¿Es legal filmar un operativo del ICE en EE.UU.?: los derechos que los migrantes deben conocer
La Primera Enmienda ampara la filmación de agentes federales, aunque existen límites claros para no entorpecer las operaciones
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LA NACION
El aumento de redadas migratorias durante el segundo mandato de Donald Trump impulsó a diversas organizaciones a difundir información sobre los derechos disponibles para quienes se ven expuestos a intervenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El acto de filmar a los agentes cuando realizan detenciones o inspecciones está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución y es válida para cualquier persona, sea o no ciudadana, siempre que no interrumpa con el operativo.
El derecho de los migrantes a filmar los operativos del ICE
Esta facultad de documentar operativos se convirtió en un elemento utilizado por activistas y transeúntes para registrar el comportamiento de las autoridades migratorias. Sin embargo, las organizaciones enfatizan que el ejercicio de este derecho implica restricciones, principalmente vinculadas a no afectar el curso de una intervención policial.
El National Immigrant Justice Center (NIJC) considera que filmar una detención es una herramienta que puede proteger a quienes observan o son parte de una intervención. La institución indica que las personas que se encuentren en espacios abiertos y se sientan seguras pueden registrar lo que ocurre mediante su teléfono o tomar notas detalladas.
El NIJC insiste en que la prioridad es no afectar la actuación de los agentes. Por esa razón, aconseja mantener distancia y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como interferencia. También recomienda no difundir imágenes o datos sin verificar, para no generar situaciones que puedan poner en riesgo a terceros.
Por su parte, Carolina Migrant Network, que opera principalmente en Carolina del Norte, incluye la filmación como un recurso que permite a los migrantes documentar el actuar policial cuando se enfrentan a una detención o interrogatorio. La red enfatiza que, además de filmar, las personas deben conocer el resto de sus derechos básicos, ya que estos funcionan en conjunto para protegerlos durante los operativos migratorios.
¿Qué dice la ley de EE.UU. sobre el acto de filmar a los oficiales federales?
De acuerdo con la New York Civil Liberties Union (Nyclu) todas las personas pueden registrar en video o fotografía a los agentes federales en espacios públicos debido a que la Primera Enmienda ampara esta actividad. La organización indica que este derecho también se sustenta en legislaciones que reconocen la importancia de documentar la labor policial.
La Nyclu señala que registrar intervenciones de inmigración añade una capa de supervisión social sobre la actuación del ICE y otras agencias. Esta filmación puede servir para evidenciar prácticas que luego sean cuestionadas en ámbitos legales o comunitarios.
La organización también advierte que filmar no debe alterar la dinámica del operativo. Esto implica:
- No acercar demasiado los dispositivos a los oficiales.
- No ignorar solicitudes razonables de alejarse.
- No utilizar herramientas que puedan irrumpir en la escena, como drones sin permisos específicos.
También aconseja apuntar la cámara hacia los funcionarios y no hacia las personas en custodia, para evitar que imágenes sensibles se utilicen en su perjuicio.
Los derechos de los migrantes durante operativos del ICE
Más allá del derecho a documentar, las organizaciones coinciden en que las personas migrantes poseen otras protecciones cuando se enfrentan a operativos de inmigración:
- Derecho a no responder preguntas sobre su estatus migratorio: esto se aplica tanto en detenciones, interrogatorios y controles de tráfico.
- No abrir la puerta sin una orden: los agentes solo pueden ingresar a una vivienda si cuentan con un mandato judicial firmado por un juez. Las acciones administrativas emitidas por el ICE no habilitan la entrada. Las personas tienen derecho a solicitar que la orden sea mostrada por debajo de la puerta o a través de una ventana antes de permitir acceso.
- Derecho a un abogado: pueden contar con asesoría legal a lo largo de su proceso.
- Negarse a firmar algo que no entiende: el inmigrante debe evitar validar cualquier documento que no comprenda.
El NIJC y otras entidades recomiendan elaborar un plan familiar ante la posibilidad de un arresto. Esto incluye definir contactos de emergencia, designar quién recogerá a los hijos en caso de ausencia del adulto responsable y preparar documentos que otorguen autorizaciones temporales para tomar decisiones médicas o legales.
Las organizaciones sugieren memorizar números de teléfono relevantes, ya que los dispositivos electrónicos suelen ser confiscados al momento de la detención.
Deportaciones en EE.UU.: cifras del DHS y aumento de remociones
La política migratoria impulsada bajo la actual administración fortaleció la presencia del ICE y la CBP en todo el país norteamericano. Según cifras recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 2 millones de personas dejaron EE.UU. entre enero y octubre del presente año. De ellas, 1,6 millones salieron de manera voluntaria y más de 527 mil fueron deportadas por la agencia federal.
Las autoridades anticipan que las expulsiones podrían llegar a 600 mil antes de que concluya el año. Estas cifras representan uno de los niveles más elevados de remociones en la última década y forman parte de una estrategia descrita por la administración como de “cero tolerancia” frente a la inmigración irregular.
Las acciones del ICE se extendieron a todo el territorio, con énfasis en jurisdicciones catalogadas como “ciudades santuario”. De acuerdo con el DHS, la mayoría de las detenciones corresponde a personas con antecedentes penales o con casos judiciales pendientes.
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