Qué dice la nueva ley AB 889 firmada por Gavin Newsom y que impacta en el salario diario en California
Se trata de una reforma en el cálculo de los pagos en obras públicas; se eliminan todas las exenciones al método de anualización
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LA NACION
El gobernador Gavin Newsom aprobó la ley AB 889, una reforma que redefine cómo se calculan y acreditan los pagos diarios y beneficios que los empleadores deben otorgar a los trabajadores que participan en obras públicas en California. La norma, que modificó la Sección 1773.1 del Código Laboral, busca actualizar el sistema de salarios prevalecientes e introduce reglas más estrictas sobre la forma en que las empresas computan sus contribuciones y compensaciones.
Qué cambia con la AB 889: la nueva ley que firmó Newsom en California
La AB 889 modifica de raíz el sistema de cálculo de los llamados per diem wages o salarios diarios. Hasta ahora, las empresas podían obtener créditos especiales cuando ofrecían pagos adicionales a los trabajadores por conceptos como salud, pensión, vacaciones o capacitación, dentro de proyectos públicos. Esos se tomaban mediante un sistema conocido como “anualización”.
Sin embargo, la legislación anterior contemplaba una excepción: el director del Departamento de Relaciones Industriales podía autorizar exenciones al cálculo anualizado en determinadas circunstancias. La nueva ley eliminó esa posibilidad. A partir del 1° de enero de 2026, ninguna empresa podrá conservar exenciones previas, lo que implica que todas deberán aplicar el método anualizado sin excepciones.
Según el texto oficial, esta actualización busca “modernizar y clarificar el proceso estatal de anualización en obras públicas”, al alinear las prácticas de California con el principio adoptado por el Departamento de Trabajo federal bajo la Davis-Bacon Act. Dicho principio exige que los beneficios complementarios que un empleador promete a sus trabajadores —como fondos de pensión o programas de salud— se calculen en función de todas las horas trabajadas durante un año, sin diferenciar entre obras públicas o privadas.
Cómo impacta la ley firmada por Newsom en los trabajadores y empleadores de California
El cambio tendrá un efecto directo sobre los contratistas que operan en proyectos financiados por el Estado. Antes, una compañía podía concentrar la mayoría de sus aportes en empleos públicos y reducirlos en obras privadas, lo que generaba distorsiones. Con la nueva norma, todos los beneficios deberán distribuirse proporcionalmente a lo largo del año.
El texto legal aclara que el propósito de la anualización es evitar que un contratista “utilice el trabajo bajo salario prevaleciente como fuente exclusiva o desproporcionada de financiamiento de beneficios”. De esta forma, si una empresa decide ofrecer prestaciones a sus empleados en proyectos públicos, deberá hacerlo con cálculos uniformes que consideren las horas trabajadas en todos los tipos de obras.
Además, la ley otorga al Labor Commissioner (Comisionado Laboral) la facultad de negar créditos a aquellos empleadores que no presenten los registros de pagos y horas trabajadas en construcciones privadas. Esto significa que la carga de la prueba recae sobre las compañías, que deberán demostrar que los cálculos fueron efectuados correctamente y de acuerdo con la norma.
Qué se considera parte del “salario diario” en California
La legislación define con precisión qué componentes integran los salarios diarios dentro de las obras públicas. Entre ellos se incluyen las contribuciones patronales destinadas a:
- Programas de salud y bienestar.
- Planes de jubilación o pensión.
- Vacaciones, viajes y viáticos.
- Entrenamiento o aprendizaje profesional.
- Fondos creados bajo la Labor Management Cooperation Act de 1978, orientados a la protección y asistencia del trabajador.
- Tarifas administrativas relacionadas con convenios colectivos y programas de mejora industrial.
Estos aportes son considerados parte del pago general, siempre que provengan de acuerdos sindicales o compromisos laborales reconocidos. La ley también aclara que las empresas no podrán obtener créditos por beneficios que ya estén obligadas a ofrecer bajo leyes estatales o federales, ni por pagos destinados a la fiscalización de obras públicas cuando esos fondos no estén vinculados a programas autorizados por la legislación federal.
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