Limbo migratorio y deportación: el calvario de miles de cubanos que son expulsados a México desde EE.UU.

Miles de migrantes cubanos deportados desde EE.UU. quedaron atrapados en México tras pasar por centros de detención. Algunos denunciaron agresiones físicas, aislamiento y malas condiciones sanitarias. Así lo sostiene un informe publicado este 27 de mayo de 2026 por la organización Human Rights Watch (HRW), que describe un escenario de desamparo y limbo legal para quienes fueron expulsados bajo las nuevas políticas migratorias de Donald Trump.

La investigación reúne estadísticas oficiales de deportaciones entre enero de 2025 y marzo de 2026, además de entrevistas con extranjeros, funcionarios y abogados.

Según consigna el informe, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos aumentó las deportaciones hacia terceros países cuando no podía concretar expulsiones directas a los lugares de origen de los migrantes.

Según datos obtenidos mediante pedidos amparados por la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), México fue el principal destino de esas expulsiones, con 12.977 extranjeros enviados desde EE.UU. Honduras recibió 1352 expulsados y Canadá, 1066. Dentro de ese grupo, los cubanos fueron los más afectados en México, con 4353 deportaciones registradas.

HRW entrevistó a 41 cubanos removidos del país norteamericano. Muchos contaron que llevaban años viviendo en EE.UU. y que fueron detenidos durante citas periódicas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en sus casas o camino al trabajo. Otros dijeron haber perdido su green card tras condenas por delitos menores, aunque otros casos involucraban delitos más graves.

La mayoría de las detenciones ocurrió en Florida. Desde allí, varios migrantes fueron trasladados a centros que HRW describió como instalaciones con “condiciones inhumanas”. Fermín, un cubano de 52 años citado en el informe, denunció agua contaminada, comida en mal estado y enfermedades entre los detenidos en un centro identificado como “Alligator Alcatraz”.

Además, 15 entrevistados aseguraron haber sufrido golpizas, agresiones verbales y aislamiento prolongado. Alejo, de 50 años, contó que pasó dos semanas en una celda de castigo en El Paso, Texas. “Estuve 15 días detenido en el hoyo, una celda de castigo, donde no ves la luz del sol”, relató.

CNN informó que consultó al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre las denuncias, aunque hasta ahora no hubo respuestas oficiales.

Muchos deportados terminaron en ciudades del sur de México, sobre todo en Tapachula y Villahermosa. Según HRW, gran parte de los migrantes no tiene documentos ni posibilidades claras de regularizar su situación. La principal alternativa es pedir refugio, aunque el sistema mexicano atraviesa fuertes demoras.

El informe también advierte problemas para acceder a medicamentos y atención médica. Emiliano, un migrante de 47 años entrevistado por la organización, dijo que vive con miedo en Villahermosa por la presencia de grupos criminales. Además, explicó que la falta de la Clave Única de Registro de Población (CURP, por sus siglas en inglés) le impide acceder regularmente al sistema de salud.

“México los está condenando, de hecho, a un limbo legal indefinido”, señaló HRW. Ni el Instituto Nacional de Migración (INM) ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) respondieron las consultas realizadas sobre el informe.

Para muchos migrantes, regresar a Cuba tampoco aparece como una opción clara para algunos migrantes. En el informe, Miguel Ángel, de 67 años, contó que buscó ayuda en el Consulado de Cuba en Cancún, pero aseguró que allí le dijeron que no podría regresar a la isla por haber vivido más de 40 años fuera del país caribeño y tener antecedentes de deportación.

La situación ocurre en medio de un nuevo momento de tensión entre Washington y La Habana. Mientras la administración Trump acusa al gobierno cubano de permitir operaciones de grupos considerados terroristas por el Departamento de Estado, Cuba rechaza esas acusaciones y sostiene que forman parte de una política de presión de Estados Unidos.

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