El fiscal de Los Ángeles busca aplicar el peor de los castigos para estos casos

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció que su oficina comenzará a solicitar la pena de muerte en los casos más graves. Aunque California mantiene una moratoria sobre las ejecuciones, la pena capital sigue vigente en el estado y puede ser solicitada, aunque no se concreta. El funcionario aseguró que solo aplicará esta sanción en circunstancias extremas y tras un proceso de evaluación detallado.

La moratoria de la pena de muerte en California fue ordenada por el gobernador Gavin Newsom en marzo de 2019. La consecuencia es que, aunque los juicios terminen con una condena de este tipo, las ejecuciones no se cumplen mientras la suspensión está en vigor.

De acuerdo a Fox News, el fiscal de distrito de Los Ángeles afirmó que su oficina buscará la pena capital “solo en los casos más atroces”, tras una revisión exhaustiva. Según la ley californiana, el homicidio de un agente del orden puede ser aplicable. Para Hochman, este proceso incluirá la consulta con familiares de las víctimas y la evaluación de factores agravantes y atenuantes.

“Mantengo un compromiso inquebrantable de evaluar integralmente cada caso de homicidio con circunstancias especiales en el condado de Los Ángeles, para garantizar que el castigo solicitado sea justo, equitativo y proporcional”, declaró el martes.

Su antecesor, George Gascon, se opuso abiertamente a la pena de muerte y prohibió a los fiscales presentar cargos con “circunstancias especiales”. Esta política generó controversia cuando este fiscal decidió no solicitar la pena capital para Kevin Eduardo Cataneo Salazar, acusado del asesinato del ayudante del sheriff Ryan Clinkunbroomer en 2023.

California mantiene la población de presos condenados a muerte más grande del país. Sin embargo, no realizó ninguna ejecución desde 2006. Además, en 2019, el gobernador Gavin Newsom dispuso una moratoria que no elimina la pena capital, pero bloquea su aplicación concreta. Un preso puede ser condenado al máximo castigo, pero la pena no puede ejecutarse.

Mientras tanto, en los últimos años fallecieron más reclusos en el corredor de la muerte por causas naturales o enfermedades, como el COVID-19, que por ejecución, según el Death Penalty Information Center.

El 17 de enero de 2006, fue ejecutado el último preso condenado a muerte del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, cuando Clarence Ray Allen, de 76 años, murió mediante inyección letal en la prisión estatal de San Quentin.

En Los Ángeles, Hochman aclaró que si bien está favor de la pena de muerte, también está dispuesto a brindar más oportunidades a los abogados defensores para presentar pruebas que mitiguen la aplicación de este castigo.

A nivel federal, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día de regreso en la Casa Blanca para acelerar el acceso de los estados a fármacos utilizados en inyecciones letales. En su primer mandato, su administración llevó a cabo 13 ejecuciones federales, más que cualquier otra administración en la historia reciente.

Trump también ordenó que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) buscara la pena de muerte para casos de homicidios contra agentes del orden y delitos graves cometidos por inmigrantes indocumentados, según The Associated Press.

Durante su campaña presidencial de 2024, el republicano propuso aplicar la pena capital a “quienes sean sorprendidos vendiendo drogas, por sus actos atroces”. También citó a China como un modelo a seguir en la lucha contra el crimen.

La postura de Hochman podría generar un nuevo debate sobre el futuro de la pena de muerte en California. Aunque no tenga mucho respaldo de Newsom a nivel estatal, lo tendrá en la Casa Blanca. Si bien la moratoria impide las ejecuciones, no bloquea la imposición de nuevas condenas a muerte, lo que podría incrementar la presión para retomar las ejecuciones en el futuro.