“Cheque en blanco” para okupas en Los Ángeles: falsifican documentos para habitar propiedades de lujo

La ocupación ilegal de viviendas se convirtió en una preocupación para propietarios de casas de lujo en distintos sectores de Los Ángeles. Se cree que algunos grupos utilizan contratos de arrendamiento, escrituras y otros documentos presuntamente falsificados para permanecer en inmuebles durante largos períodos.

Según investigadores privados y exfuncionarios policiales, algunos ocupantes ilegales recurren a estrategias previamente organizadas para establecer una apariencia de residencia legal.

Entre ellas figuran el cambio de cerraduras, la contratación de servicios públicos y la recepción de correspondencia en la dirección ocupada.

“Estos ocupantes ilegales profesionales saben cómo aprovecharse del sistema. Saben cómo provocar la peor pesadilla para un propietario”, indicó el detective supervisor retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), Moses Castillo, en una entrevista con Fox News.

Los investigadores le mencionaron al medio estadounidense sobre el uso de foros en internet y personas que ofrecen instrucciones sobre cómo ingresar a inmuebles vacíos, qué documentación presentar y qué argumentos utilizar para retrasar los desalojos. Estas prácticas buscan aprovechar los procedimientos legales vigentes y extender la permanencia en las viviendas.

“Te dan instrucciones paso a paso sobre qué hacer y qué leyes invocar”, señaló Michael Youssef, investigador jefe de Blue Systems International e investigador privado, a Fox News. “Falsifican los contratos de alquiler. Intentan hacerles llegar correspondencia para poder demostrar su residencia a las autoridades. Es una locura”, agregó.

En determinados casos, los propietarios afirman que los ocupantes solicitan pagos para abandonar voluntariamente el inmueble. Este mecanismo, conocido como “cash for keys”, puede derivar en exigencias económicas elevadas antes de entregar nuevamente la posesión de la vivienda.

El mecanismo utilizado por los “okupas profesionales” suele dificultar la actuación inmediata de la policía, ya que al presentarse documentación que aparenta ser válida, muchos de los procedimientos terminan por ser tratados como disputas entre propietarios e inquilinos. En consecuencia, los dueños deben recurrir a la vía civil para recuperar sus propiedades.

La situación obliga a los propietarios a iniciar demandas de desalojo, procedimientos que pueden extenderse durante meses y generar costos judiciales, honorarios profesionales y pérdidas económicas mientras el inmueble continúa “tomado”.

“Esto también afecta a su salud, a sus niveles de estrés y a sus finanzas. Literalmente, están perdiendo dinero mientras otra persona se apropia de su propiedad”, agregó Castillo.

Frente a este escenario, el especialista propuso la creación de un grupo de trabajo especializado que permita investigar desde el comienzo si existen delitos como falsificación, fraude o usurpación, para diferenciar esos casos de los conflictos habituales entre propietarios e inquilinos.

“Cuando alguien fuerza cerraduras, rompe ventanas, accede a una propiedad desocupada y luego reclama la residencia, eso no es una disputa de vivienda. Eso es un robo. Se trata de allanamiento de morada con la intención de cometer un delito. Debe investigarse como tal desde el principio”, señaló Castillo.

La normativa vigente en California considera que ingresar o permanecer en una propiedad privada sin autorización constituye un delito menor contemplado en el Código Penal 602. Asimismo, quien se niegue a retirarse después de que el propietario o un agente autorizado lo solicite también puede incurrir en una conducta sancionada por la ley que va desde multas de hasta US$100 hasta seis meses de prisión.

Desde enero de 2024, se encuentra vigente la ley SB 602, que permite a los propietarios presentar de forma electrónica autorizaciones que habilitan la intervención policial para retirar a personas no autorizadas sin necesidad de que el dueño esté presente en cada ocasión.

La vigencia puede alcanzar un año o hasta tres años cuando se trata de propiedades cerradas al público y correctamente señalizadas.

La legislación también prohíbe que los propietarios recuperen por cuenta propia la posesión del inmueble mediante cambios de cerraduras, interrupción de servicios u otras medidas similares. El desalojo debe ejecutarse a través del procedimiento judicial correspondiente y con la intervención del sheriff una vez emitida la orden judicial.

“Las leyes de California con demasiada frecuencia han favorecido a los ocupantes ilegales por encima de los propietarios”, aseguró Castillo. “No le tienen miedo a la policía. No le tienen miedo a los abogados”, agregó el especialista sobre los okupas.