Cachetazo al ICE: migrantes demandan por supuestos arrestos ilegales y operaciones engañosas para deportar

Un grupo de 22 personas afectadas por arrestos que consideran ilegales presentó una acción judicial contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La demanda, interpuesta en una corte federal en Chicago, busca la liberación de dos personas que aún están detenidas y que el gobierno tome medidas para evitar futuras aprehensiones sin orden judicial. Además, el documento asegura que la agencia incumplió un acuerdo judicial de 2022 que establecía límites a sus prácticas.

Arrestos sin orden judicial y operativos masivos del ICE

Las detenciones ocurrieron durante las primeras semanas de la nueva administración Donald Trump. Entre los afectados se encuentra Abel Orozco, quien fue arrestado por agentes del ICE el 26 de enero cuando regresaba a su hogar en Lyons, Illinois, tras comprar tamales para su familia.

Su esposa, Yolanda Orozco, expresó la angustia que vivió desde entonces: “Desde ese día, mi familia ha estado en crisis. Solo quiero que mi esposo sea liberado. ¿Acaso es un crimen levantarse temprano cada día para trabajar y mantener a la familia?”.

El hijo de Abel Orozco, Eduardo, también manifestó su indignación y destacó que su padre vivió en EE.UU. por más de 27 años sin antecedentes delictivos. “Tiene su propia empresa de poda de árboles, trabaja todos los días y regresa con su familia. Es un hombre honesto, responsable y cariñoso. No debieron arrestarlo. Solo quiero que el gobierno vea quién es él y actúe con justicia”, afirmó.

Las detenciones no se limitaron a arrestos individuales. En Liberty, Missouri, 12 personas fueron capturadas en un operativo dentro de un restaurante sin orden judicial ni causa probable. Otras nueve, entre ellas Orozco, también denunciaron haber sido arrestadas en sus barrios o dentro de sus vehículos sin ninguna justificación legal.

Denuncias de los inmigrantes contra la administración Trump

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois presentaron la demanda en representación de los afectados. La acción judicial también busca obligar al gobierno a rendir cuentas sobre las detenciones realizadas desde el 20 de enero de 2025, día en que Trump asumió la presidencia.

Mark Fleming, director asociado de litigios del NIJC, criticó las acciones del gobierno y señaló que el ICE llevó a cabo detenciones sin pruebas y sin respetar los acuerdos judiciales previos. “Se jactan de haber detenido a miles de personas como ‘arrestos colaterales’, lo que significa que no tenían una orden judicial ni causa probable cuando los esposaron y los llevaron a centros de detención”, explicó.

Las organizaciones denunciaron que muchos de los arrestados llevan años en Estados Unidos, tienen familias, negocios y contribuyen a la comunidad. Fleming agregó que estas personas “no representan ningún peligro” y fueron víctimas de la “agenda inhumana e ilegal de deportación masiva” de la administración Trump.

Reacciones de la comunidad y exigencias legales ante las detenciones del ICE

El texto exige la liberación inmediata de los demandantes detenidos sin derecho a fianza y solicita que se implementen medidas para garantizar que el ICE cumpla con los acuerdos judiciales. Los abogados también piden que se presenten informes semanales donde se detallen todas las detenciones migratorias realizadas desde el inicio del gobierno de Trump.

El caso generó reacciones entre activistas y líderes comunitarios. Xanat Sobrevilla, organizadora de la agrupación Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones, denunció que las políticas internas del ICE no lograron reducir los abusos cometidos contra los inmigrantes.

Rebecca Glenberg, abogada principal de la ACLU de Illinois, calificó las acciones del gobierno como “irresponsables y arbitrarias”. Según dijo, la administración Trump “viola la Constitución de Estados Unidos, ignora acuerdos legales y pisotea los derechos de las personas para cumplir con su agenda peligrosa y perjudicial”.

Desde el Congreso, la representante Delia Ramírez envió un mensaje a través de la activista Noemi Avelar, quien alertó sobre las consecuencias de estas redadas. “En solo 60 días de gobierno, hemos visto los estragos de esta guerra contra nuestras comunidades: agentes federales que violan nuestros derechos civiles, redadas contra inmigrantes sin antecedentes penales, la detención de veteranos y ciudadanos, la deportación de niños enfermos de cáncer y la separación de familias que ahora viven con miedo y dolor”, denunció.

El litigio continúa en la Corte de Distrito del Norte de Illinois, donde los demandantes esperan una resolución favorable que les devuelva la libertad y frene las redadas consideradas arbitrarias. El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes subrayó la importancia de este caso en la defensa de los derechos de las comunidades migrantes en Estados Unidos.

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