California avanza contra Trump: Karen Bass quiere sumar una nueva demanda por las redadas del ICE en Los Ángeles
La alcaldesa angelina, a través de la fiscal de la ciudad, presentó una moción formal para intervenir como parte demandante en una causa impulsada por grupos de derechos civiles contra la administración federal
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LA NACION
Los Ángeles, bajo el liderazgo de la alcaldesa Karen Bass, decidió confrontar directamente a la administración Donald Trump por las redadas migratorias que causaron temor, detenciones masivas y violaciones constitucionales en toda la región. En específico, la mandataria local anunció que impulsará una acción legal conjunta con otras ciudades del sur de California para frenar lo que consideran un ataque federal orquestado contra las comunidades inmigrantes del Estado Dorado.
Demanda de Karen Bass a Trump: un movimiento legal impulsado por Los Ángeles y sus aliados
La fiscal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, presentó una moción formal para intervenir como parte demandante en la causa Vásquez Perdomo v. Noem, una demanda presentada originalmente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Public Counsel y otros grupos de derechos civiles. Esta acción busca frenar la implementación de redadas federales consideradas ilegales que, según denuncias, se ejecutaron sin órdenes judiciales, sin causa probable y en función del origen étnico aparente de las personas.
La moción también recibió el respaldo del condado de Los Ángeles y de las ciudades de Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood. Las autoridades locales afirmaron que los operativos comenzaron el 6 de junio de 2025 y que, desde entonces, el gobierno federal dirigió acciones masivas de detención contra los angelinos, al ignorar sus derechos constitucionales.
Según Feldstein Soto, “el gobierno federal ha concentrado miles de agentes migratorios armados, muchos sin identificación visible, y tropas militares, ejecutando redadas inconstitucionales, detenciones anónimas y allanamientos que generan caos y temor entre los vecinos”. La funcionaria sostuvo en un comunicado que estas prácticas no tienen precedentes en las últimas siete décadas en la región.
Las críticas de varios alcaldes de California a las redadas de Trump
La acción legal no solo fue impulsada desde Los Ángeles. Líderes municipales de otras localidades afectadas expresaron públicamente su indignación por los operativos del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que actuaron sin coordinación previa con las autoridades locales ni notificación a los gobiernos municipales.
Entre las voces más enfáticas, que acompañan a Karen Bass, se destacaron:
- Lana Negrete, alcaldesa de Santa Mónica, sostuvo que “estas acciones son ilegales, inhumanas e inaceptables”. “Están destrozando a nuestras comunidades y afectando profundamente a los pequeños comerciantes y residentes más vulnerables”, enfatizó.
- Salvador Meléndez, alcalde de Montebello, declaró que su ciudad se sumó a la demanda “para defender a las familias afectadas por los abusos del ICE y sus agencias asociadas”.
- Chelsea Lee Byers, alcaldesa de West Hollywood, calificó las redadas como “discriminatorias y profundamente desestabilizadoras”, y reafirmó su compromiso con la dignidad y los derechos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
La demanda contra las redadas y la defensa del gobierno estadounidense
La demanda busca que el tribunal federal certifique el caso como acción colectiva en representación de dos grupos: personas que fueron o serán víctimas de detenciones sin sospecha razonable y detenidos sin órdenes judiciales ni evaluación de riesgo de fuga.
El objetivo es que se emitan medidas cautelares preliminares y definitivas que prohíban al gobierno continuar con esta política de redadas, detenciones sin debido proceso y encierros en condiciones inhumanas.
Según Alvaro M. Huerta, del Immigrant Defenders Law Center, “el gobierno federal ha lanzado una campaña de terror en el sur de California, secuestrando a personas en la vía pública y encerrándolas en condiciones deplorables, todo mientras se les niega el derecho a un abogado". “Es inconstitucional, inhumano y moralmente inaceptable”, sentenció.
CNN reportó que el Departamento de Seguridad Nacional negó todas las acusaciones. Su portavoz, Tricia McLaughlin, afirmó que “cualquier sugerencia de que los agentes seleccionan a personas por el color de su piel es repugnante y completamente falsa”. En ese sentido, agregó: “Las operaciones del DHS son altamente selectivas y los agentes actúan con la debida diligencia”.
Mientras tanto, Los Ángeles avanza en su ofensiva judicial. Karen Bass dejó en claro que no permitirá que su ciudad sea un laboratorio para los límites del poder federal: “Vamos a hacer de Los Ángeles el ejemplo de cómo las personas que creen en los valores estadounidenses deben unirse y actuar”.
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