Unos 60.000 presos cubanos son explotados como fuerza laboral esclava, alerta una ONG
Un informe de Prisoners Defenders revela que reclusos, muchos de ellos políticos, trabajan más de 60 horas semanales en condiciones inhumanas, produciendo carbón y otros bienes para exportación, sin protección, salario digno ni atención médica
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LA NACION
LA HABANA.- Por lo menos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de la población carcelaria, son obligados a realizar trabajos forzosos bajo amenazas, violencia y represalias, según un informe publicado por la ONG española Prisoners Defenders. El documento, de 42 páginas, es el primer estudio integral sobre esta práctica y revela abusos sistemáticos que afectan tanto la salud física como la psicológica de los reclusos, y que constituyen un verdadero mecanismo de explotación laboral a gran escala.
El estudio se basó en entrevistas con 53 expresos, complementadas con 60 testimonios adicionales y fuentes documentales externas. Los datos son alarmantes: el 100% de los declarantes afirmó haber trabajado bajo coacción; el 69,81% no firmó contrato ni recibió documento alguno que regulara su vínculo laboral; y el 98,11% careció de herramientas, capacitación o materiales necesarios para realizar sus tareas. El 96,23% estuvo expuesto a condiciones climáticas extremas, y el 81,13% sufrió graves deterioros físicos y psicológicos, mientras que casi la mitad padeció violencia física durante el trabajo.
Entre los testimonios se destacan experiencias de violencia y explotación extrema. “Me obligaron a cargar sacos de carbón con lesiones en el hombro. Cuando protesté, me quitaron las visitas familiares durante un mes”, relató uno de los exreclusos. Otro aseguró: “Dormimos en el campo, sin camas ni techo… sólo sobre fardos, y sólo podemos beber agua sucia de un abrevadero donde también beben las vacas”. Algunos reportaron cortes graves, mutilaciones y sepsis por falta de atención médica.
El trabajo forzoso incluye la producción de carbón vegetal de marabú, cosecha de caña de azúcar, fabricación de tabaco y construcción, muchas veces para propiedades privadas de mandos de la Seguridad del Estado.
En el caso del carbón, sexto mayor producto de exportación de Cuba, los reclusos reciben entre 34 y 62 centavos de dólar por tonelada, y en muchos casos ni siquiera perciben salario. Solo 35 de los 53 declarantes tenían asignado un sueldo; a 25 de ellos se les retenía bajo la excusa de cubrir herramientas, ropa, comida o agua, y 9 recibían una cantidad simbólica, inferior a 4 dólares al mes.
Las mujeres, 8 de las declarantes, enfrentan abusos específicos: el 87,5% fue obligada a realizar tareas degradantes, el 50% sufrió acoso o violencia sexual, y una de ellas fue obligada a trabajar durante el embarazo.
Entre los daños físicos se reportan mutilaciones, fracturas, tuberculosis, problemas renales y hasta una denunció que perdió la visión “por falta de protección”.
Mientras que las secuelas psicológicas incluyen estrés postraumático, ansiedad e insomnio crónico, con efectos permanentes en la vida de los afectados. “Sufro ansiedad generalizada, trastorno de la personalidad, estrés generalizado e insomnio crónico”, denunció otro exconvicto.
El promedio de carga laboral alcanza 63 horas semanales, distribuidas en jornadas de 6 a 7 días, con descansos mínimos o inexistentes. El 94,34% de los declarantes trabajó con enfermedades graves o condiciones incapacitantes, y el 98,11% no recibió atención médica ni medicamentos adecuados. Solo tres de los entrevistados fueron evaluados antes de iniciar sus tareas, y casi la mitad dependía de que sus familias llevaran medicamentos que las autoridades se negaban a entregar.
“Tenía diabetes y asma. Me obligaron a cortar caña. Casi me desmayo tres veces, pero si pedía descansar, me amenazaban con quitarme la mínima y encerrarme en una prisión de máximo rigor”, indicó otro de los declarantes.
Prisoners Defenders denuncia la implicación de al menos 60 empresas europeas en la compra de productos generados mediante trabajo forzoso y solicita a la Unión Europea prohibir estas importaciones. La ONG advierte que las autoridades cubanas priorizan el lucro sobre los derechos humanos, manteniendo un sistema penitenciario donde los abusos físicos, sexuales y psicológicos son cotidianos.
El informe concluye con un llamado urgente a la acción internacional, alertando sobre un negocio penitenciario que se sostiene sobre la explotación sistemática de reclusos, muchos de ellos presos políticos, obligados a trabajar sin protección, sin salario y bajo constante amenaza, en condiciones que describen como “campos de concentración neofascistas”, donde la dignidad y la vida de las personas se encuentran permanentemente en riesgo.
Agencia ANSA
LA NACION
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