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Por qué Miami no puede convertirse en una ciudad santuario: la ley que lo prohíbe
Una normativa estatal impide que los gobiernos locales vayan en contra de la colaboración con autoridades federales
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LA NACION
La posibilidad de que Miami adopte políticas migratorias más flexibles, similares a las llamadas “ciudades santuario”, no depende únicamente de decisiones locales. Desde 2019, una normativa estatal condiciona de manera directa el accionar de municipios y autoridades, al establecer límites sobre cómo deben actuar frente a la inmigración.
La ley estatal de Florida que fija el marco contra las ciudades santuario
La ley SB 168, titulada Federal Immigration Enforcement, fue aprobada por la Legislatura de Florida y entró en vigor el 1° de julio de 2019.
El texto legal establece que es un “interés importante del estado” colaborar con el gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
De acuerdo con el propio documento de la ley SB 168, el objetivo es evitar que existan políticas que limiten o dificulten la cooperación con agencias federales. Esto implica que cualquier ciudad, Miami incluida, debe alinear sus acciones con esa premisa general.
La prohibición explícita de las “ciudades santuario”
Uno de los puntos centrales de la legislación es la prohibición directa de las llamadas “sanctuary policies” o políticas santuario.
Según la definición incluida en el texto legal, se considera esto a cualquier norma, práctica o procedimiento que impida o limite la cooperación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración.
En concreto, la normativa prohíbe cualquier acción que restrinja a las fuerzas de seguridad en aspectos como:
- Cumplir con órdenes de detención migratoria (immigration detainers)
- Notificar a autoridades federales antes de liberar a una persona detenida
- Permitir el acceso de agencias federales a personas bajo custodia
- Participar en programas federales de control migratorio
- Compartir información sobre el estatus migratorio o la situación de detención
Obligación de colaboración con autoridades federales de inmigración
Más allá de la prohibición de políticas santuario, la ley impone una obligación activa de cooperación con las autoridades migratorias nacionales. En este sentido, establece que las agencias de seguridad deben hacer “sus mejores esfuerzos” para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración.
Según el texto oficial de la SB 168, esta obligación alcanza a funcionarios, empleados y representantes de las entidades públicas, siempre que actúen dentro del marco de sus funciones.
Además, la normativa impide que cualquier organismo local limite el manejo de información vinculada al estatus migratorio. No se puede:
- Restringir el intercambio de datos con agencias federales
- Evitar el registro o almacenamiento de información migratoria
- Negarse a utilizar esa información para cumplir con detenciones
- Impedir su uso para confirmar la identidad de personas detenidas
Consecuencias legales por incumplimiento
La ley también prevé mecanismos de sanción en caso de que alguna autoridad local incumpla sus disposiciones. En ese sentido, otorga facultades tanto al gobernador como al fiscal general para intervenir.
El texto de la SB 168 establece que:
- El gobernador puede iniciar acciones judiciales contra funcionarios que no cumplan con sus deberes
- El fiscal general tiene la potestad de demandar a los gobiernos locales
- Los tribunales deben bloquear (mediante órdenes judiciales) cualquier política santuario ilegal
Además, si un tribunal determina que existe una política que viola la ley, debe emitir una orden para frenarla y puede mantener jurisdicción sobre el caso para garantizar su cumplimiento.
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