Es oficial: el DHS ordena al ICE perseguir el fraude en solicitudes de asilo, incluidos los abogados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 26 de mayo una nueva directriz para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Mediante esta normativa, los abogados federales tendrán más poder para investigar a los migrantes que solicitan asilo e imponer sanciones por fraude documental, incluso contra sus representantes legales.

Mediante un comunicado de prensa, la agencia de seguridad nacional instruyó al ICE a desarrollar políticas antifraude que refuercen el cumplimiento del artículo 1324c(d) del Título 8 del Código de Estados Unidos. Esta legislación establece sanciones por falsificación documental.

Como resultado de la nueva directiva, los abogados del ICE podrán reforzar la aplicación de la norma. Entre las medidas, se incluyen acciones coercitivas contra representantes de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante un tribunal.

“Durante muchos años, millones de inmigrantes indocumentados han cometido fraude en nuestro sistema de inmigración. En ningún lugar es esto más frecuente que en los tribunales de inmigración”, declaró James Percival, asesor jurídico general del DHS.

Según las palabras del asesor jurídico, es “práctica habitual” que los abogados de inmigración que representan a inmigrantes indocumentados “afirmen que prácticamente todos ellos son perseguidos o torturados en su país de origen”.

Asimismo, Percival agregó que gracias a esta directiva, los abogados del ICE tienen mayor autoridad para hacer cumplir la ley y “detener el abuso del sistema de asilo por parte de inmigrantes indocumentados y asesores legales”. La nueva política se da en medio de un endurecimiento de las restricciones para obtener beneficios migratorios, junto con un mayor énfasis en la investigación de solicitudes.

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzó a colaborar con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para acceder a su base de datos, con el objetivo de reforzar las investigaciones de peticionarios.

Con la directriz anunciada, los abogados del ICE podrán imponer sanciones coercitivas contra quienes violen el artículo 1324c(d) del Título 8. Esta ley prohíbe que cualquier persona o entidad, con conocimiento de causa, realice lo siguiente:

• Falsificación y alteración: forjar, falsificar, alterar o crear documentos falsos para cumplir con requisitos u obtener beneficios migratorios.
• Uso y posesión: utilizar, poseer, obtener o proporcionar documentos falsos o alterados.
• Suplantación de identidad: usar documentos emitidos legalmente a otra persona para conseguir beneficios.
• Fraude en la preparación: preparar o presentar solicitudes con conocimiento de que la información es falsa o no pertenece al solicitante.
• Irregularidades al viajar: presentar documentos para abordar un transporte hacia EE.UU. y luego no mostrarlos ante un oficial de inmigración al llegar.

Según los términos del documento, se considera una solicitud fraudulenta cuando se prepara con conocimiento de que contiene declaraciones o representaciones materiales que son falsas.

Al margen de la denegación de los beneficios migratorios, el artículo establece que si se determina una violación, se impondrán ciertas multas:

• Primera infracción: entre 250 y 2000 dólares por cada documento objeto de la violación.
• Reincidencia: entre US$2000 y US$5000 por cada documento si la persona o entidad ya había sido sancionada previamente.

Para los representantes legales, existen penas de cárcel específicas:

• Falta de revelación: ocultar que se preparó una solicitud falsa a cambio de un pago conlleva hasta cinco años de prisión y la prohibición de volver a preparar solicitudes.
• Reincidencia penal: quien ya haya sido condenado por este delito y vuelva a preparar solicitudes puede ser sentenciado a hasta 15 años de prisión.

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