lo condenó a 20 años de prisión, la ciudad dejó en claro que ahora en Hong Kong la rebeldía paga el mismo precio que del otro lado de la frontera.

El histórico fallo es la culminación de un año de esfuerzos del gobierno de Pekín para desarticular la influencia de un autoproclamado “alborotador” a quien culpó de planear las protestas prodemocracia de hace casi siete años en Hong Kong. Y muchos dicen que Pekín ya había declarado culpable a Lai antes de que llegara a juicio.

La decisión trasciende con creces el destino de un solo hombre: además de Lai, seis de sus exempleados del clausurado periódico Apple Daily fueron condenados a penas de hasta 10 años, un nuevo y sombrío punto de referencia para los medios de comunicación de la ciudad, que hasta hace poco se manejaban con total libertad.

Si bien el gobierno sostiene que este caso en particular atañe a la seguridad nacional, la magnitud de las penas revela hasta qué punto se ha reducido el margen de maniobra del periodismo independiente en lo que alguna vez fue el centro mediático de Asia.

Según los críticos del gobierno de Pekín, al aplicarle a un magnate de los medios locales de Hong Kong y a sus editores las mismas duras penas que solo reciben los disidentes en China continental, también ha acelerado la erosión de un acuerdo político que supuestamente debía preservar las libertades de estilo occidental que había en Hong Kong.

“Las penas impuestas a Lai y sus colegas son muy severas, incluso para los estándares de China continental”, dice Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, y agrega que un solo disidente chino recibió una pena de prisión más larga que Lai: fue Ilham Tohti, un profesor de economía que defendió a la minoría uigur en la región occidental china de Xinjiang y en 2014 fue condenado a cadena perpetua.

Xi Jinping, el mandatario de China con más poder en muchas décadas, ha desplegado una represión generalizada contra cualquier atisbo de disidencia en su país, persiguiendo no solo a activistas por los derechos humanos, sino también a magnates empresarios, intelectuales y miembros de la élite del partido, algunos de los ellos condenados a casi 20 años de prisión.

Si bien el sistema judicial de Hong Kong es independiente del de China continental, el procesamiento de Lai pone en evidencia que en lo referido a leyes de seguridad nacional, las fronteras tienden a difuminarse, señala Pearson.

“En última instancia, estos juicios por temas de seguridad nacional tienen un objetivo político: extinguir la disidencia y enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a criticar al Partido Comunista Chino”, dice Pearson, de Human Rights Watch.

En efecto, para Lai se trata de una condena a cadena perpetua, ya que tiene 78 años y una salud muy deteriorada, según su familia. “Es una sentencia desgarradoramente cruel”, declaró su hija, Claire Lai, a través de un comunicado. “Si entra en efecto, mi padre morirá como un mártir en la cárcel”.

Ante el tribunal, Lai no se mostró sorprendido, ni siquiera cuando la lectura de la sentencia provocó el llanto que presenciaban la audiencia desde la galería pública.

Vestido con camisa y saco blancos, Lai sonrió y saludó a su esposa, y les hizo un gesto de corazón con las manos a sus partidarios. En muchos sentidos, se comportó como un hombre resignado a una sentencia preestablecida.

En su sentencia, los jueces escribieron que Jimmy Lai merecía un castigo severo porque era “sin duda el cerebro” de las conspiraciones por las que fue declarado culpable. También dijeron haber reducido su sentencia 25 meses tras considerar sus problemas de salud, que incluyen diabetes e hipertensión.

La audiencia se celebró bajo estrictas medidas de seguridad, entre un enjambres de policías con chalecos tácticos apostados frente al juzgado, ubicado en un barrio obrero de la península de Kowloon, Hong Kong, mientras un vehículo blindado patrullaba el perímetro.

Las personas que esperaban para entrar habían dormido a la intemperie envueltos en mantas durante toda la noche. La policía acordonó la zona con cinta de seguridad e impidió que los cronistas presentes entrevistaran a los que esperaban en la fila.

Lai fue condenado en diciembre por “conspiración para complotar con fuerzas extranjeras”, un cargo derivado de reuniones que mantuvo con políticos en Estados Unidos. También fue declarado culpable de conspirar para publicar material sedicioso en Apple Daily, el periódico prodemocrático en idioma chino que fundó en 1995 y fue clausurado.

China tilda a Lai de ser un traidor que busca socavar el gobierno del Partido Comunista sobre Hong Kong y sobre China. Lo han acusado de ser la “mano negra” detrás de las protestas antigubernamentales que sacudieron Hong Kong en 2019.

La historia “de mendigo a millonario” de Lai se destaca incluso en una ciudad hipercapitalista como Hong Kong, llena de millonarios que se hicieron a sí mismos. Lai huyó de una China asolada por la pobreza como polizón cuando era niño y fue ascendiendo en las fábricas textiles de la ciudad. Eso lo llevó al lanzamiento de su propia marca de ropa informal en 1981, que redundó en su primera fortuna.

Lai tuvo un despertar político tras la masacre de la Plaza de Tiananmén en 1989. Fue entonces que enfureció a Pekín cuando calificó a Li Peng, el funcionario que ordenó la represión, “hijo de huevo de tortuga”, que en China es un insulto gravísimo.

Los expertos legales y las agrupaciones de derechos humanos señalan que Lai no tenía la menor chance de tener un juicio justo. Las causas por temas de seguridad nacional son juzgadas por jueces designados por el líder de Hong Kong, y no por jurados. Y los medios de comunicación de la ciudad, propiedad del Partido Comunista, también declararon culpable a Lai mucho antes de que comenzara su juicio.

Los gobiernos occidentales han reclamado la liberación de Lai, que es ciudadano británico, y han dicho que su juicio tuvo motivaciones políticas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que planteó el caso de Lai durante su reunión con Xi Jinping en Pekín el mes pasado. La semana pasada, en una audiencia ante el Parlamento británico, el hijo de Lai, Sébastien Lai, criticó al gobierno de Starmer por no condicionar su visita a China a la liberación de su padre.

El presidente Trump dijo haberle pedido a Xi que considere la liberación de Lai, y en un comunicado del lunes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó la sentencia como una “injusta y trágica conclusión para este caso” e instó a las autoridades chinas a liberar a Lai por razones humanitarias.

Pekín ha rechazado las peticiones de liberación de Lai calificándolas de “flagrante injerencia” en los asuntos internos de China. El brazo de seguridad nacional de Pekín en Hong Kong fustigó a los críticos occidentales por pedir la liberación de Lai “con el pretexto de los ‘derechos humanos’”.

Mientras tanto, el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, máxima autoridad de la ciudad, declaró que la sentencia era “sumamente gratificante”, y calificó los delitos de Lai como “atroces y despreciables”.

La única posibilidad de libertad que le queda a Lai es un posible exilio en el extranjero, quizás por motivos médicos, señala Mark Clifford, presidente de la Fundación del Comité para la Libertad en Hong Kong y autor de un libro sobre Lai titulado El Alborotador.

“China tiene que entender que Lai es más problemático en la cárcel que fuera de ella”, agrega Clifford, y señala que el encarcelamiento de Lai dificulta cualquier deshielo entre Estados Unidos y China. “Mandarlo al exilio les convendría a todos”.

Traducción de Jaime Arrambide

Por David Pierson

The New York Times

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