La iniciativa en Nueva York que puede derivar en sanciones a Walmart, Target y Kroger
Una reforma busca brindar información completa al consumidor sobre la política de precios
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LA NACION
En los últimos meses, la Legislatura de Nueva York puso en la mira a grandes cadenas como Walmart, Target y Kroger por sus políticas de precios. En ese contexto debatió dos proyectos para reforzar la transparencia comercial. Uno sigue activo en la Asamblea. El otro quedó sin efecto por el veto de la gobernadora Kathy Hochul. Ambos buscan reglas claras y precios visibles, aunque avanzan por caminos legislativos opuestos.
La New York Junk Fee Prevention Act: aprobada en el Senado y en estudio en la Asamblea
La New York Junk Fee Prevention Act es el proyecto que permanece activo. El Senado ya aprobó el texto y lo envió a la Asamblea, donde sigue en análisis en comisión.
Para avanzar, la iniciativa debe salir de esa comisión, ingresar al calendario de votación del pleno y obtener la aprobación de la Asamblea.
Solo entonces será enviada a la gobernadora para su decisión final —la firma o el veto—, un punto sensible porque Kathy Hochul ya vetó una propuesta similar.
La propuesta modifica la General Business Law para exigir que cualquier empresa que ofrece bienes o servicios muestre el precio total desde el inicio, con todos los cargos obligatorios incluidos.
El proyecto define mandatory fee como cualquier cargo añadido al precio base que el consumidor no puede evitar o que aparece por defecto.
Excluye impuestos, costos de envío según la modalidad elegida, preautorizaciones reembolsables y productos o servicios opcionales regulados a nivel federal.
La iniciativa ordena que el precio total figure de manera clara. Si el precio final depende de una tarifa variable aún no determinable, la empresa debe detallar esa variable y los cargos obligatorios aplicables.
El régimen de sanciones establece daños reales o multas de hasta US$500 en infracciones no intencionales y hasta US$1000 en infracciones intencionales, además de costos y honorarios legales.
El texto también invalida acuerdos de arbitraje previo o renuncias contractuales de derechos del consumidor. Incluye excepciones para sectores regulados a nivel federal, como proveedores de internet y cable, instituciones financieras, comercios con recargo por tarjeta informado y restaurantes con propina automática visible.
El proyecto de precios visibles (Senate Bill S04433): aprobado por el Senado, vetado por Hochul
La Legislatura también evaluó el Senate Bill S04433, conocido como la regla de los precios visibles. El Senado aprobó la propuesta y la envió al Poder Ejecutivo, pero la iniciativa quedó sin vigencia luego del veto de la gobernadora Kathy Hochul el 9 de octubre.
El proyecto exigía que supermercados, comercios de autoservicio y plataformas de entrega indicaran si los valores online coincidían o no con los de tienda física.
El texto ordenaba que cada comercio precisara si el precio online era más alto o más bajo que el presencial. Las plataformas de terceros debían exhibir la política de precios de cada tienda y utilizar los valores “más recientemente proporcionados” por el retailer.
Además, si un supermercado operaba un sitio web propio, la plataforma debía incluir un enlace directo y visible hacia ese portal para facilitar la comparación inmediata.
El esquema de sanciones contemplaba multas de hasta US$100 por la primera infracción y hasta US$250 para las infracciones posteriores, además de otras penalidades previstas por la ley vigente.
En su veto, Hochul argumentó que la actualización constante de precios para cada local podía generar dificultades operativas y trasladar costos adicionales a comercios y consumidores.
Con esa decisión, el veto dejó el proyecto descartado. Su autor, el senador James Skoufis, manifestó desacuerdo, aunque no anticipó próximos pasos.
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