Ganó Donald Trump: qué significa la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que impacta en la ciudadanía por nacimiento
En un fallo dividido, el máximo tribunal decidió a favor del gobierno federal y limitó el alcance a futuro de las cortes federales en temas de universal injunctions o medidas cautelares
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LA NACION
Este viernes 27 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre un tema que impacta a una de las causas más sensibles y polémicas del último tiempo: el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, una práctica que durante más de un siglo garantizó la nacionalidad estadounidense de cualquier persona nacida en el país norteamericano. El tribunal, en un fallo dividido (6-3), dictaminó que los tribunales federales no tendrán a futuro autoridad para dictar medidas cautelares, pero dejó el fondo de las restricciones en suspenso.
Qué se decidió este viernes en la Corte Suprema y por qué es tan importante
La Corte Suprema cierra este viernes su período de sesiones con seis causas pendientes. Entre ellas, la que busca restringir la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. Aunque el caso llegó a los jueces como una solicitud de emergencia, la expectativa era máxima debido a las posibles implicancias constitucionales, migratorias y sociales del fallo. La mayoría de los jueces se pronunciaron en contra de los atributos de los tribunales federales, según informó The Washington Post.
“Los mandatos universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”, se lee en la decisión.
La administración Trump presentó en marzo una serie de solicitudes ante la Corte para eliminar los bloqueos judiciales emitidos por tribunales federales de Maryland, Washington y Massachusetts, que frenaron la entrada en vigor de su orden ejecutiva.
La medida presidencial, firmada el 20 de enero de 2025 —el mismo día en que Trump comenzó su segundo mandato—, ordenó a las agencias federales desconocer la ciudadanía de bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes legales.
Pese a que se anticipó que los jueces no necesariamente emitirían hoy un fallo sobre la constitucionalidad del decreto y que podrían limitarse a responder si los jueces federales tienen autoridad para imponer medidas cautelares a nivel nacional, según explicaron desde Politico, la sentencia se efectuó.
Esa figura legal, conocida como universal injunction (medida cautelar), fue utilizada repetidamente para frenar decisiones presidenciales de alto impacto. Una resolución contra su validez podría debilitar los contrapesos sobre el Poder Ejecutivo.
La Corte podía optar por:
- Rechazar la solicitud del gobierno de manera escueta, sin argumentar su decisión, y mantener la orden de Trump bloqueada.
- Aceptar la petición de forma parcial, al permitir la entrada en vigor del decreto mientras el caso se analiza en profundidad.
- Postergar una resolución definitiva hasta el nuevo período de sesiones, a partir de octubre, cuando podrían tratar el fondo de la cuestión.
Qué dice la Constitución: por qué Trump desafió el derecho de ciudadanía
El intento de Trump de modificar quiénes tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento generó un debate jurídico y político profundo sobre el alcance de la Enmienda 14, adoptada en 1868 luego de la Guerra Civil, que abolió la esclavitud y garantizó la igualdad de derechos.
Esta enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado donde residan”. Durante más de 125 años, esa cláusula se interpretó como una garantía de ciudadanía automática para cualquiera nacido en suelo estadounidense, incluso si sus padres eran inmigrantes sin estatus legal.
En el caso United States v. Wong Kim Ark, decidido en 1898, la Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos —que no eran ciudadanos, pero residían legalmente en el país norteamericano— tenía derecho a la ciudadanía. Ese fallo sirvió desde entonces como base para aplicar el principio de jus soli.
No obstante, el gobierno de Trump argumentó que esa interpretación fue errónea o, al menos, limitada. Sostuvo que la ciudadanía no debería aplicarse a hijos de extranjeros con estadías temporales (como turistas, estudiantes o trabajadores con visas) ni mucho menos a hijos de inmigrantes indocumentados.
Durante las audiencias orales del 15 de mayo, el procurador general D. John Sauer dijo que la intención original de la Enmienda 14 era “garantizar la ciudadanía a los hijos de exesclavos, no a extranjeros en situación irregular o de paso”.
La orden ejecutiva firmada por Trump afectaría a más de 150 mil nacimientos al año, según cálculos presentados por los demandantes, entre los que se encuentran fiscales generales demócratas de 22 estados, organizaciones de defensa de migrantes y personas embarazadas residentes. Todos alegaron que la medida viola derechos constitucionales fundamentales.
La administración Trump también aprovechó el caso para cuestionar el uso de universal injunctions, al afirmar que los jueces federales no deberían poder bloquear una orden presidencial de manera generalizada, sino solo en relación con los demandantes específicos del caso.
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