Adiós a la ciudadanía por naturalización: el plan de Trump para acelerar las deportaciones con esta medida prioritaria

La administración de Donald Trump activó un plan para priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos o que representen un riesgo para la seguridad nacional. Esta medida ha generado preocupación y polémica en la comunidad inmigrante y entre defensores de los derechos civiles.

¿Qué es la desnaturalización de la ciudadanía americana?

La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revoca la ciudadanía a una persona que la obtuvo a través de la naturalización. Es decir, que no nació en el país, pero cumplió con los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para convertirse en ciudadano.

Si bien la desnaturalización no es un fenómeno nuevo, su aplicación ha sido relativamente poco común a lo largo de la historia. Sin embargo, la administración Trump ha manifestado su intención de intensificar este proceso como parte de su estrategia para combatir la inmigración ilegal y deportar a personas consideradas peligrosas.

¿En qué casos se puede revocar la ciudadanía estadounidense?

El Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido un memorándum en el que se detallan los criterios que se tendrán en cuenta para priorizar los casos de desnaturalización. Según este documento, la ciudadanía puede ser revocada en las siguientes situaciones:

• Crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Incluye casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves.
• Delitos graves no declarados durante el proceso de naturalización. Abarca desde violencia hasta fraude o delitos sexuales.
• Participación en pandillas, carteles u organizaciones criminales. Aplica para quienes promueven o colaboran con redes transnacionales.
• Vínculos con terrorismo o espionaje. Incluye exportación ilegal de tecnología o información sensible.
• Corrupción o fraude en el proceso de naturalización. En el caso de declaraciones falsas o sobornos.

El fiscal general adjunto, Brett Shumate, en un memorando dirigido a la División Civil del Departamento de Justicia, anunció que el presidente Donald Trump y la fiscal Pamela Bondi habían ordenado que se priorizara las investigaciones y medidas de cumplimiento relacionadas con la desnaturalización o revocación de la ciudadanía.

Las diez categorías prioritarias del DOJ para revocar la ciudadanía americana

El memorándum del DOJ enumera diez categorías prioritarias para los casos de revocación de la ciudadanía:

• Casos contra individuos que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo aquellos con nexos con terrorismo, espionaje o exportación ilegal de bienes, tecnología o información sensible.
• Casos contra individuos que participaron en tortura, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.
• Casos contra individuos que promovieron o promueven la empresa ilegal de pandillas criminales, organizaciones criminales transnacionales y carteles de drogas.
• Casos contra individuos que cometieron delitos graves que no fueron revelados durante el proceso de naturalización.
• Casos contra individuos que cometieron tráfico de personas, delitos sexuales o crímenes violentos.
• Casos contra individuos que participaron en diversas formas de fraude financiero contra los Estados Unidos (incluyendo fraude de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y fraude de Medicaid/Medicare).
• Casos contra individuos que cometieron fraude contra individuos privados, fondos o corporaciones.
• Casos contra individuos que adquirieron la naturalización mediante corrupción gubernamental, fraude o declaraciones falsas materiales.
• Casos remitidos por una Oficina del Fiscal de los Estados Unidos o en relación con cargos penales pendientes, si esos cargos no encajan dentro de una de las otras prioridades.
• Cualquier otro caso remitido a la División Civil que se considere suficientemente importante para perseguir.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de desnaturalización?

El proceso de desnaturalización se lleva a cabo a través de juicios civiles. Estos son los pasos:

• Investigación inicial. El DOJ o el Uscis identifican sospechas de fraude, falsedad, omisión de hechos relevantes o comisión de delitos graves (como terrorismo, crímenes de guerra, delitos migratorios o financieros).
• Demanda en corte federal. El gobierno presenta una demanda civil en tribunales federales y se inicia un caso judicial.
• Defensa. La persona acusada puede defenderse, presentar pruebas y contar con representación legal, pero no tiene derecho a un abogado de oficio, a diferencia de los procesos penales.
• Juicio y sentencia. El estándar de prueba en estos casos es más bajo que el de los casos penales. Si el gobierno prueba su caso, el juez emite una orden que revoca la ciudadanía.

¿Qué consecuencias tiene la desnaturalización?

La revocación de la ciudadanía tiene graves consecuencias para la persona afectada. Entre ellas, se encuentran:

• Pérdida del derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.
• Deportación a su país de origen.
• Imposibilidad de viajar con pasaporte estadounidense.
• Pérdida de otros derechos y beneficios asociados a la ciudadanía.

¿Qué dicen los defensores de los derechos civiles?

Organizaciones de defensa de los derechos civiles manifestaron su preocupación por la intensificación de los procesos de desnaturalización. Consideran que esta medida puede ser utilizada de manera discriminatoria contra ciertos grupos étnicos o religiosos, y que viola los principios fundamentales del debido proceso y la igualdad ante la ley.

Christopher Wellborn, presidente de la NACDL (National Association of Criminal Defense Lawyers o Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, en inglés), explica: “La presión de la Administración Trump para revocar la ciudadanía es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre la Decimocuarta Enmienda”.

El representante advierte que esto es particularmente preocupante dado que el gobierno se basa en difusas alegaciones de afiliación a pandillas para las deportaciones. “En efecto, esta directiva transmite el mensaje de que quienes no nacieron en Estados Unidos corren el riesgo de perder su ciudadanía por conductas pasadas o futuras”.

“No es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno invoque alegaciones infundadas de afiliación a pandillas o utilice los antecedentes penales de una persona para alegar que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la garantía de representación legal, es incalculable”, sentenció Wellborn.

¿Qué se puede hacer para evitar la desnaturalización?

Ante esta situación, es fundamental que los inmigrantes naturalizados conozcan sus derechos y tomen medidas para proteger su ciudadanía. Algunas recomendaciones son:

• Consultar con un abogado de inmigración para evaluar su situación y recibir asesoramiento legal.
• Revisar cuidadosamente sus antecedentes penales y asegurarse de que no existan delitos que puedan poner en riesgo su ciudadanía.
• Mantener actualizados sus documentos y registros de inmigración.
• Evitar cualquier actividad que pueda ser considerada como un delito o una amenaza para la seguridad nacional.

El caso de la desnaturalización de Elliot Duke

Poco después del anuncio del DOJ, el pasado 11 de junio, se conoció la revocación de ciudadanía de Elliot Duke, un inmigrante británico quien se hizo ciudadano tras ingresar al Ejército de Estados Unidos en 2012. En 2013 fue detenido en Louisiana por recibir y distribuir pornografía infantil y condenado en 2014. El pasado 13 de junio le fue revocada la ciudadanía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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