Limbo legal: el grupo de inmigrantes que demanda a Trump tras perder la protección contra la deportación
Aquellos que se encuentran bajo el SIJ enfrentan momentos de incertidumbre debido a la eliminación de la “acción diferida” en EE.UU.
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LA NACION
Un grupo de inmigrantes decidió llevar al presidente Donald Trump y su administración ante la justicia. La medida surge como respuesta al reciente fin de una política que, desde 2022, les garantizaba permisos de trabajo y protección frente a la deportación mientras esperaban acceder a la residencia permanente. Esta espera, muchas veces de varios años, dejó a miles de adolescentes y jóvenes en un limbo legal que, para muchos, representa un retorno al miedo y a la incertidumbre.
La medida de Trump: jóvenes vulnerables, amparos eliminados
La demanda colectiva presentada el 17 de julio busca revertir la decisión del gobierno de Trump de anular la política que aseguraba una medida de protección llamada “acción diferida” para los beneficiarios del programa de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJ, por sus siglas en inglés).
Esta política también les otorgaba un permiso de trabajo mientras aguardaban su turno en una lista de espera que, según abogadas expertas, puede superar los cinco años.
Los demandantes, entre ellos varios jóvenes con SIJ y organizaciones como el Central American Refugee Center, sostienen que la decisión del gobierno fue ilegal y contraria al espíritu del Congreso al crear esta figura en 1990.
Según declararon los abogados, la eliminación de esta protección reabre heridas y agrava la situación de menores que ya fueron declarados como no aptos para regresar a sus países por haber sido víctimas de abandono, violencia o negligencia.
Qué es el SIJ, a quiénes protege y cuáles son las consecuencias de su eliminación
El Estatus Especial de Inmigrante Juvenil fue establecido por el Congreso estadounidense en 1990 como parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y está destinado a proteger a menores extranjeros víctimas de abuso, negligencia o abandono. Esta clasificación les permite iniciar el proceso para obtener la residencia legal permanente, pero con ciertas condiciones:
- El solicitante debe tener menos de 21 años, aunque en algunos estados se exige que tenga menos de 18.
- Un tribunal estatal debe determinar que no es seguro que el menor regrese a su país de origen.
- El joven debe estar bajo custodia o tutela por razones que no impliquen exclusivamente motivos migratorios.
La eliminación del otorgamiento automático de acción diferida y permisos de trabajo complicó aún más la situación legal de estos jóvenes. Expertas en inmigración señalaron a NBC que la decisión no solo retrasa su integración al sistema, sino que los deja sin acceso a servicios básicos:
- No pueden renovar permisos de trabajo ni obtener uno nuevo con facilidad.
- No tienen acceso a números de Seguridad Social válidos para empleo.
- Les está vedado el ingreso a edificios federales y la obtención de préstamos estudiantiles.
- En muchos estados, no pueden recibir asistencia médica ni beneficios sociales.
Según cifras de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), más del 70% de los solicitantes de SIJ proviene de Guatemala, El Salvador y Honduras. Aunque el organismo aclara que no revoca protecciones ya concedidas, se reserva el derecho a hacerlo “en cualquier momento y a su entera discreción”.
Los obstáculos no terminan con la aprobación del SIJ. Según datos recopilados por la End SIJ Backlog Coalition y el Tulane Law School’s Immigrant Rights Clinic, más de 107 mil beneficiarios de esta clasificación, provenientes de 151 países, estaban en lista de espera para la residencia permanente en marzo de 2023.
Aunque la aprobación del formulario I-360 -el paso inicial- puede demorar menos de cinco meses, el cuello de botella se produce por el límite anual de visas disponibles.
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