El enojo de Ron DeSantis tras el freno judicial a una sección clave de la “gran y hermosa ley” de Donald Trump

Un fallo judicial dictado el lunes 7 de julio por la jueza federal Indira Talwani volvió a encender la polémica en torno a la “gran y hermosa” ley firmada por Donald Trump. La decisión, que suspendió de forma inmediata una de sus disposiciones clave sobre planificación familiar, despertó la furia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien expresó su descontento a través de sus redes sociales y acusó al poder judicial de extralimitarse.

DeSantis arremetió contra la Justicia: “El Congreso tiene el poder del presupuesto”

El gobernador de Florida no tardó en reaccionar al fallo. Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Ron DeSantis acusó a la Justicia de actuar de forma desenfrenada. “El Poder Judicial sigue fuera de control”, escribió. Acto seguido, enfatizó: “El Congreso tiene el poder del presupuesto y puede elegir financiar o no lo que quiera”.

Con estas declaraciones, el mandatario estatal apuntó directamente contra la intervención judicial que bloqueó una medida clave del paquete legislativo impulsado por Trump. El gobernador, firme aliado del presidente en temas de política social y fiscal, defendió con énfasis la potestad del Congreso para decidir el destino de los fondos públicos y acusó a los tribunales de entrometerse en decisiones que deberían permanecer en el ámbito legislativo.

Qué dice la sección de la “gran y hermosa” ley de Trump que fue frenada por la Justicia

El centro del conflicto judicial es la Sección 71113 de la “gran y hermosa ley”, como la apodó Trump. Esta cláusula había introducido una restricción específica contra ciertas organizaciones de salud reproductiva que ofrecen servicios de aborto, al apuntar directamente a estructuras como Planned Parenthood, aunque sin mencionarlas de forma explícita.

Según el texto legislativo, durante un año a partir de su entrada en vigor, ninguna entidad clasificada como “prohibida” podría recibir fondos federales considerados “gastos directos” en el marco de Medicaid. Entre los requisitos para ser considerada una organización prohibida figuraban:

• Ser una entidad exenta de impuestos bajo el código 501(c)(3) del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
• Actuar como proveedor comunitario esencial dedicado principalmente a la planificación familiar, salud reproductiva y atención médica afín.
• Ofrecer servicios de aborto, excepto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer estuviera en riesgo certificado por un médico.
• Haber recibido en 2023 más de 800 mil dólares en fondos federales o estatales bajo el programa Medicaid, tanto de forma directa como a través de redes de atención médica.

La medida pretendía cortar el flujo de dinero federal a instituciones que, como Planned Parenthood, combinan servicios de salud general con el acceso al aborto legal.

El fallo judicial de Indira Talwani: un freno temporal a los cambios propuestos por Trump

El lunes 7 de julio, la jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, concedió una orden de restricción temporal que suspende la implementación de esa sección de la ley por 14 días. La resolución respondió a una demanda presentada por la Federación Estadounidense de Planned Parenthood junto con sus filiales en Massachusetts y Utah.

La jueza ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., y a los Centros de Medicare y Medicaid, administrados por Mehmet Oz, abstenerse de aplicar o hacer cumplir cualquier disposición de la Sección 71113 contra las organizaciones demandantes.

Además, exigió que los pagos del programa Medicaid aún se entreguen con normalidad y en los tiempos habituales.

Entre las instrucciones más relevantes del fallo, se estableció que:

• Las agencias federales debían garantizar la continuidad de los fondos hacia las filiales de Planned Parenthood.
• Los funcionarios del Departamento de Salud debían notificar a todas las agencias estatales involucradas en el desembolso de Medicaid sobre la orden judicial.
• En un plazo máximo de 96 horas, los demandados debían presentar ante el tribunal un informe detallando el cumplimiento de estas instrucciones.

La orden permanecerá en vigor durante dos semanas, a menos que el tribunal decida modificarla, prorrogarla o anularla.

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