En Miami-Dade: la propuesta que podría dejar a las familias de inmigrantes detenidos sin una información clave
La medida respaldada por la alcaldesa Daniella Levine Cava podría llevar a que se pierdan datos públicos sobre la situación de los extranjeros arrestados
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LA NACION
La Comisión de Miami-Dade evalúa un proyecto para modificar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que podría llevar a que solo las autoridades federales publiquen registros públicos sobre dónde se encuentran los extranjeros ilegales bajo custodia. Pero si esto ocurre, según advierte la Coalición de Inmigrantes del Florida, las familias de las personas arrestadas podrían quedarse sin información sobre el paradero de sus seres queridos.
Miami-Dade puede modificar un acuerdo con ICE y dejar de brindar información sobre migrantes detenidos
Este lunes, la comisión lleva a cabo una audiencia sobre la propuesta de la alcaldesa Daniella Levine Cava de actualizar el acuerdo 287(g) con la policía migratoria. El plan busca limitar qué registros y datos de extranjeros ilegales detenidos temporalmente en Miami-Dade, antes de ser entregados a las autoridades federales, se consideran públicos.
El programa 287(g) faculta al gobierno federal a designar tareas migratorias específicas a autoridades locales y estatales. Sin embargo, la actualización establece que los datos de las detenciones locales pasa a estar “bajo el control de ICE” y solo puede ser liberada por las autoridades federales. Esto preocupa a los grupos defensores que señalan que la agencia suele retrasar la información o no brindarla en absoluto.
Además, según informó Miami Herald, el acuerdo señala que el condado recibirá US$50 por cada persona arrestada. Sin embargo, en el sistema carcelario local actualmente cuesta alrededor de US$300 diarios mantener a un recluso.
El viernes pasado, el comisionado de Miami-Dade, Roberto González, respaldó la propuesta. “Miami-Dade no es ni será un condado santuario. Apoyo un proyecto para aprobar formalmente nuestro acuerdo con el ICE, ya firmado por la alcaldesa en marzo, como lo exige la ley estatal”, adelantó en un posteo en redes sociales, donde remarcó: “Hemos cumplido con las órdenes de detención desde 2019. Esto simplemente garantiza nuestro reembolso”.
Las críticas de las organizaciones defensoras de migrantes
Desde la Coalición de Inmigrantes del Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) advirtieron que, en la práctica, si ICE no está obligado a compartir información sobre los detenidos, estas personas podrían desaparecer del sistema sin que exista una rendición de cuentas sobre su paradero.
“Sería muy difícil para los periodistas, abogados y familiares básicamente poder obtener información relacionada con la detención y el arresto de estas personas”, alertó Thomas Kennedy, portavoz de la FLIC, en declaraciones a Miami Herald.
Además, los diferentes grupos de defensa señalaron que ya otros sistemas eliminan los nombres de los reclusos de los portales de búsqueda locales una vez que las personas están bajo custodia del ICE. “En otros lugares, dirán: ‘Estos ya no son nuestros datos’. Todavía estás sentado en la misma celda. Pero no apareces en la búsqueda de internos. Literalmente los desaparecen”, advirtió Alana Greer, directora del grupo de defensa del Community Justice Project en Miami.
En ese sentido, Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC graficó: “Imagínense si su esposo, padre, hijo, esposa o mejor amigo desapareciera sin dejar rastro por culpa de los mismos funcionarios que se supone deben atenderlos”.
“Muchos de nosotros hemos vivido esta realidad en países como Cuba, Argentina, Chile, Venezuela y otros. ¡Ni aquí, ni ahora, ni nunca! Nadie debería desaparecer sin dejar rastro”, sostuvo Petit.
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