Norma de Trump bloquea alivio de deuda para empleados vinculados a actividad “ilegal”
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LA NACION
WASHINGTON (AP) — La administración Trump está avanzando con planes para excluir a algunas organizaciones sin fines de lucro de un popular programa de condonación de préstamos estudiantiles si su trabajo es vinculado a un "propósito ilegal sustancial", una medida que podría dejar sin cancelación de deudas a algunos maestros, médicos y otros trabajadores públicos.
Las nuevas reglas finalizadas el jueves otorgan al Departamento de Educación un poder ampliado para excluir a organizaciones del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público. La administración Trump declaró que es necesario bloquear el dinero de los contribuyentes de los infractores de la ley. Los críticos dicen que convierte el programa en una herramienta de represalia política.
Programada para entrar en vigor en julio, la política está dirigida principalmente a organizaciones que trabajan con inmigrantes y jóvenes transgénero.
Otorga al secretario de educación el poder de excluir a grupos del programa si participan en actividades que incluyen el tráfico o la "castración química" de niños, inmigración ilegal y apoyo a organizaciones terroristas. La "castración química" se define como el uso de terapia hormonal o medicamentos que retrasan la pubertad, un método de afirmación de género para niños o adolescentes transgénero.
Equivale a una reestructuración importante de un programa que ha cancelado préstamos para más de un millón de estadounidenses y fue creado por el Congreso en 2007 para dirigir a más graduados universitarios hacia trabajos en el sector público con salarios más bajos. La administración Trump aún no ha identificado grupos específicos que serían sujetos a la norma, pero estima que menos de 10 serían excluidos por año.
El programa "fue diseñado para apoyar a los estadounidenses que dedican sus carreras al servicio público, no para subsidiar organizaciones que violan la ley, ya sea al albergar inmigrantes ilegales o al realizar procedimientos médicos prohibidos que intentan alejar a los niños de su sexo biológico", afirmó el subsecretario de Educación Nicholas Kent en un comunicado.
La organización legal sin fines de lucro Student Defense avisó que demandará para impugnar las reglas, argumentando que la administración está castigando ilegalmente a los servidores públicos por las percepciones políticas de sus empleadores.
El programa promete cancelar préstamos estudiantiles federales para empleados del gobierno y muchos trabajadores sin fines de lucro después de que hayan realizado 10 años de pagos. Ha estado abierto durante mucho tiempo a trabajadores del gobierno, maestros, bomberos y empleados de hospitales públicos.
Las reglas de elegibilidad establecidas por el Congreso se centran principalmente en el estado fiscal de las organizaciones sin fines de lucro y su campo de trabajo.
El beneficio ha llegado a trabajadores de organizaciones de todo el espectro político. Sin embargo, en una acción de marzo que exigía nuevos límites, el presidente Donald Trump dijo que ha "desviado el dinero de los contribuyentes hacia organizaciones activistas que no solo no sirven al interés público, sino que en realidad dañan nuestra seguridad nacional y los valores estadounidenses, a veces a través de medios criminales".
Una preocupación central de los críticos es la amplia libertad que el departamento se está dando para determinar si una organización tiene un "propósito ilegal sustancial".
Empleadores a nivel gobierno estatal y local, así como las organizaciones sin fines de lucro, pueden ser expulsados del programa si un tribunal estatal o federal falla en su contra, o si aceptan un acuerdo legal que incluya la admisión de culpabilidad. Realizar cuidados de afirmación de género en los 27 estados que lo prohíben, por ejemplo, parece ser motivo de expulsión.
Incluso sin un fallo legal, el secretario de educación podrá determinar de manera independiente que una organización debe ser excluida. El secretario evaluaría si la "preponderancia de la evidencia" se inclina en contra del empleador.
El departamento desestimó las preocupaciones de que ese umbral es demasiado bajo.
"Esto asegura que las decisiones están basadas en hechos, no en especulaciones, y permite al Departamento actuar rápidamente para proteger tanto a los prestatarios como a los contribuyentes", escribieron funcionarios federales.
Entre los que se oponen a la propuesta se encontraban asociaciones prominentes en educación superior, atención médica y profesiones legales. En comentarios públicos presentados al departamento, muchos lo calificaron como un exceso ilegal y dijeron que socavaría un incentivo que ha ayudado a abordar la escasez de trabajo en campos de alta demanda.
El Colegio de Abogados de Estados Unidos indicó que la medida podría disminuir las filas de defensores públicos y aquellos involucrados en leyes de interés público.
Miles de personas perderán acceso a representación, dijo la asociación, "simplemente porque los trabajos de esos abogados fueron considerados políticamente desfavorables por el secretario".
El Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro advirtió que la política permitiría a futuras administraciones de cualquier partido político cambiar las reglas de elegibilidad "basándose en sus propias prioridades o ideología".
El representante republicano por Michigan, Tim Walberg, presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara, declaró que la reforma evitará que los contribuyentes cubran el alivio de deuda para empleados en "organizaciones radicales que violan leyes estatales y federales".
Bajo las nuevas reglas, los empleadores solo pueden ser sancionados por actividades que ocurran a partir del 1 de julio de 2026. Aquellos excluidos del programa pueden volver a solicitar la elegibilidad después de 10 años o reincorporarse antes si siguen un "plan de acción correctiva" aprobado por el secretario.
Documentos del departamento indican que una sola violación de la ley puede o no ser suficiente para que un empleador sea excluido, dependiendo de las circunstancias. No todas las organizaciones que infringen la ley tienen un "propósito ilegal sustancial", dijo la agencia, y en última instancia, depende del análisis del secretario sobre la evidencia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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