Agencia estadounidense para el desarrollo de África pedirá a un tribunal que impida su cierre

WASHINGTON (AP) — Se espera que una pequeña agencia federal de Estados Unidos que invierte en pequeñas empresas africanas comparezca ante un tribunal el martes para luchar por el control de sus operaciones y su existencia.

La Fundación para el Desarrollo de África de Estados Unidos (USADF, por sus siglas en inglés) intentó la semana pasada evitar que el personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk ingresara a sus oficinas en Washington. El personal de DOGE logró entrar después de regresar con agentes de los Marshals de Estados Unidos.

Ward Brehm, el presidente de la USADF, demandó la semana pasada al gobierno de Trump, afirmando en una queja que el intento de toma de control era ilegal y que ni el presidente Donald Trump ni DOGE tenían la autoridad para cerrar sus operaciones o reemplazar a sus miembros de la junta y al presidente.

Horas más tarde, el juez de distrito de Estados Unidos Richard J. Leon en Washington prohibió temporalmente al gobierno reemplazar el liderazgo de la USADF. Leon escuchará el martes los argumentos de los abogados del gobierno y del abogado que representa a Brehm sobre si el gobierno de Trump puede remover a los miembros de la junta y nombrar nuevos.

El mes pasado, Trump, en una orden ejecutiva, apuntó a la USADF y a otras tres agencias para su cierre en un esfuerzo por cumplir con las promesas de campaña de reducir el tamaño del gobierno federal. La agencia independiente fue creada en 1980 por el Congreso y está controlada por miembros de la junta, quienes deben ser confirmados por el Senado de Estados Unidos.

Una pregunta principal en el caso es si el gobierno de Trump tiene la autoridad legal para remover a los miembros independientes de la junta. Los presidentes están restringidos de despedir a estos miembros sin causa, gracias a una decisión de la Corte Suprema de casi 90 años conocida como el caso de Humphrey’s Executor, que ha sido un respaldo para los defensores en los tribunales contra los despidos del gobierno de Trump. Decisiones más recientes de la Corte Suprema han ampliado el poder de remoción del presidente y los expertos legales dicen que la mayoría conservadora del alto tribunal puede estar inclinada a anular ese precedente.

En un documento presentado el lunes, los abogados del gobierno afirmaron que el gobierno de Trump removió el mes pasado a los miembros de la junta de la USADF mediante correos electrónicos desde la Casa Blanca. La USADF impugnó esa versión, afirmando que solo un miembro de la junta, Brehm, recibió un correo electrónico de remoción.

Los miembros restantes de la junta nombraron a Brehm presidente el 3 de marzo. El presidente anterior de la USADF renunció antes de que la agencia fuera objeto de eliminación.

Los abogados del gobierno de Trump han argumentado que la junta de la USADF ha “hecho todo lo posible para evitar cumplir con las claras directrices del presidente” y que “el presidente debe poder designar funcionarios interinos para cumplir con su deber de hacer cumplir las leyes”.

El Congreso en 2023 asignó 46 millones de dólares a la USADF para invertir en proyectos agrícolas relativamente pequeños y proyectos de infraestructura energética, entre otras iniciativas de desarrollo económico en 22 países africanos. La agencia emplea a alrededor de 50 personas.

En los documentos presentados ante el tribunal, la USADF afirma que el personal del DOGE exigió acceso a sus sistemas, a lo que el personal se negó alegando requisitos de privacidad y seguridad. También afirman que DOGE envió un correo electrónico al personal de la USADF el mes pasado anunciando que Pete Marocco, el administrador adjunto de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que ha supervisado su desmantelamiento, presidiría la junta de la USADF.

Marocco y algunos de los mismos empleados de DOGE han logrado cerrar otra agencia independiente, la Fundación Interamericana de Estados Unidos (IAF por sus siglas en inglés). El 28 de febrero, un funcionario de la Casa Blanca le dijo al personal de la IAF que Marocco presidiría la junta de la agencia, según una carta enviada al Congreso por Eddy Arriola, el presidente de la junta de la IAF.

Ese mismo día, Marocco celebró una reunión de emergencia de la junta fuera de las oficinas de la IAF porque no pudo ingresar al edificio. En notas ingresadas en el Registro Federal, Marocco dijo que se designó a sí mismo como el director general interino y presidente de la IAF, aparentemente despidiendo al presidente en funciones.

Desde entonces, las subvenciones y contratos de la IAF han sido cancelados y la mayoría de sus 37 empleados han sido despedidos. En 2024, la IAF supervisó casi 350 millones de dólares en inversiones en América Latina y el Caribe, con un poco más de la mitad de esa cantidad proveniente de fondos externos, es decir, de países o financiadores privados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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