El plan de Donald Trump que impactará en los impuestos y los inmigrantes sin seguro social ni green card

El gobierno de Donald Trump avanza en el Congreso con un ambicioso proyecto legislativo que condensa gran parte de su agenda política. La propuesta plantea una sustancial rebaja de impuestos, mayores fondos para defensa nacional y control fronterizo, junto con restricciones fiscales y sociales para inmigrantes que carecen de Seguro Social o residencia legal permanente.

Los detalles del proyecto presentado por el Partido Republicano

Los comités de la Cámara de Representantes iniciaron el proceso de aprobación de un proyecto de ley, que se moverá bajo el mecanismo de “conciliación presupuestaria”, y permitieron su avance sin necesidad de apoyo demócrata. Sin embargo, una reducida mayoría republicana obliga a negociaciones internas para consolidar votos clave, especialmente ante la oposición de algunos sectores conservadores que consideran el proyecto insuficiente.

De acuerdo con The New York Times, el eje del plan es un recorte tributario cercano a los 3,8 billones de dólares, similar al aprobado por Trump en 2017. Entre las medidas se incluyen tasas marginales más bajas, aumento temporal de la deducción estándar y un umbral más alto para el impuesto al patrimonio. También propone no gravar propinas y horas extra, y permitir la deducción de intereses de préstamos automotrices, siempre que los vehículos sean fabricados en EE.UU.

Por otro lado, se contemplan exclusiones importantes. Los inmigrantes sin Seguro Social o sin green card quedarían fuera de créditos fiscales clave, que incluyen el Crédito Tributario por Hijo (CTC, por sus siglas en inglés).

Aunque algunos menores nacidos en el país norteamericano seguirán siendo elegibles, sus padres requerirán números de Seguro Social válidos para acceder al beneficio. Esto podría excluir a millones de niños ciudadanos estadounidenses con padres en situación migratoria irregular.

El plan de Trump y el impacto en salud y seguridad social

El plan propone reformas significativas a Medicaid, el programa de asistencia médica para personas de bajos ingresos. Entre las nuevas condiciones destaca la exigencia de 80 horas mensuales de trabajo para adultos sin hijos ni discapacidad, con entrada en vigor prevista para 2029. Además, los estados podrán imponer copagos, incrementar requisitos de documentación y limitar el acceso de inmigrantes indocumentados financiados con fondos locales.

En paralelo, se recortaría la financiación de programas relacionados con energía limpia, Planificación Familiar y el Obamacare. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que hasta 8,6 millones de personas podrían quedar sin cobertura de salud si el proyecto entra en vigor.

Restricciones a programas sociales y migración

Otro de los puntos que establece la propuesta es el endurecimiento de los requisitos para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Se ampliaría la obligación de trabajo a beneficiarios de entre 18 y 64 años, que incluyen padres de niños mayores de siete. El costo sería parcialmente transferido a los estados, y se limitaría el acceso a ciudadanos y residentes permanentes.

Estos cambios podrían afectar indirectamente a los programas de alimentación escolar, ya que muchos niños acceden a almuerzos gratuitos por pertenecer a familias beneficiarias de SNAP.

Más fondos para defensa y control migratorio

De acuerdo con el medio estadounidense, el plan prevé un aumento de US$150 millones para gastos militares. Una parte significativa se destinaría a desarrollar un nuevo sistema de defensa antimisil llamado “Golden Dome” y reforzar la capacidad naval. A esto se suman US$175 millones adicionales para medidas migratorias, que incluyen el refuerzo del muro fronterizo, contratación de agentes y construcción de centros de detención.

Además, en caso de ser aprobado el proyecto de ley, también se incluirá un impuesto del 5% sobre las remesas enviadas desde EE.UU. por personas que no sean oriundos o inmigrantes con estatus migratorio regular. Solo quedarían exentos quienes envíen dinero a través de entidades registradas y sean ciudadanos legales o nacionales.

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