El movimiento de último momento de Gavin Newsom en California frente a las medidas de Donald Trump

El gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva para blindar la transición hacia energías limpias en California y, de esa manera, garantizar que los proyectos en marcha no pierdan los beneficios fiscales que la administración Trump redujo de forma drástica con su última legislación. La medida no solo intenta defender décadas de trabajo, sino también acelerar la construcción de nuevas plantas que, de no avanzar a tiempo, podrían quedar en el limbo.

El pasado 29 de agosto, el gobernador californiano firmó la orden ejecutiva N-33-25, cuyo objetivo central es proteger los proyectos estatales de energía renovable y asegurar que se aprovechen los créditos fiscales federales antes de que desaparezcan.

En palabras del propio Newsom, citadas en un comunicado oficial: “Mientras Trump y los republicanos quieren recuperar los días en que el carbón sucio alimentaba nuestros hogares, contaminaba nuestro aire y aumentaba nuestras facturas de electricidad, California continuará con nuestras décadas de progreso para construir nuestro futuro energético asequible, limpio y confiable”.

La orden incluyó medidas específicas para acelerar permisos, obras y procesos de interconexión. También creó una dinámica de coordinación sin precedentes entre distintas agencias estatales para identificar de inmediato qué proyectos pueden cumplir con los nuevos plazos federales.

Entre las disposiciones más relevantes se destacaron:

• Asignación de funciones al Grupo de Trabajo Energético dentro del equipo de infraestructura del gobernador, encargado de monitorear los proyectos y garantizar que obtengan los beneficios fiscales aún disponibles.
• Prioridad absoluta a las obras que comiencen antes del 4 de julio de 2026 o entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2027, de manera de no perder los incentivos.
• Revisión de todos los organismos vinculados al sector energético, desde la Comisión de Energía hasta la Agencia de Recursos Naturales, para detectar trabas administrativas y agilizar trámites.
• Colaboración con los gobiernos locales, a través de la oficina de desarrollo económico, para simplificar procesos de autorización y avanzar en la construcción de grandes proyectos.

El texto también solicitó que en un plazo de 90 días todas las agencias involucradas presenten un informe detallado al despacho del gobernador con avances, dificultades y nuevas recomendaciones para garantizar el cumplimiento de los plazos.

El punto de inflexión llegó con la promulgación de la denominada “One Big Beautiful Bill Act”, la cual, entre otras cuestiones, plateó una reforma energética. Esa ley, conocida también como HR 1, estableció que los créditos fiscales federales para proyectos de energía limpia se eliminarán para todos aquellos que no inicien su construcción antes de julio de 2026 o que no entren en funcionamiento a finales de 2027. En la práctica, esto significa que cientos de proyectos californianos quedaron en riesgo de perder financiamiento clave.

La situación adquirió una dimensión aún mayor porque estos desarrollos implicaban no solo inversiones millonarias, sino también la generación de miles de empleos de calidad, la producción de energía más barata para los hogares y el fortalecimiento de la red eléctrica estatal.

Según cálculos difundidos por Energy Innovation y citados por el gobierno de Newsom, el retroceso federal podría costar a las familias californianas más de US$320 anuales adicionales en sus facturas, y a nivel nacional el impacto se proyecta en US$170 mil millones extra en total.

Trump defendió su propuesta como un intento de rescatar la “energía barata y confiable” del carbón y otras fuentes tradicionales, mientras que para Newsom la normativa representó un retorno a lo que calificó como políticas “del siglo XIX”, que incrementan los costos, aumentan la contaminación y debilitan la seguridad energética.