La ley HB-318 que entra en vigor el 1° de octubre en Carolina del Norte y afecta a los inmigrantes

El 1° de octubre de 2025 marcará un antes y un después para miles de extranjeros en Carolina del Norte. Ese día entrará en vigor la ley HB-318, una normativa que fue aprobada tras intensos debates y que promete cambiar de manera profunda la relación entre las fuerzas de seguridad locales y las autoridades federales de inmigración.

Qué cambia con la HB-318 de Carolina del Norte y cuándo comenzará a aplicarse

La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó el martes 29 de julio el proyecto bajo el código Ch. SL 2025-85. En la Cámara de Representantes la votación cerró con 72 votos a favor y 48 en contra; en el Senado, la diferencia fue de 30 a 19. De esa manera se anuló el veto del gobernador demócrata Josh Stein, lo que permitió convertir la medida en ley a pesar de las críticas.

A diferencia de normas anteriores, que solo exigían la cooperación de los alguaciles con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en casos considerados graves, la nueva ley amplía la obligación de notificar incluso cuando se trate de delitos menores. Esto implica que delitos como fraude, robo, suplantación de identidad, conducir bajo los efectos del alcohol o violar una orden de protección activarán de inmediato la consulta con el ICE.

Según el texto, cualquier persona encarcelada en Carolina del Norte deberá tener su estatus migratorio verificado si enfrenta cargos por:

• Delitos graves (felonías).
• Delitos menores clasificados como Clase A1.
• Violaciones a órdenes de protección, conforme al artículo G.S. 50B-4.1.
• Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas.
• Fraudes, robos, falsificación de identidad o conducción en estado de ebriedad.

En caso de no poder confirmar la situación migratoria, el centro de detención estará obligado a iniciar el proceso de consulta con el ICE y no podrá liberar al detenido hasta que un juez se expida o la agencia federal se pronuncie.

Críticas y advertencias sobre la HB-318 en Carolina del Norte

La aprobación de la ley HB-318 generó un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios. Según el North Carolina Justice Center, esta medida “socava la seguridad de toda la comunidad al impedir que los gobiernos locales acepten documentos de identidad consulares o municipales como válidos”. Esto significa que agencias como hospitales, escuelas, tribunales y oficinas públicas no podrán reconocer esas identificaciones, lo que afectará a inmigrantes y también a ciudadanos vulnerables, como víctimas de violencia doméstica o personas sin hogar.

Además, críticos señalaron que la norma prioriza la aplicación estricta de leyes migratorias por sobre la investigación y prevención de delitos violentos. “HB-318 empuja a las policías locales a enfocarse en inmigración, incluso cuando eso interfiere con su trabajo de resolver crímenes graves”, advirtió el proyecto Immigrant & Refugee Rights del Justice Center.

Otro de los puntos más cuestionados es la obligatoriedad del uso de E-Verify, un sistema electrónico de verificación laboral. Experiencias en otros estados, como Arizona, mostraron que este requisito favorece la discriminación hacia trabajadores latinos y puede generar errores en la base de datos, según North Carolina Justice Center.

Finalmente, los críticos remarcaron que la ley impactará en la asistencia alimentaria. Al imponer límites más estrictos en el programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), adultos sin hijos que enfrenten dificultades laborales quedarán sin acceso a beneficios básicos, lo que incrementará el riesgo de hambre y pobreza en el estado.

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