El FBI allanó la casa de una periodista del Washington Post en una investigación por filtración de información clasificada
Las organizaciones de defensa de la Primera Enmienda lo calificaron como un ataque a la libertad de prensa
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LA NACION
WASHINGTON.- Agentes del FBI registraron la casa de una periodista del Washington Post el miércoles como parte de una investigación sobre un contratista del Pentágono que está acusado de compartir información clasificada, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A la periodista Hannah Natanson, quien ha cubierto la transformación del gobierno federal bajo el gobierno del presidente Donald Trump, se le confiscaron dos computadoras -una personal y otra provista por el Washington Post- un teléfono, un reloj Garmin durante el registro de su casa en Virginia. Natanson viene informando extensamente sobre la fuerza laboral federal y recientemente publicó un artículo donde describe cómo consiguió cientos de nuevas fuentes.
En diciembre se definió a sí misma como “domadora del gobierno federal”, y publicó un número de teléfono seguro en un foro en línea para que la contactaran empleados del gobierno. Afirma que de esa manera reunió más de 1000 fuentes y que los empleados federales la contactaban con frecuencia para compartir sus frustraciones y relatos desde sus oficinas.
Aunque las investigaciones sobre documentos clasificados no son inusuales, el registro de la casa de una periodista marca una escalada en los intentos del gobierno para reprimir las filtraciones.
Las organizaciones defensoras de la Primera Enmienda condenaron el registro diciendo que socava la libertad de prensa.
“Cualquier allanamiento dirigido a un periodista merece un escrutinio riguroso, ya que este tipo de registros pueden disuadir y obstaculizar la información, vital para nuestra democracia”, declaró Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda.
De todas maneras, desde la Casa Blanca, apoyaron la medida.
“Filtrar información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestros héroes militares”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X. “El presidente Trump no tiene tolerancia para ello y continuará reprimiendo agresivamente estos actos ilegales en el futuro”.
En una declaración jurada se indica que el registro está relacionado con una investigación sobre un administrador de sistemas en Maryland, de quien las autoridades alegan que se llevó a casa informes clasificados, reportó el periódico. El administrador de sistemas, Aurelio Perez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.
Perez-Lugones, quien tenía exclusiva autorización de seguridad, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en su trabajo. En un registro de su casa y su automóvil efectuado este mes en Maryland, las autoridades encontraron documentos marcados como “secreto”, entre ellos, uno en una lonchera, según documentos judiciales.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró que el registro se realizó a pedido del Departamento de Defensa y dijo que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.
La administración republicana de Trump “no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, cuando se reportan, representan un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país”, escribió Bondi en X.
Agregó que el responsable de las filtraciones “está actualmente preso”.
En un correo electrónico a la sala de redacción del Washington Post, el editor ejecutivo Matt Murray calificó el allanamiento como una “acción extraordinaria y agresiva” que es “profundamente preocupante y plantea profundas preguntas e inquietudes en torno a las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”.
Un vocero del FBI se negó este miércoles a hacer comentarios, y se envió un correo electrónico con un pedido de comentarios a los abogados de Perez-Lugones.
A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y revisado directivas internas que rigen la respuesta a filtraciones de prensa.
En abril, Bondi emitió nuevas normas y dijo que los fiscales volverían a tener la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.
Las medidas rescindieron una política de la administración demócrata de Joe Biden que protegía a los periodistas contra la incautación de sus registros telefónicos durante investigaciones de filtraciones, una práctica largamente criticada por organizaciones de noticias y grupos de libertad de prensa.
La agresiva postura en este caso contrasta con el enfoque del Departamento de Justicia hacia la divulgación de información militar sensible a través de un chat de Signal la primavera pasada, en el que participaron altos funcionarios del gobierno de Trump. Un reportero fue agregado por error a ese chat. Bondi indicó públicamente en ese momento que no estaba inclinada a abrir una investigación, diciendo que confiaba en que el episodio había sido un error.
Bondi también repitió los puntos de conversación de la administración de Trump de que la información altamente sensible en el chat no estaba clasificada, aunque funcionarios estadounidenses actuales y anteriores han dicho que la publicación de los tiempos de lanzamiento de aeronaves y los tiempos en que las bombas serían liberadas incluso antes de que esos pilotos estuvieran en el aire habría sido clasificada.
Agencia AP y The Washington Post
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