El documento que los padres migrantes pueden obtener para garantizar la seguridad de sus hijos en caso de ser detenidos
Además de prevenir qué sucederá con los menores en caso de ser separados, este papel puede establecer qué pasará con los bienes y las mascotas de los inmigrantes
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LA NACION
Cuatro de cada 10 migrantes en Estados Unidos están preocupados por la política de deportaciones del gobierno actual, según el Pew Research Center. Y para las personas que tienen miedo de ser separadas de sus familias y de perder el control sobre sus hijos, es conveniente conocer las ventajas de conseguir una “carta poder”.
El documento para migrantes que ayuda a garantizar la seguridad de sus hijos en caso de deportación
Una carta poder (conocida en inglés como power of attorney o POA, por sus siglas) es un documento que le permite a una persona autorizar a otro individuo para que este realice acciones en representación suya.
El Departamento de Estado de EE.UU. señala que existen dos tipos de carta poder:
- Carta poder general: establece que la persona designada puede hacer cualquier actividad y tomar cualquier decisión en nombre de la persona que firmó el escrito.
- Carta poder especial o limitada: detalla las acciones específicas que la persona designada puede realizar en representación del firmante.
Tanto las cartas generales como las especiales pueden incluir todas las especificaciones que el interesado desee para proteger el bienestar propio y de sus familias. Estas pueden abarcar temas financieros, médicos, de tutela, entre otros.
Por ejemplo, puede señalarse que la persona elegida solo tendrá autoridad durante una fecha o periodo específico, o que las instrucciones solo aplicarán en caso de enfermar o presentar una discapacidad.
Para qué le serviría una carta poder a un migrante
Las cartas poder son una herramienta para que las personas puedan elegir a un individuo de confianza para que este se haga cargo de sus asuntos personales. Esto es conveniente cuando el titular no está presente para tomar decisiones por el motivo que sea.
En el caso de adultos migrantes en Estados Unidos que tengan temor de ser detenidos, una carta poder podría incluir quién se volvería el tutor de sus hijos durante su ausencia, quién se haría cargo de su hogar y mascotas, quién pagaría la renta de su departamento y quién podría tener acceso a sus cuentas bancarias, por poner algunos ejemplos.
Uno de los riesgos de ser deportado y no dejar instrucciones validadas por una autoridad legal es que el gobierno decida el futuro de los menores que permanezcan en el país.
Según el American Immigration Council, los hijos de padres detenidos o deportados por el ICE podrían ser ingresados al sistema de crianza temporal del país, con lo cual los menores irían a un refugio o casa hogar.
Por eso, tener una carta poder que establezca a una persona de confianza como su tutor en caso de ser deportado es una de las opciones disponibles para los migrantes que deseen evitar esta posibilidad.
Cómo se tramita una carta poder en EE.UU.
De acuerdo con el sitio especializado en información legal FindLaw, la mayoría de las páginas web de los gobiernos estatales cuentan con formularios que las personas pueden seguir para redactar sus cartas poder.
Además, es posible que las leyes sobre la legalidad de una carta poder varíen entre estados, por lo que se recomienda buscar el formulario del lugar de residencia actual para cumplir con los requisitos. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Arizona en el condado de Maricopa puso a disposición de sus habitantes un instructivo para este proceso.
Como explica FindLaw, la carta puede ser redactada por el interesado y solo será válida si está firmada por quien desea realizar el trámite y notarizada por un notario público. Por lo general, también se requiere que la persona interesada muestre una identificación oficial.
Algunos estados requieren la presencia de testigos y que la persona (o personas) designadas para cumplir con la carta poder también firmen de conformidad.
Como tal, el trámite de una carta poder no tiene costo. Pero algunos notarios públicos cobran cuotas por sus servicios y algunos interesados prefieren contratar abogados para que los asesoren durante el procedimiento, según The Arizona Republic.
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