Actualización sobre la ayuda para alquilar en EE.UU: por qué los migrantes sin estatus legal podrían quedar fuera
Se ordenó una auditoría nacional para verificar la ciudadanía o estatus migratorio de quienes residen en viviendas públicas o reciben asistencia
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LA NACION
El gobierno federal de Estados Unidos inició un proceso de revisión de los programas de vivienda pública y de asistencia con vales de la Sección 8. Según el secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Scott Turner, todas las autoridades de vivienda pública deberán entregar en 30 días un reporte con los datos de los inquilinos, lo que incluye prueba de ciudadanía o de estatus migratorio legal.
¿Los inmigrantes sin estatus legal podrían quedar afuera de los programas de vivienda pública?
El memorándum emitido por Turner solicita a cada agencia local de vivienda pública detallar nombre, dirección, número de habitaciones, costo de la unidad y documentación de estatus legal de quienes reciben subsidios o residen en propiedades financiadas por el HUD.
“Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de esta notificación, el HUD solicita a todas las Autoridades de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés) que proporcionen un informe completo e integral de todos los inquilinos que reciben un vale de la Sección 8 o residen en viviendas financiadas por el departamento”, notificó el secretario.
La instrucción busca identificar a residentes que no cuentan con autorización legal para permanecer en el país norteamericano. El HUD informó que, en caso de que una autoridad de vivienda no cumpla con la entrega de información, se evaluará su acceso a fondos federales y su permanencia en los programas de apoyo.
Turner señaló que la medida responde a la necesidad de dar prioridad a los ciudadanos estadounidenses en el acceso a vivienda subsidiada. Explicó que, actualmente, solo una de cada cuatro familias elegibles recibe asistencia debido, en parte, a la falta de cumplimiento en la verificación de estatus migratorio.
El secretario sostuvo que no se permitirá que los inquilinos dejen en blanco los campos relacionados con ciudadanía o condición migratoria. Además, enfatizó que esta decisión se apega a las leyes vigentes y que el propósito es garantizar que los recursos lleguen a quienes califican de acuerdo con la normativa federal. “El HUD aplicará todas las medidas de cumplimiento disponibles”, aseguró el secretario en el comunicado.
¿Recortes al presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano?
El anuncio se da en un contexto en el que la administración Trump también propuso recortes al presupuesto de la agencia. Entre las iniciativas planteadas se incluye sustituir parte de los programas de ayuda federal con subvenciones estatales, además de imponer límites temporales a la asistencia.
Según lo retomado por Newsweek, el gobierno presentó un plan de reducción del presupuesto de HUD en más de 50% para el año fiscal 2025. El ajuste implicaría una disminución significativa en los recursos destinados a la asistencia de alquiler y pondría en riesgo la continuidad del programa de la Sección 8, que actualmente apoya a más de 2,3 millones de hogares.
El nuevo esquema contemplado por la administración federal busca transferir la responsabilidad a los estados mediante un programa de asistencia temporal, con una duración máxima de dos años para la mayoría de los beneficiarios. Solo los adultos mayores y las personas con discapacidad podrían mantener el apoyo de manera indefinida.
¿Qué es el programa de la Sección 8 y cómo funciona?
El programa de la Sección 8 otorga vales de vivienda que permiten a familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidad alquilar propiedades en el mercado privado. La administración del programa se realiza a través de las agencias locales de vivienda pública.
La elegibilidad depende del ingreso bruto anual, el tamaño del hogar y, ahora, con la nueva actualización, el cumplimiento de requisitos de ciudadanía o estatus migratorio autorizado. Una vez aprobados, los beneficiarios pueden alquilar un inmueble que cumpla con los estándares del programa, y la autoridad de vivienda paga directamente al propietario la parte subsidiada de la renta.
Debido a los recursos limitados, muchas agencias tienen listas de espera que se mantienen cerradas por largos periodos. Esto significa que, incluso para quienes cumplen con los requisitos, el acceso a un vale puede tardar varios años.
Implicaciones de las auditorías para las viviendas públicas
La instrucción del HUD implica que más de 3000 autoridades de vivienda pública deberán revisar la información de sus inquilinos en un plazo de 30 días. La medida se implementa en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que participará en la verificación de los datos proporcionados.
Organizaciones de análisis presupuestario advirtieron que, si se recortan los fondos federales y se limita la duración de la ayuda, más de 3 millones de personas estarían en riesgo de desalojo. De ese total, la mitad serían menores de edad.
“La mayoría de estas personas viven en hogares con alguien que trabaja, pero no gana lo suficiente para pagar el alquiler”, escribió el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas en un informe. “Todos deberían tener un lugar seguro, estable y asequible donde vivir”, agregaron.
El Congreso deberá definir antes del 30 de septiembre si aprueba las modificaciones presupuestarias. Mientras tanto, las auditorías ordenadas por el HUD avanzan como parte de las medidas inmediatas de control en los programas de vivienda pública y de la Sección 8.
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