Qué dice el proyecto de ley que avanza en Nueva York y que permitiría a la policía local colaborar con el ICE
El programa federal que delega funciones de aplicación de leyes migratorias a oficiales locales podría implementarse en el estado si consigue avanzar en la sesión legislativa
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LA NACION
Una iniciativa impulsada por el asambleísta republicano Eric Brown busca autorizar a departamentos de policía y oficinas del sheriff en Nueva York a participar en el programa federal 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El proyecto permanece en revisión en la Asamblea estatal y, hasta el momento, no ha sido votado en el pleno.
Republicanos de Nueva York buscan impulsar una colaboración con el ICE bajo el programa 287(g)
- El proyecto de ley fue encabezado por el asambleísta Eric Brown y copatrocinado por otros legisladores del Partido Republicano como Stephen Hawley, Kenneth Blankenbush, Angelo Morinello, Robert Smullen, Lester Chang, David McDonough y Philip Palmesano.
- Esta iniciativa permanece actualmente en la Asamblea de Nueva York, donde aún no avanza a votación general ni al Senado estatal.
Hasta el momento, su verificación se encuentra dentro del Comité de Códigos, que es el encargado de determinar si la propuesta continúa su recorrido legislativo o no.
La medida es presentada bajo el nombre de “Ley de Aplicación de la Inmigración del estado de Nueva York de 2025” (A05467). Su contenido se enfoca particularmente en establecer procedimientos y límites para la participación local dentro del programa federal.
Participación de agencias locales en el programa 287(g) bajo el proyecto de ley A05467 en Nueva York
El proyecto de ley A05467 define el marco operativo basado en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Este programa permite que el ICE otorgue autoridad formal a oficiales de departamentos policiales locales para actuar en tareas migratorias en situaciones relacionadas con personas que hayan sido señaladas o detenidas por delitos.
De acuerdo con el texto propuesto, el enfoque se concentra en individuos definidos como “migrantes criminales”. Bajo esta clasificación entran aquellas personas que se encuentran en el país norteamericano sin autorización legal y que son sospechosas o acusadas de cometer infracciones penales de acuerdo con la legislación ya vigente.
En caso de que una agencia policial decida sumarse al programa, el proyecto establece que podrán designarse hasta diez oficiales o detectives para actuar bajo la delegación otorgada por el ICE. Estos efectivos deberán recibir entrenamiento federal y seguir los protocolos estipulados para dicha colaboración.
¿Qué facultades se les otorgarían a los oficiales participantes?
Los oficiales autorizados tendrían la posibilidad de identificar, arrestar y detener a las personas que entren en la definición de “migrantes criminales” en función de los casos en los que actúen. Además, la propuesta contempla la cooperación con el ICE en la iniciación de procesos de deportación relacionados con los individuos detenidos bajo esta categoría.
La norma establece un límite de 72 horas para mantener detenida a la persona antes de su transferencia a custodia federal. Durante ese periodo, la agencia local debe permitir el acceso de personal del organismo federal para la toma de custodia directa.
Para operar bajo el programa, las fuerzas policiales que decidan adherirse deberán asegurar instalaciones adecuadas para la presencia permanente de personal federal dentro de sus centros de detención, con el fin de facilitar las transferencias requeridas.
Argumentos legislativos y antecedentes dentro del estado de Nueva York
El proyecto indica que uno de los motivos para promover esta medida es la prevención de delitos cometidos por personas que se encuentran de manera irregular en el país norteamericano y que hayan sido identificadas con antecedentes o participación en actividades criminales. Según el texto legal, la coordinación entre agencias locales y federales permitiría agilizar la respuesta institucional.
Como antecedente, se menciona que el condado de Nassau, situado al este de la ciudad de Nueva York, ya aplica el programa 287(g), y que la experiencia obtenida allí podría replicarse en otras jurisdicciones del estado para cumplir funciones similares. Con base en esto, los autores sostienen que la implementación estatal ampliaría herramientas para la seguridad pública.
Por el momento, no existe un consenso legislativo que permita anticipar su avance hacia el pleno. No hay votaciones registradas y el proyecto permanece en la fase de revisión interna.
Para convertirse en ley, la iniciativa debe superar varias etapas como:
- Obtener el voto favorable dentro del Comité de Códigos de la Asamblea
- Deberá ser incluido en el calendario del pleno de la Asamblea para su votación
- Si obtiene aprobación, pasaría al Senado estatal, donde deberá repetirse el proceso de verificación en comité y votación general
- Una vez aprobado por ambas cámaras, el proyecto sería enviado a la gobernadora para su aprobación.
La normativa indica que, si fuera firmada, entraría en vigencia de forma inmediata.
LA NACION
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