Golpe de Donald Trump a Eric Adams: el gobierno de EE.UU. demanda a Nueva York por su estatus santuario
El Departamento de Justicia presentó una ofensiva legal histórica contra la Gran Manzana; acusa a la administración municipal de obstruir activamente la aplicación de leyes migratorias federales
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LA NACION
La administración Donald Trump inició una ofensiva legal sin precedentes contra la ciudad más poblada de Estados Unidos. En específico, el Departamento de Justicia presentó este jueves 24 de julio una demanda formal contra Nueva York por sus leyes santuario, que limitan la colaboración con las autoridades migratorias.
La demanda del Departamento de Justicia contra Nueva York por sus políticas santuario
El escrito judicial, presentado en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, tiene como objetivo anular varias disposiciones municipales que, según el gobierno federal, obstaculizan la labor de las agencias de inmigración.
En palabras de la fiscal general Pamela Bondi: “Nueva York ha liberado a miles de criminales en sus calles a causa de estas políticas y eso debe terminar”. Desde el Departamento de Justicia insisten en que este litigio busca restablecer el principio constitucional de que las leyes federales prevalecen sobre las locales.
Entre los acusados figuran el propio alcalde, Eric Adams; la presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams; y los comisionados de los Departamentos de Corrección, Libertad Condicional y Policía. El gobierno argumenta que las normas municipales, conocidas como “Disposiciones Santuario”, representan una interferencia directa en la capacidad del Estado nacional para aplicar la ley migratoria.
Los tres pilares de la acusación contra Nueva York
La demanda se apoya en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que ninguna jurisdicción local puede impedir el cumplimiento de las leyes nacionales. Los tres cargos centrales son:
- Obstaculización de la ley federal: las disposiciones impiden compartir información con agencias migratorias y bloquean la ejecución de detenciones administrativas, lo que genera trabas directas a la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
- Discriminación contra el gobierno federal: las normativas impugnadas tratan de forma desigual a los agentes federales respecto a otras fuerzas del orden, lo que según el Departamento de Justicia constituye una forma de discriminación institucional.
- Regulación indebida del gobierno nacional: al negarse a acatar órdenes de detención migratoria emitidas bajo legislación del Congreso, Nueva York asumiría atribuciones que no le competen.
Qué leyes y normativas de Nueva York son apuntadas por la administración Trump
La acción legal identifica cinco normativas locales que, según el gobierno de Trump, deben ser anuladas por inconstitucionales:
- Código Administrativo §§ 9-131 (Departamento de Corrección): prohíbe a los funcionarios colaborar con el ICE salvo casos muy específicos, como condenas por delitos violentos recientes o vínculos con terrorismo. También impide compartir datos sobre fechas de liberación o comparecencias.
- Código Administrativo §§ 14-154 (Departamento de Policía): impone reglas similares que limitan drásticamente la cooperación del Departamento de Policías de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) con agentes migratorios.
- Código Administrativo §§ 9-205 (Libertad Condicional): restringe las interacciones entre la agencia de libertad condicional y el ICE bajo criterios casi idénticos.
- Código Administrativo §§ 10-178 (Seguridad Pública): impide el uso de recursos municipales para hacer cumplir leyes federales de inmigración y prohíbe que funcionarios locales actúen bajo la autoridad del Secretario de Seguridad Nacional.
- Orden de Operaciones Nº4 del NYPD: orden interna que prohíbe al personal del Departamento de Policía participar o colaborar en actividades de control migratorio civil.
La respuesta de Eric Adams por la demanda contra Nueva York
Tras conocerse la demanda, el alcalde Eric Adams emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la protección de todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio. “Nadie debería tener miedo de llamar al 911, enviar a sus hijos a la escuela o ir al hospital”, expresó.
Sin embargo, también reconoció que hay aspectos que deben revisarse. “Apoyamos la esencia de estas leyes locales, pero he sido claro: van demasiado lejos cuando se trata de lidiar con criminales violentos en nuestras calles”, sostuvo.
Por último, contó que pidió al Consejo Municipal reexaminar las normativas para permitir una mejor colaboración con el gobierno federal, aunque hasta ahora su propuesta fue rechazada.
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