El Congreso avanza con la primera ley de deportación de la era Trump: los demócratas la apoyan
La norma permitirá expulsar del país a los detenidos o acusados de hurtos y robos no violentos, aunque no hayan sido condenados
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La cuenta atrás para las deportaciones de inmigrantes de la era Trump está en marcha. El presidente contará con una nueva herramienta legal para detener y empezar a expulsar a inmigrantes del país. El Congreso se dispone a aprobar una ley que permita las deportaciones de inmigrantes sin papeles que hayan cometido delitos menores, aunque no hayan sido condenados. La Cámara de Representantes aprobó la norma la semana pasada y el Senado dio después luz verde a su tramitación gracias a una votación en que fue decisivo el apoyo de los senadores demócratas. El calendario no está cerrado, pero el debate y aprobación final de la ley podrían producirse incluso esta misma semana, a tiempo para que Donald Trump la aplique tras tomar posesión el próximo 20 de enero.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años, asesinada en febrero pasado en la Universidad de Georgia en Athens por José Antonio Ibarra, un venezolano que cruzó ilegalmente la frontera en septiembre de 2022 y al que, tras haber sido detenido por un hurto, se le permitió permanecer en libertad tramitando su situación legal. Fue uno de los casos que Trump explotó en la campaña electoral. Ibarra fue condenado a cadena perpetua en noviembre.
El proyecto de ley fue aprobado por 264 votos a favor y 159 en contra en la Cámara de Representantes, donde 48 congresistas demócratas le dieron su apoyo junto a todos los republicanos. Sin embargo, fue en el Senado donde el apoyo demócrata resultó decisivo para que la tramitación de la ley continúe. En la Cámara alta hacen falta 60 de los 100 votos para superar el obstáculo del filibusterismo, que impide someter a votación una iniciativa legal sin ese apoyo. Aunque los republicanos tienen solo 53 senadores, la votación clave registró 84 votos a favor y solo 9 en contra.
Esa no era la votación definitiva sobre la ley, pero en adelante ya basta con la mayoría simple para aprobarla. Aun así, los demócratas esperan introducir enmiendas y consensuarla con los republicanos, según explicó en su intervención en el pleno su líder, Chuck Schumer.
Con su redacción actual, la ley exigiría al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que detuviera a los inmigrantes no autorizados que sean acusados, detenidos o condenados por hurtos, robos y atracos no violentos y ordenaría que fueran detenidos hasta que fueran expulsados del país. Con la ley actual hace falta haber sido condenado por dos delitos menores o por uno grave para que los inmigrantes afronten la deportación. El texto de la nueva norma también permitiría a los Estados demandar al Gobierno federal si pueden demostrar los daños causados por los inmigrantes que entran ilegalmente en el país.
Una iniciativa similar decayó la pasada legislatura tras ser aprobada en la Cámara baja, al quedar bloqueada en el Senado, entonces de mayoría demócrata. Los demócratas han endurecido su posición sobre inmigración tras el éxito electoral de los republicanos, que conquistaron en las elecciones del pasado 5 de noviembre la presidencia y la mayoría en las dos cámaras legislativas.
“No solo voy a votar a favor de la Ley Laken Riley, sino que la voy a copatrocinar”, tuiteó el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego. “Los habitantes de Arizona conocen mejor que nadie las consecuencias reales de la crisis fronteriza actual. Debemos dar a las fuerzas del orden los medios para actuar y prevenir tragedias como la ocurrida a Laken Riley”, añadió. Por su parte, John Fetterman, senador por Pensilvania, escribió: “Apoyo una frontera segura. Apoyo una vía legal para los dreamers [que llegaron como menores hijos de inmigrantes y han hecho su vida en el país]. Apoyo la Ley Laken Riley”.
También supone un cambio con respecto al primer mandato de Trump, cuando los demócratas le plantaron cara desde el principio en casi todas sus medidas. Ahora, parecen dispuestos a adoptar una nueva estrategia, cooperar con los republicanos en algunos asuntos y elegir bien sus batallas.
Las organizaciones proinmigrantes han criticado duramente la nueva norma. “Este proyecto de ley es vergonzosamente explotador y tiene una clara intención en mente: cumplir con la agenda brutal y políticamente motivada de Trump y MAGA [siglas de Make America Great Again] de acorralar a millones de inmigrantes para su detención masiva y deportación por cualquier medio necesario”, señaló en un comunicado Juliana Macedo do Nascimento, directora adjunta de Activismo Federal de United We Dream Action. “Es altamente decepcionante que algunos demócratas cayeran en el obvio chivo expiatorio político y las trampas que los republicanos MAGA les tendieron en lugar de mantenerse firmes y defender lo que la gran mayoría de los estadounidenses realmente quiere: un sistema de inmigración humano, justo y eficiente”, añadió.
Una de las objeciones que esas organizaciones y parte de los congresistas demócratas ponen a la ley es que no hace falta que los inmigrantes sean juzgados y condenados por esos delitos menores, sino que basta con que sean acusados o detenidos por ellos. Alegan que eso viola la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y que, por tanto, vulnera la Constitución. Otros critican que, con los escasos recursos disponibles, poner el foco en los autores de delitos menores puede acabar reduciendo el esfuerzo por concentrarse en los casos más peligrosos y violentos.
Los republicanos planean también otras iniciativas legales como obligar a los inmigrantes solicitantes de asilo a que aguarden en el exterior la resolución de sus casos y recortar la financiación federal para las ciudades que no cooperen con las autoridades migratorias. Trump prometió en campaña deportaciones masivas de hasta 11 millones de inmigrantes sin papeles, aunque luego dijo que inicialmente centrará las expulsiones en “los delincuentes” y que luego con el resto verá “cómo va”, abriendo la puerta a un pacto para que los dreamers se queden en Estados Unidos.
Protección temporal
Mientras Trump se prepara para las exportaciones masivas, el gobierno del actual presidente, Joe Biden, decidió la semana pasada extender por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite permanecer legalmente en Estados Unidos, a unos 600.000 venezolanos, más de 230 mil salvadoreños y más de 100 mil ucranios.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufrían catástrofes naturales o conflictos civiles, concediendo a las personas autorización para trabajar en periodos de hasta 18 meses cada vez. Alrededor de un millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, entre ellos personas de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano, informa Associated Press.
Los venezolanos son los mayores beneficiarios y su prórroga va de abril de 2025 al 2 de octubre de 2026. Los salvadoreños obtuvieron el TPS en 2001 tras los terremotos que sacudieron el país centroamericano. Este iba a expirar en marzo y se prorroga hasta el 9 de septiembre de 2026.
Trump sugirió en campaña que reducirá las políticas que conceden estatus temporal. Durante su primer mandato, decidió poner fin al TPS para El Salvador, pero los tribunales lo evitaron.
Por Miguel Jiménez
EL PAIS@Ediciones El Pais, S.L.U.
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