La nueva ley de Illinois firmada por JB Pritzker que impacta en las escuelas y ofrece evaluaciones gratuitas
El líder demócrata rubricó la norma SB1560 que implementará asistencia gratuita y universal en materia de salud mental para estudiantes
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LA NACION
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó una nueva ley que establece evaluaciones de salud mental universales y gratuitas para estudiantes de escuelas públicas. El enfoque integral también abarca a jóvenes y adultos en transición, y propone un cambio estructural en los servicios estatales. Aunque la aplicación será gradual, el proyecto genera expectativas entre docentes, familias y profesionales de la salud.
Evaluaciones de salud mental en las escuelas: cuándo, cómo y para quiénes
Una de las medidas más relevantes que contempla la ley SB1560 es la implementación obligatoria de evaluaciones de salud mental a estudiantes de los grados 3 a 12. Es decir, desde aproximadamente los 8 hasta los 18 años. Estas evaluaciones deberán ofrecerse, al menos, una vez al año a partir del ciclo lectivo 2027-2028.
Antes de llegar a esa instancia, el Consejo Estatal de Educación deberá cumplir con una serie de etapas. Según lo estipulado, para el 1° de octubre de 2024 se publicó una estrategia para medir la preparación de los distritos escolares, que sirve de guía para la implementación progresiva del programa. Luego, antes del 1° de abril de 2025, se presentó un informe detallado sobre los planes de aplicación por fases.
El objetivo final es que para el 1° de septiembre de 2026 ya estén disponibles materiales informativos, procedimientos modelo, guías para las escuelas y recursos prácticos que orienten a los distritos sobre cómo poner en marcha esta política de salud pública. Estos materiales incluirán, entre otros:
- Opciones para que las familias decidan voluntariamente no participar (opt-out).
- Protocolos sobre confidencialidad y privacidad de la información.
- Procedimientos de comunicación con las comunidades escolares.
- Recomendaciones sobre almacenamiento seguro de datos y criterios de derivación.
- Capacitación específica para el personal docente y administrativo.
El requisito de realizar los exámenes solamente se aplicará en los ciclos lectivos en los que el Estado haya conseguido, sin costo para las escuelas, herramientas de evaluación adecuadas que incluyan la posibilidad de autoinforme por parte del estudiante.
Mejoras en los servicios de salud mental para niños y adultos jóvenes
La ley también establece una transformación profunda en los servicios de salud mental para menores de 26 años. Una de las claves es la reestructuración del Programa de Apoyo Familiar (Family Support Program), que busca intervenir de forma temprana en casos de enfermedades mentales graves o trastornos emocionales.
El programa ahora incluye a:
- Jóvenes menores de 18 años.
- Adultos emergentes, entre 18 y 20 años.
- Adultos en transición, de entre 21 y 25 años.
Los requisitos de elegibilidad también se ajustaron: cualquier persona dentro de ese rango etario que haya tenido tres internaciones psiquiátricas en los últimos 12 meses puede solicitar el acceso. Para los adultos emergentes, se podrá eximir el requisito de escolaridad, y para los adultos en transición, no será necesario estar escolarizado.
Además, el Departamento de Servicios de Salud y Familia (HFS, por sus siglas en inglés) será el organismo encargado de exigir evaluaciones antes de toda hospitalización psiquiátrica financiada con fondos de Medicaid. El análisis deberá determinar si existen alternativas de tratamiento ambulatorio y si es necesario o no internar al paciente.
Nuevos modelos de tratamiento y mayor articulación estatal
La legislación también introduce nuevos modelos de tratamiento y obliga a fortalecer la coordinación entre agencias.
Se espera que el HFS, junto con otros organismos, elabore programas residenciales terapéuticos que respondan a las necesidades particulares de jóvenes con alta complejidad en salud mental. Para ello, se evaluará la cantidad de camas requeridas antes del 31 de diciembre de 2026, y se desarrollarán estructuras comunitarias de vivienda combinadas con atención intensiva.
A su vez, se prevé la creación de un grupo de trabajo especializado que desarrolle un plan concreto para facilitar el acceso al tratamiento por consumo problemático de sustancias para quienes integran el Programa de Apoyo Familiar.
Los fondos asignados también tendrán límites específicos:
- No más del 12% podrá destinarse al tratamiento residencial terapéutico para jóvenes y adultos emergentes de alta agudeza.
- El modelo de tratamiento para adultos en transición no podrá recibir más de una cuarta parte del presupuesto total del programa.
Otra modificación destacada es que los beneficiarios deberán agotar primero la cobertura de seguros públicos o privados. Solo cuando estos recursos no cubran los tratamientos necesarios, el programa estatal intervendrá como última alternativa para costear la atención.
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