Ciudadanía por nacimiento, el fallo: quién es la jueza de origen latino de la Corte Suprema que intentó detener a Trump

En una histórica disidencia que puso en evidencia las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo, una jueza de la Corte Suprema de origen latino cuestionó con dureza el intento del presidente Donald Trump de redefinir el concepto de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Sonia Sotomayor, hija de inmigrantes puertorriqueños, expuso con fuerza los riesgos de debilitar los principios fundamentales de la Constitución frente a políticas que, según ella, podrían abrir la puerta a la ilegalidad estatal. “Es una parodia del Estado de derecho”, sentenció.

Sonia Sotomayor: la primera mujer latina en la Corte Suprema

Sonia Maria Sotomayor nació el 25 de junio de 1954 en el Bronx, Nueva York, en una familia trabajadora de origen puertorriqueño. Su madre, enfermera en una clínica de metadona, la crio sola, con énfasis en la educación. Desde muy joven, manifestó su deseo de convertirse en jueza, inspirado por una escena de la serie “Perry Mason”, según recopilaron en el sitio Biography.

Su formación académica consolidó ese anhelo. Se graduó con honores de Princeton en 1976 y recibió el prestigioso premio Pyne Prize. Luego cursó Derecho en Yale, donde fue editora del Yale Law Journal. Tras obtener su título en 1979, comenzó a trabajar como fiscal en el distrito de Manhattan, ocupándose de casos de asalto, asesinato, abuso infantil y brutalidad policial.

A lo largo de su carrera, cosechó múltiples distinciones:

• En 1992, fue nominada por George H.W. Bush como jueza del tribunal federal del distrito sur de Nueva York.
• En 1998, fue ascendida a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito por el presidente Bill Clinton.
• En 2009, el presidente Barack Obama la designó para la Corte Suprema, siendo la primera mujer hispana y la primera mujer de color en alcanzar ese cargo.

En su paso por los tribunales, participó en más de 3000 apelaciones y redactó casi 400 opiniones mayoritarias. Según The New York Times, es reconocida por hacer preguntas incisivas y por su rigor.

La voz disidente frente al intento de anular la ciudadanía por nacimiento

En una resolución judicial vinculada a una Orden Ejecutiva impulsada por Donald Trump, que buscaba restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense, la jueza Sotomayor presentó una disidencia contundente. Argumentó que la propuesta era abiertamente inconstitucional y que el fallo de la mayoría colocaba al país norteamericano en una peligrosa senda de desprotección jurídica.

Sus objeciones, que aparecen en el fallo, principales fueron las siguientes:

• La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda: Sotomayor recordó que la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense y que esa protección tiene raíces claras en el derecho consuetudinario inglés (jus soli). Mencionó el fallo histórico United States v. Wong Kim Ark (1898), que reafirmó esa interpretación y aclaró que solo se exceptúan los hijos de diplomáticos, fuerzas de ocupación enemiga y miembros de tribus soberanas.
• La orden de Trump, “evidentemente inconstitucional”: la jueza calificó como flagrante la ilegalidad de la orden ejecutiva que pretendía excluir del derecho de ciudadanía a recién nacidos. Afirmó que, por más que el Gobierno quiera imponerla, no puede alegar perjuicio cuando la justicia le ordena ceñirse a lo que marca la ley. “Es difícil ver cómo podría causar algún daño hacer lo que la Constitución exige”, escribió.
• Las órdenes judiciales universales como instrumento de justicia: Sotomayor defendió el uso de órdenes judiciales universales que frenan la aplicación de normas inconstitucionales en todo Estados Unidos, no solo para los demandantes. Señaló que históricamente los tribunales han recurrido a remedios amplios cuando los daños afectan a múltiples personas, y mencionó precedentes como Pierce v. Society of Sisters y Barnette para apoyar su postura.

• Necesidad de brindar “alivio completo” a los demandantes: para organizaciones y estados que promovieron la demanda, una orden limitada hubiese sido ineficaz. En sus palabras, dejar vigente la orden ejecutiva hubiese generado caos para familias y niños recién nacidos, y hubiese obligado a los estados a asumir cargas administrativas y económicas significativas.
• Amenaza al Estado de derecho: lo más grave, según Sotomayor, es que el fallo de la mayoría deja abierta una zona de ilegalidad. “Permite al Ejecutivo actuar contra quienes no han demandado, ignorando la Constitución”, alertó. Advirtió que esta brecha golpeará sobre todo a los sectores vulnerables —los pobres, los sin educación, los invisibles— que no tienen medios para litigar.
• El interés público por encima del Ejecutivo: la jueza también argumentó que la equidad y el interés general exigen detener cualquier medida que, como esta, perjudique a personas recién nacidas que podrían terminar sin ciudadanía, sin documentos, sin servicios públicos y hasta en riesgo de ser deportadas.

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