Entró en vigencia el “estado de excepción” en Venezuela: estas son las personas que pueden ser detenidas
El decreto habilita arrestos, militariza infraestructuras clave y restringe la circulación en un país sacudido por la intervención estadounidense
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LA NACION
CARACAS.– Desde ayer rige en Venezuela el estado de excepción, denominado oficialmente estado de conmoción exterior, y comenzaron a multiplicarse puntos de control en distintos sectores de Caracas. En varios de ellos, efectivos de seguridad detuvieron a transeúntes y conductores, los obligaron a descender de sus vehículos y revisaron sus teléfonos celulares, en una de las primeras señales visibles del endurecimiento del control estatal tras la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro.
El decreto que habilita el nuevo régimen fue publicado en la Gaceta Oficial con fecha 3 de enero, el mismo día en que Maduro fue capturado en la capital venezolana luego de una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares. El texto declara un Estado de Conmoción Exterior por 90 días, prorrogables, ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militariza infraestructuras críticas —como los servicios públicos y la industria petrolera— y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, entre ellas la requisición de bienes, el cierre de fronteras y la posible suspensión de manifestaciones.
La tensión escaló pasada la medianoche del lunes, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, difundió un video rodeado de agentes armados con fusiles de asalto y anunció el inicio de patrullajes intensivos en todo el país para “garantizar la paz”. En paralelo, residentes de la capital reportaron el despliegue de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana y un control estricto de la movilidad urbana, una postal que profundizó el clima de incertidumbre.
Según testimonios recogidos en Caracas, los uniformados retienen personas y revisan celulares en busca de mensajes, audios o publicaciones que expresen apoyo a los ataques de Estados Unidos o a la captura y extracción de Maduro. En otras ciudades, como Maracaibo y Barquisimeto, se observó un mayor despliegue policial, aunque sin la presencia de blindados.
Bajo el nuevo marco de excepción, el Estado queda habilitado a detener a quienes incumplan restricciones a la circulación, participen en concentraciones no autorizadas o sean considerados sospechosos de alterar el orden público o de afectar infraestructuras críticas ahora bajo control militar. El gobierno interino justificó la medida como una respuesta para “proteger los derechos de la población y el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas” frente a lo que definió como una agresión externa.
El decreto se ampara en el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite declarar el estado de conmoción interior o exterior cuando un conflicto ponga en peligro la seguridad de la nación. La norma establece una duración inicial de hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por un período igual. Aun así, fija límites: no pueden suspenderse derechos intangibles como el derecho a la vida, el debido proceso, la prohibición de la incomunicación o la tortura y el derecho a la información.
En ese contexto, organizaciones de derechos humanos advirtieron inconsistencias institucionales. La ONG Acceso a la Justicia señaló que el mismo día en que se firmó el decreto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Pese a ello, el texto del estado de conmoción exterior aparece suscripto por Maduro, lo que abre interrogantes sobre su validez formal.
Detenciones de periodistas
Al clima de control reforzado se sumaron denuncias por detenciones de periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que 14 trabajadores de medios fueron detenidos y luego liberados durante un operativo desplegado mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta interina. Los arrestos ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Legislativo y, según el gremio, entre los afectados había 11 corresponsales y colaboradores de medios internacionales.
Los comunicadores fueron sometidos a interrogatorios y a la revisión forzada de sus teléfonos móviles. Aunque todos recuperaron la libertad horas después, uno fue deportado a Colombia. El SNTP confirmó que los restantes se encontraban en buenas condiciones cerca de la medianoche del lunes y advirtió que, durante la cobertura, las fuerzas de seguridad impusieron una prohibición estricta de transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías. El sindicato recordó además que 23 periodistas permanecen detenidos de forma prolongada en Venezuela.
En paralelo, el periodista italiano Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN, fue detenido y expulsado del país al llegar el lunes al aeropuerto de Caracas. Según fuentes citadas por ANSA, Pozzebon permaneció retenido durante varias horas antes de ser embarcado en un vuelo y deportado a Colombia, pese a contar con permiso de residencia en Venezuela, donde había trabajado previamente en diciembre.
En este contexto, la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (EditoRed) exigió a las autoridades venezolanas el cese inmediato de la persecución contra la prensa y la restitución de las garantías constitucionales para el libre ejercicio del periodismo.
En un comunicado, EditoRed subrayó que “la libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática de una nación” y expresó su respaldo a los editores y periodistas que siguen informando dentro y fuera de Venezuela. “No están solos; la comunidad editorial euro-latinoamericana reconoce y respalda su esfuerzo. La verdad no puede ser objeto de negociación”, señaló, al advertir que sin periodismo libre no hay ciudadanos, sino súbditos.
La asociación denunció además una ruptura de la legalidad internacional, al considerar que las acciones contra la prensa violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen la libertad de buscar, recibir y difundir información. También recordó que la Carta Democrática Interamericana consagra la libertad de expresión como pilar de la democracia y advirtió que ignorar estos mandatos “no es un acto de soberanía, sino una ruptura deliberada del orden jurídico internacional”.
Agencias AP y ANSA
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