La CBP en Chicago revisó una carga y encontró objetos valorados en millones: “El mayor operativo de la historia”

Durante una operación de inspección en Chicago, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), revisó una carga de cigarrillos electrónicos y descubrió más de cuatro millones de unidades no autorizadas, con un valor estimado superior a 86 millones de dólares. La incautación, la mayor de este tipo hasta la fecha, forma parte de una estrategia federal para frenar la entrada y distribución de productos de vapeo ilegales.

Según detalló la CBP en un comunicado, los equipos de las agencias federales identificaron envíos de distintos productos ilegales de cigarrillos electrónicos, principalmente procedentes de China y destinados a diferentes puntos de Estados Unidos. Durante la inspección, se revisaron estos lotes para detectar incumplimientos en aprobaciones de la FDA, evasión de impuestos federales, infracciones de marcas registradas y errores en el etiquetado de materiales peligrosos.

En total, la acción permitió detener casi 4,7 millones de cigarrillos electrónicos, con un valor de venta de US$86,5 millones. Esta medida forma parte de una estrategia para combatir el vapeo entre menores.

Rodney Scott, comisionado de la CBP, afirmó: “Padres, maestros, entrenadores y cualquier persona preocupada por nuestros niños deberían alarmarse por la cantidad de cigarrillos electrónicos no autorizados que CBP y la FDA incautaron en Chicago. No hay manera de saber qué peligros contienen estos productos ni las condiciones de los lugares donde se fabricaron. Insto a todos a informarse y saber qué están comprando”.

Entre otras acciones, la operación busca terminar con la práctica de “port shopping”, por la cual productos ilegales intentan ingresar repetidamente a Estados Unidos; desmantelar las redes de distribución de cigarrillos electrónicos no autorizados; concientizar a los padres sobre los riesgos del vapeo; y colaborar con los propietarios de tiendas en todo el país para prevenir la venta de estos productos ilícitos.

Antes de esta operación, el equipo conjunto de la FDA y la CBP llevó a cabo investigaciones para identificar envíos entrantes que podrían no cumplir con la normativa. Además, lograron optimizar la revisión y el procesamiento de los envíos.

Robert F. Kennedy Jr., el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), aseguró: “Nunca permitiremos que actores extranjeros pongan en riesgo la salud de los menores de Estados Unidos. Hoy tomamos medidas decisivas para proteger a los niños de los productos de vapeo ilegales. Agradezco al presidente Trump y a la fiscal general Bondi por su liderazgo en ayudarnos a cerrar este mercado negro”.

La operación conjunta de CBP y la FDA impidió que más de seis millones de cigarrillos electrónicos no autorizados, con un valor estimado de más de US$120 millones, entren a Estados Unidos durante este año.

Marty Makary, comisionado de la FDA, explicó que la FDA, junto con sus socios federales, adoptó medidas para reforzar las fronteras de Estados Unidos y frenar la entrada de productos ilegales de vapeo al país. “Los estadounidenses, especialmente nuestros niños, no deberían usar productos potencialmente peligrosos y adictivos que ingresaron de contrabando. Si un producto no fue autorizado por la FDA, CBP lo incautará, detendrá o destruirá”.

Todos los productos incautados en esta operación carecían de las órdenes de autorización previa obligatorias de la FDA, por lo que no pueden ser comercializados ni distribuidos legalmente en Estados Unidos. Hasta el momento, la FDA autorizó 39 dispositivos de cigarrillos electrónicos, los cuales son los únicos que pueden venderse en el país.

Además de las confiscaciones, la FDA contactó a 37 importadores por sus responsabilidades en la comercialización de estos productos. Las autoridades les recordaron que presentar declaraciones falsas al gobierno de Estados Unidos constituye un delito federal y que deben garantizar que los productos que ingresan cumplan con la normativa vigente. Asimismo, se les solicitó responder a las cartas que van a ser enviadas dentro de 30 días con la información requerida y cumplir con que sus futuras declaraciones de importación sean completas y precisas.