La ley apoyada por Kathy Hochul en Nueva York que busca frenar al ICE en las operaciones contra inmigrantes
La normativa rompería con todos los acuerdos 287 (g) vigentes a la fecha, además la ampliación de otros derechos
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LA NACION
Nueva York se encamina a redefinir el rol de sus fuerzas de seguridad locales frente al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La gobernadora Kathy Hochul presentó una iniciativa legislativa que, con respaldo cada vez más amplio entre fiscales, jefes policiales y autoridades locales, apunta a limitar la participación de agencias estatales y municipales en la aplicación de la ley migratoria civil.
El freno a los acuerdos 287(g) en Nueva York
La piedra angular del proyecto Local Cops, Local Crimes Act, impulsado por Hochul, es la prohibición de los denominados acuerdos 287(g), mecanismos que permiten al ICE delegar funciones de control migratorio civil en fuerzas de seguridad estatales o locales.
Según explicó la propia gobernadora durante una mesa redonda con funcionarios judiciales y policiales, el objetivo es asegurar que la policía local esté enfocada en combatir delitos dentro de sus comunidades y no en actuar como extensión del gobierno federal en materia migratoria.
La legislación eliminaría de forma directa estos convenios en todo el estado. En la actualidad, 14 agencias de seguridad de Nueva York, incluidas 10 oficinas de sheriffs de condados, un departamento de policía de condado y tres fuerzas policiales municipales, operan bajo distintos modelos del programa 287(g). De aprobarse la norma, todos esos acuerdos quedarían automáticamente anulados, impidiendo que agentes locales reciban autoridad federal delegada por el ICE para tareas de control migratorio civil.
En un comunicado compartido desde la oficina de la gobernadora, subrayaron que la medida no busca obstaculizar la cooperación con autoridades federales en investigaciones criminales. Por el contrario, el texto aclara que las fuerzas estatales y locales podrán seguir colaborando con el ICE y otras agencias federales cuando se trate de la captura de delincuentes peligrosos o causas penales, diferenciando explícitamente entre delitos criminales y cuestiones migratorias de carácter civil.
El respaldo a la ley de Hochul crece en todo Nueva York
En apenas dos semanas, el apoyo al Local Cops, Local Crimes Act se expandió de manera significativa. La gobernadora presentó inicialmente la iniciativa acompañada por la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, y jefes policiales de ciudades clave. Actualmente, ya son 29 los funcionarios y autoridades locales que expresaron públicamente su respaldo, entre ellos fiscales de distrito, sheriffs, alcaldes y ejecutivos de condados de distintas regiones del estado, según explicó la oficina de la mandataria.
Entre los apoyos se destacan figuras como los fiscales de Manhattan, Brooklyn y Queens, así como ejecutivos de condados como Albany, Erie, Westchester y Broome.
Los funcionarios que respaldaron la iniciativa coincidieron en que la confianza de la comunidad es un componente esencial de la seguridad pública.
Daniel McCoy, ejecutivo del condado de Albany, sostuvo que la seguridad “es más fuerte cuando los oficiales locales pueden concentrarse en las comunidades a las que sirven y no se los desvía para aplicar políticas migratorias federales”. En su visión, la ley preserva la confianza entre la policía y los residentes y garantiza un uso más eficiente de los recursos.
Desde el oeste del estado, el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, calificó la propuesta como una solución de “sentido común” frente al avance del control federal. Según explicó, eliminar los acuerdos 287(g) envía un mensaje claro a los residentes: las fuerzas locales no actuarán como un brazo del gobierno federal y los centros de detención locales no estarán disponibles para redadas migratorias.
Una postura similar expresó Malik Evans, alcalde de Rochester, quien recordó que su ciudad se considera santuario desde hace décadas y que limitar la participación en la aplicación de leyes migratorias federales fue clave para que la comunidad inmigrante denuncie delitos y acceda a servicios esenciales sin miedo.
Demandas a agentes federales y protección de lugares sensibles
El proyecto de Hochul no se limita a los acuerdos 287(g). Forma parte de un paquete más amplio presentado en el marco de su agenda del State of the State, orientado a reforzar derechos constitucionales frente a posibles excesos de autoridad federal.
Entre las medidas complementarias se incluye la creación de un derecho explícito para que los residentes de Nueva York puedan demandar a agentes federales que violen sus derechos constitucionales.
La propuesta habilita acciones civiles a nivel estatal contra funcionarios federales, lo que alinea los estándares legales con los que ya rigen para agentes estatales y locales bajo la legislación federal de derechos civiles. Según la oficina de la gobernadora, esta herramienta busca garantizar un camino hacia la rendición de cuentas cuando se produzcan abusos.
Otro componente clave es la protección de los denominados “lugares sensibles”. Hochul impulsa normas para impedir la aplicación de la ley migratoria civil sin orden judicial en espacios como escuelas, hospitales, templos religiosos y también hogares particulares.
LA NACION
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