El pedido de Trump para el fin del TPS para venezolanos: ¿quiénes quedarían en el limbo de la deportación?
En un nuevo capítulo de la batalla judicial, el Departamento de Justicia presentó una solicitud para que la Corta Suprema se expida sobre la legalidad del fallo del juez Edward Chen, quien impidió la clausura del beneficio
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LA NACION
La administración del presidente Donald Trump reactivó una ofensiva legal que podría dejar a unos 350 mil venezolanos en riesgo de deportación. A través de una solicitud urgente a la Corte Suprema, el equipo legal del mandatario busca eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que impide la expulsión de ciudadanos de países considerados inseguros.
El pedido formal de la administración Trump ante la Corte Suprema
El Departamento de Justicia, en representación del gobierno de Trump, presentó una solicitud el pasado jueves ante la Corte Suprema para suspender un fallo emitido por el juez Edward Chen en San Francisco. Esta decisión había frenado los planes del gobierno de cancelar el TPS para los venezolanos, que vencía oficialmente el 7 de abril.
Según lo informado por Associated Press, la solicitud oficial argumentó que la orden judicial “interfiere de manera inadmisible con el poder del Ejecutivo sobre inmigración y asuntos exteriores”, y que el fallo del juez Chen obliga a mantener en Estados Unidos a cientos de miles de venezolanos pese a la “determinación razonada” de que eso va en contra del interés nacional.
Qué es el TPS y por qué es clave para los migrantes venezolanos
El Estatus de Protección Temporal es un programa creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 con el objetivo de evitar la deportación de personas provenientes de países afectados por guerras, conflictos civiles o desastres naturales. Quienes reciben este beneficio pueden residir y trabajar legalmente en suelo estadounidense por períodos renovables de 18 meses.
En el caso de Venezuela, el TPS protegía desde enero a unas 350 mil personas que ya se encontraban en Estados Unidos. Estos migrantes estaban autorizados a trabajar y a permanecer legalmente en Estados Unidos debido a la crisis humanitaria, política y económica en su nación de origen.
Según el juez Edward Chen, la eliminación del programa sin una evaluación adecuada causaría un daño “irreparable” a quienes dependen del TPS para mantener a sus familias unidas y conservar sus medios de vida. Su fallo sostuvo que el gobierno no presentó pruebas de que la continuación del programa representara un perjuicio tangible para Estados Unidos.
Las razones detrás de la suspensión judicial que permitió que el TPS se mantenga vigente
La demanda que frenó la eliminación del TPS fue presentada por varias organizaciones, entre ellas la National Day Laborer Organizing Network, las fundaciones ACLU de California, el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Universidad de California en Los Ángeles, y Haitian Bridge Alliance.
Los argumentos que esgrimieron ante la Corte fueron contundentes:
- Afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) violó la Ley de Procedimiento Administrativo al no seguir los pasos requeridos para cancelar el TPS.
- Denunciaron que la decisión estuvo motivada por “animadversión racial inconstitucional”, lo que hace referencia al uso constante de estereotipos racistas por parte del presidente Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem.
- Señalaron que las razones oficiales para eliminar el programa carecían de sustento. No había evidencia de que los venezolanos beneficiarios del TPS tuvieran vínculos con bandas delictivas, y sus tasas de criminalidad eran inferiores al promedio general de la población.
En palabras del juez Chen: “La acción de la secretaria (Kristi Noem) amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas, costar miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y seguridad pública de las comunidades en todo el país”.
Qué podría pasar si la Corte Suprema acepta el pedido de Trump
Si la Corte Suprema decide atender la solicitud de la administración Trump y revoca el fallo de Chen, se abriría la puerta para la deportación de unas 350 mil personas que, hasta ahora, se encontraban protegidas por el TPS. Aunque técnicamente la finalización del estatus no implica una orden inmediata de extracción, dejaría a estos migrantes en una situación jurídica frágil.
El procurador general designado por Trump, D. John Sauer, argumentó: “La decisión de terminar con el TPS no equivale a una orden final de expulsión”. Además, sugirió que los afectados podrían explorar otras vías legales para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, expertos en migración y derechos civiles advierten que, sin TPS, las posibilidades de mantenerse legalmente en el territorio se reducen drásticamente.
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