La ley de Florida que entró en vigor el 1° de julio y aumenta la pena para quienes cometan delitos contra estas figuras clave

La nueva legislación penal de Florida, conocida como HB 653, entró en vigor el 1° de julio de 2025 con la firma de Ron DeSantis e introdujo un cambio clave en la manera en que los jurados evalúan los delitos que podrían derivar en la pena de muerte. El alcance de la ley abarca a todos los jefes de Estado, entre los que se incluyen presidentes, vicepresidentes y gobernadores.

Un nuevo agravante para la pena capital en Florida

El corazón de la ley HB 653 reside en una modificación puntual del artículo 921.141 del Código Penal de Florida, donde se listan los factores agravantes que un jurado puede considerar al momento de decidir si un condenado por delito capital debe recibir la pena de muerte o una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Según lo establece el nuevo inciso de dicha norma:

• El jurado podrá considerar como circunstancia agravante que el delito capital se haya perpetrado contra el presidente o vicepresidente de Estados Unidos, el gobernador de Florida u otro estado, o cualquier otra figura reconocida como jefe de Estado.
• También se aplicará esta agravante si la víctima mortal fue otra persona, pero el asesinato ocurrió en el marco de un intento de crimen contra un jefe de Estado.

Este cambio no sustituye otras agravantes existentes, sino que se añade como un elemento más que puede inclinar la balanza en un proceso de sentencia. El objetivo es endurecer las consecuencias legales en casos donde las víctimas ocupen cargos de altísima relevancia institucional.

Cómo funciona la pena de muerte en Florida

Florida es uno de los estados más activos en la aplicación de la pena de muerte. Para que una persona condenada por un crimen capital pueda recibir esta sentencia, la ley exige una serie de pasos que garantizan tanto el debido proceso como una ponderación entre factores agravantes y atenuantes.

De acuerdo con el procedimiento vigente analizado por el comité que intervino en la legislación:

• Un jurado debe encontrar, de forma unánime, al menos un factor agravante probado más allá de toda duda razonable.
• Luego, debe evaluar si las agravantes pesan más que las circunstancias atenuantes presentadas por la defensa.
• Si al menos ocho de los 12 jurados apoyan la pena de muerte, se eleva esa recomendación al juez, quien tiene la decisión final entre imponer la ejecución o una condena a prisión perpetua sin opción a libertad.

A partir de la entrada en vigencia de HB 653, el hecho de que la víctima sea una figura estatal de primer nivel podrá sumarse a factores ya existentes como el ensañamiento, la premeditación o la comisión del crimen en el contexto de otro delito violento, como secuestro o abuso.

Qué dice el análisis legislativo sobre esta nueva ley en Florida

El informe técnico de la Cámara de Representantes de Florida, elaborado por el comité de Justicia Criminal, dejó claro que HB 653 no crea nuevos delitos, sino que amplía los criterios para dictar una condena de muerte.

Según este documento, la nueva norma “permite a un jurado considerar como agravante si un delito capital fue cometido contra el jefe de un Estado, o si al intentar cometer dicho crimen, el acusado asesinó a otra persona”.

En ese sentido, la ley refuerza el valor simbólico e institucional de ciertas figuras públicas dentro del marco penal. Aunque no se menciona por nombre a Trump ni a ningún otro líder, el efecto inmediato de la norma sería el aumento de la protección jurídica para altos funcionarios de gobierno, actuales o futuros.

Qué otros agravantes contemplan las leyes de Florida

Antes de la sanción de HB 653, ya existían más de una docena de factores que los jurados podían considerar al evaluar una condena de muerte. Algunos de los más relevantes son:

• Que el acusado ya hubiera sido condenado por otro delito grave violento.
• Que el crimen se haya cometido para evitar un arresto.
• Que la víctima fuera menor de 12 años o un agente de seguridad en servicio.
• Que el crimen haya sido particularmente atroz o cruel.
• Que el delito tuviera motivaciones económicas.
• Que el asesino actuara con frialdad y cálculo, sin pretexto moral o legal alguno.

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