California vs. Texas: las leyes migratorias vigentes en agosto 2025

Para agosto de 2025, los estados de California y Texas profundizaron sus diferencias políticas respecto a la inmigración, a tal punto que se trazan líneas divisorias cada vez más marcadas en el mapa legal de Estados Unidos. Mientras el primero refuerza su modelo inclusivo, el segundo endurece su postura con nuevas normas que buscan restringir la entrada y permanencia de inmigrantes en su territorio.

En contraposición a las políticas federales que promovieron restricciones más severas contra la inmigración ilegal, el estado de California consolidó durante 2025 un marco legal que protege y amplía los derechos de las comunidades migrantes.

El gobernador Gavin Newsom reafirmó su compromiso de vetar cualquier propuesta legislativa que atente contra los inmigrantes, al defender una política que prioriza la integración y los derechos humanos.

Por fuera de lo estrictamente legal, Newsom abrió un frente propio de disputa contra el presidente Donald Trump debido a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles.

Según el informe California Blueprint: Two Decades of Pro-Immigrant Transformation (Plan de California: Dos décadas de transformación a favor de los inmigrantes) del Centro de Políticas de Inmigración de California, la evolución normativa fue consistente desde 1996, y logró crear uno de los entornos legales más favorables para los inmigrantes en todo el país norteamericano.

Entre las leyes actualmente vigentes en California se destacan:

• Ley TRUTH: implementada en 2017, garantiza que las personas detenidas sean informadas sobre sus derechos si las autoridades federales de inmigración buscan entrevistarlas. Las agencias locales deben ofrecer un formulario de consentimiento en el idioma que comprenda la persona, aclarando que la participación es voluntaria y que puede solicitar asistencia legal.
• Ley AB 953 (Racial and Identity Profiling Act): vigente desde 2016, obliga a las fuerzas de seguridad a recopilar y reportar datos sobre detenciones que puedan involucrar perfilamiento racial o por identidad. Además, creó un Consejo Asesor para combatir estas prácticas discriminatorias.
• Ley de Equidad para Víctimas Inmigrantes de Crímenes: vigente desde 2016, facilita el acceso a visas U para las víctimas de delitos graves que colaboren con las autoridades en las investigaciones, protegiéndolas así de procesos de deportación.
• Ley TRUST: en vigor desde 2014, limita la colaboración entre las agencias locales y el ICE. Solo se permite retener a personas a pedido del ICE si han sido condenadas por ciertos delitos y si ello no contraviene ninguna otra ley local o federal.
• Ley AB 1195: garantiza desde 2014 que todas las víctimas de delitos puedan acceder a sus informes policiales, sin importar su situación migratoria. Las autoridades no pueden negar esta información por la falta de documentación legal.

Mientras California avanza en la defensa de derechos, Texas optó por un camino opuesto, con medidas que buscan ampliar el poder del estado para controlar, detener y deportar a inmigrantes, aun cuando este tipo de acciones fueron históricamente competencia exclusiva del gobierno federal. El gobernador Greg Abbott fue uno de los principales impulsores de estas iniciativas, muchas de las cuales generaron controversia y enfrentaron desafíos judiciales.

Uno de los puntos de inflexión fue la ley SB4, firmada por Abbott en diciembre de 2023, pero actualmente bloqueada por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito. Esta norma pretendía criminalizar el ingreso o reingreso ilegal al estado desde el extranjero, al otorgar a las autoridades estatales facultades para detener e incluso deportar personas sin intervención federal.

La jueza Priscilla Richman, designada por el expresidente George W. Bush, argumentó que esta ley invadía competencias federales, al recordar que “durante casi 150 años, la Corte Suprema sostuvo que el poder de controlar la inmigración es exclusivamente un poder federal”, según citó The Texas Tribune. Además, advirtió que permitir al Estado de la Estrella Solitaria ejecutar deportaciones sin intervención nacional sería un precedente sin igual en la historia reciente.

Pese al revés judicial que sufrió la SB4, el gobernador Abbott logró promulgar en julio de 2025 una nueva norma migratoria: la ley SB8, que amplía el poder de los condados para colaborar directamente con el ICE.

Esta disposición entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 y obliga a los 254 condados del estado a buscar y firmar acuerdos conocidos como 287(g) con el ICE. Esto implica para los sheriffs texanos:

• Las cárceles, tanto públicas como privadas, deberán firmar convenios con el ICE para que los agentes locales puedan asumir funciones federales: desde verificar el estatus migratorio de los detenidos hasta iniciar procedimientos de deportación.
• Si un condado no logra concretar un acuerdo, deberá volver a intentarlo al menos una vez al año, según lo estipula el Capítulo 753 del Código de Gobierno de Texas.
• Los acuerdos deberán definir el alcance, la duración y los límites de las nuevas atribuciones delegadas por el ICE, así como también los recursos humanos y técnicos destinados para cumplir con estas funciones.

Durante la ceremonia de firma de esta legislación, celebrada en Fort Worth, Abbott estuvo acompañado por Tom Homan, exdirector del ICE y actual referente de las políticas fronterizas de Donald Trump. En su discurso, el gobernador expresó que esta legislación “busca que nuestro estado sea más seguro” y destacó el rol clave que cumplirán los sheriffs en la protección de las fronteras y la seguridad interna.