Empresas y estados impugnan aranceles de Trump; argumentan que el presidente excedió su poder

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump libra una guerra comercial sin obtener la aprobación del Congreso: declaró una emergencia nacional para imponer gravámenes a las importaciones, denominados aranceles, a casi todos los países del mundo.

El presidente ahora enfrenta al menos siete demandas en las que se argumenta que ha ido demasiado lejos y ha asumido poderes que no tiene.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos celebra la primera audiencia sobre las impugnaciones la mañana del martes en Nueva York. Cinco pequeñas empresas piden al tribunal que bloquee los impuestos a las importaciones que Trump anunció el 2 de abril, al que llamó “Día de la Liberación”.

Tras declarar que los enormes y prolongados déficits comerciales de Estados Unidos constituyen una emergencia nacional, Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEPPA, por sus siglas en inglés) y estableció aranceles del 10% a muchos países. Impuso gravámenes “recíprocos” más altos, de hasta el 50%, a los países que vendieron más bienes a Estados Unidos de los que Estados Unidos les vendió.

Los aranceles de Trump sacudieron los mercados del mundo y generaron temores de que perturbaran el comercio y ralentizaran el crecimiento económico de Estados Unidos y del mundo.

Jeffrey Schwab, asesor principal y director de litigios en el Centro de Justicia Liberty, una organización sin fines de lucro, dijo que el presidente excede la autoridad de la ley. Schwab, quien representa a las pequeñas empresas, afirmó: “Ese estatuto en realidad no dice nada sobre dar al presidente el poder de imponer aranceles. No menciona la palabra arancel”.

En su demanda, las empresas también califican la emergencia de Trump como “un producto de su propia imaginación: los déficits comerciales, que han persistido durante décadas sin causar daño económico, no son una emergencia”. De hecho, Estados Unidos ha tenido un déficit comercial, es decir, una diferencia entre exportaciones e importaciones, con el resto del mundo durante 49 años consecutivos, en tiempos buenos y malos.

Pero el gobierno de Trump argumenta que los tribunales aprobaron el uso de emergencia de aranceles por parte del presidente Richard Nixon en una crisis económica de 1971. El gobierno de Nixon invocó con éxito su autoridad bajo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que precedió y proporcionó parte del lenguaje legal utilizado en la IEPPA.

La batalla legal contra los aranceles de Trump ha creado alianzas inusuales, uniendo a estados liderados por gobernadores demócratas con grupos libertarios, como el Centro de Justicia Liberty, que a menudo buscan anular la regulación gubernamental de las empresas. Una docena de estados han presentado demandas contra los aranceles de Trump en el tribunal de comercio de Nueva York.

Kathleen Claussen, profesora y experta en derecho comercial en la facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo que la audiencia del martes, y otra programada para la demanda de los estados en las próximas semanas, probablemente establecerán el tono de las batallas legales sobre aranceles que vendrán. Si el tribunal acepta bloquear los aranceles bajo la ley de poderes económicos de emergencia, el gobierno de Trump ciertamente apelará. “Me parece que, probablemente, esto es algo que debe decidir la Corte Suprema”, señaló.

Y si los casos llegan al máximo tribunal, los expertos legales dicen que es posible que los jueces utilicen doctrinas legales conservadoras que citaron para limitar los poderes gubernamentales reclamados por la administración del presidente demócrata Joe Biden para anular o limitar los aranceles impuestos por el republicano Trump.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder de imponer gravámenes, incluidos los aranceles. Pero a lo largo de los años, los legisladores cedieron el poder sobre la política comercial a la Casa Blanca, allanando el camino para el uso expansivo de aranceles por parte de Trump.

Ahora, algunos legisladores quieren recuperar parte de la autoridad que han cedido.

Por ejemplo, el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, y la senadora demócrata de Washington, Maria Cantwell, presentaron una legislación que requeriría que los presidentes justifiquen nuevos aranceles ante el Congreso. Los legisladores tendrían entonces 60 días para aprobar los gravámenes. De lo contrario, expirarían.

Pero su propuesta parece tener pocas posibilidades de convertirse en ley, dada la deferencia de la mayoría de los legisladores republicanos hacia Trump y el poder de veto del presidente. “Ese tren ya salió de la estación”, dijo el abogado comercial Warren Maruyama, quien fue asesor general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en la administración del presidente George W. Bush.

Por ahora, muchas empresas estadounidenses luchan para hacer frente a los gravámenes de Trump, que han elevado el arancel promedio de Estados Unidos al nivel más alto desde 1934, incluso después de que se anunciara una tregua comercial con China el lunes, según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

Victor Schwartz, de la ciudad de Nueva York, ha dedicado los últimos 39 años a construir un negocio de importación de vinos y licores de pequeños productores de todo el mundo. Los aranceles afectan gravemente su empresa. Sus clientes quieren vinos regionales de todo el planeta, por lo que no puede simplemente adquirir cosechas estadounidenses. Y el estado le exige que publique los precios con un mes de anticipación, por lo que es difícil mantenerse al día con los aranceles en constante cambio de Trump.

Su negocio —V.O.S. Selections— es uno de los cinco demandantes en la audiencia del martes. “Es una carrera contra el tiempo”, expresó. ”¿Lo superaremos? No estoy seguro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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