De la ayuda a la amenaza: alertan en California sobre los riesgos en tarjetas municipales para indocumentados

En el marco del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump, el uso de tarjetas municipales para indocumentados en ciudades de California genera preocupación entre defensores de la privacidad de datos. Estos programas creados con la intención de facilitar el acceso a servicios básicos podrían exponer a sus beneficiarios a la deportación.

Las ciudades de Richmond y Oakland implementaron programas de tarjetas de identificación municipal combinadas con funciones de débito para ayudar a residentes sin documentación oficial. El objetivo era permitirles abrir cuentas bancarias, solicitar vivienda y acceder a servicios comunitarios.

Sin embargo, especialistas en privacidad advierten que estos sistemas podrían ser utilizados por agencias federales para identificar, rastrear, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, de acuerdo a San Francisco Chronicle.

Brian Hofer, director de la organización Secure Justice, expresó su preocupación por la falta de advertencias sobre estos riesgos en los sitios web oficiales de ambos programas. “No estamos diciendo que se cierren estos programas, pero se debe advertir a la comunidad sobre los posibles peligros”, declaró al medio citado.

Aunque la ciudad de Richmond eliminó la función de débito de su programa en 2022, los datos de los titulares de tarjetas pueden seguir almacenados en bases de datos privadas. Hofer advirtió que una vez que la información es recopilada, puede ser copiada, retenida y distribuida sin control.

Un informe del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown reveló que en 2021, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en español) pagó 21 millones de dólares a una empresa de datos para acceder a más de 400 millones de registros de nombres, direcciones y cuentas de servicios públicos.

Los programas de tarjetas municipales operan a través de entidades financieras privadas, como MasterCard, las cuales están sujetas a regulaciones bancarias federales. Esto las obliga a almacenar información de los clientes, como direcciones, durante al menos cinco años.

A diferencia de los gobiernos locales de California, estas instituciones no están protegidas por las leyes de ciudades santuario, lo que podría facilitar el acceso del ICE a los datos de los titulares de las tarjetas. Hofer explicó que las agencias de inmigración suelen utilizar bases de datos privadas para rastrear a individuos.

El derecho a la privacidad financiera en EE.UU. exige que las agencias federales soliciten una orden judicial para acceder a estos registros. No obstante, el ICE puede obtener estos datos mediante acuerdos con empresas de recopilación de información, como Thomson Reuters.

La concejal de Richmond, Soheila Bana, admitió que desconocía los riesgos del programa hasta que habló con Hofer en marzo. “Me sorprendió saber que algo diseñado con buenas intenciones podría terminar afectando a las personas que queremos ayudar”, afirmó.

Chi Chi Wu, abogada del National Consumer Law Center, señaló que la Ley de Privacidad Financiera no impide que el ICE acceda a la información, sino que solo les exige seguir ciertos procedimientos. Esto deja a los inmigrantes expuestos a investigaciones migratorias.

Por su parte, un portavoz de la ciudad de Oakland dijo al mencionado medio que su programa es administrado por una empresa llamada SF Global. Por ende, el sitio web del programa no es un sitio web de la ciudad y que esta “no tiene acceso a los datos del programa y, por lo tanto, no retiene ningún dato”.

San Francisco cuenta con un programa de identificación municipal, pero no con tarjetas de débito. Angela Yip, portavoz de la Oficina del Registro Civil de la ciudad, aseguró que no recopilan información sobre el estatus migratorio de los solicitantes.

La legislación estatal protege los datos de estos programas. Sin embargo, la historia demuestra que estas protecciones no siempre son efectivas. En 2013, California aprobó la Ley AB60 para otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados. Posteriormente, se descubrió que el ICE accedió a los registros del Departamento de Vehículos Motorizados y utilizó esta información para deportaciones.