El contraataque de JB Pritzker a los recortes de Trump: las nuevas leyes de Illinois que protegen la salud
El gobernador rubricó dos normas clave el 1° de julio; la Prescription Drug Affordability Act (HB 1697) y la Healthcare Protection Expansion Act (HB 3019) buscan reducir costos de medicamentos y ampliar el acceso a la cobertura
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El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó dos nuevas leyes con las que busca diferenciarse de la administración Donald Trump en cuanto a prestaciones en el sistema de salud. Las normas buscan frenar los abusos de los intermediarios en el sistema sanitario, bajar el precio de los medicamentos y ampliar el acceso a servicios médicos esenciales.
JB Pritzker firmó dos leyes clave para reformar el sistema de salud en Illinois
Las medidas promulgadas por JB Pritzker pueden ser interpretadas como un mensaje político directo contra las políticas del presidente Donald Trump, que durante su mandato eliminó regulaciones clave del sistema de salud. “Estamos ante un ataque al sistema de salud y a los recursos que las familias trabajadoras necesitan para sobrevivir”, escribió el gobernador de Illinois en sus redes sociales. “En Illinois, acabo de firmar varias leyes que reducen el costo de los medicamentos, protegen a los consumidores y amplían el acceso a la atención médica”, enfatizó.
El martes 1° de julio, Pritzker firmó dos proyectos de ley que ya entraron en vigor: la Prescription Drug Affordability Act (HB 1697) y la Healthcare Protection Expansion Act (HB 3019). Ambas apuntan a reformar un sistema que, según el mandatario estatal, estuvo “infectado por intermediarios codiciosos y actores depredadores que buscan lucrar a costa de los pacientes de Illinois”.
Las nuevas normas incluyen sanciones más duras para las empresas que incumplan los nuevos estándares, crean subsidios para farmacias independientes y obligan a las aseguradoras a cubrir ciertos gastos que hasta ahora recaían en los pacientes.
La Prescription Drug Affordability Act: freno a los intermediarios en Illinois
El proyecto HB 1697 representa un golpe directo contra los Pharmacy Benefit Managers (PBM), empresas intermediarias que negocian precios entre laboratorios, aseguradoras y farmacias. En los últimos años, estas entidades fueron señaladas como responsables de inflar los precios de medicamentos y favorecer a grandes cadenas en detrimento de farmacias locales.

Entre los cambios introducidos por la ley, se destacan:
- Prohibición del “spread pricing”: esta práctica permitía que los PBM cobraran un precio a las aseguradoras superior al que pagaban a las farmacias, por lo que se quedaban con la diferencia como ganancia.
- Fin al desvío de clientes: a partir de ahora, estará prohibido que los PBM dirijan a los consumidores hacia farmacias que ellos mismos poseen o controlan.
- Restricciones sobre clasificación de medicamentos: se evitará que se etiqueten medicamentos comunes como “especiales” para cobrar más a los pacientes.
- Auditorías obligatorias: los contratos entre PBM y aseguradoras deberán incluir auditorías anuales obligatorias. Las multas por no cumplir con la normativa aumentarán de US$1000 a US$10.000 por día y por infracción.
- Apoyo a farmacias independientes: se creó un fondo de 25 millones de dólares, administrado por el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica (DCEO, por sus siglas en inglés), para subsidiar a farmacias independientes.
- Refuerzo en áreas rurales: se simplificó el programa de Farmacia de Acceso Crítico, que brinda apoyo financiero a establecimientos ubicados en regiones rurales o de difícil acceso.
Healthcare Protection Expansion Act: más derechos para pacientes
La segunda ley, HB 3019, refuerza los derechos de los pacientes frente a las aseguradoras. En específico, retoma elementos de la Health Care Protection Act impulsada por el propio Pritzker en 2023, pero incorpora nuevos elementos que apuntan a ampliar coberturas y eliminar obstáculos burocráticos que demoraban tratamientos.

Las principales disposiciones de esta ley incluyen:
- Ampliación de la prohibición de autorizaciones previas: se prohíbe exigir autorizaciones previas para servicios de salud mental ambulatorios y hospitalizaciones parciales, un cambio que elimina demoras para pacientes en crisis.
- Reintegro por traslados médicos: las aseguradoras deberán cubrir los gastos razonables de transporte cuando el paciente tenga que recorrer grandes distancias para recibir atención dentro de su red. Esta cláusula resulta crucial para familias en zonas rurales, donde el acceso a centros médicos es limitado.
- Control sobre gastos administrativos: se cierra una laguna legal que permitía a las aseguradoras inflar el índice de pérdida médica (Medical Loss Ratio) incluyendo como “gasto médico” ítems como bonificaciones ejecutivas, ganancias extraordinarias o aplicaciones de bienestar sin supervisión clínica.
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