Así se castiga en Nuevo México a los conductores que cometen esta infracción, con consecuencias más graves de las imaginadas
Negarse a la prueba de alcoholemia puede agravar la pena y ser usado en contra del conductor en la corte, según las leyes del estado
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En Nuevo México, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DWI, por sus siglas en inglés) es una infracción grave que conlleva severas sanciones legales. El estado implementó leyes rigurosas y programas de prevención para combatir esta problemática y garantizar la seguridad vial.
Leyes estrictas para conductores alcoholizados en Nuevo México
De acuerdo a las leyes de la “Tierra del Encanto”, es ilegal operar un vehículo con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de 0.08% o más, o estar bajo la influencia de drogas que afecten la capacidad de conducir. En el caso de conductores de vehículos comerciales, el límite se reduce al 0.04%.

Las sanciones por una primera infracción incluyen:
- De 0 a 90 días de cárcel (con un mínimo obligatorio de 48 horas si es agravado).
- 24 horas de servicio comunitario.
- Asistencia a una escuela de DWI (12 horas).
- Evaluación de alcohol y asesoramiento si se identifica un problema.
- Un año de libertad condicional.
- Revocación de la licencia de conducir por un año.
- Instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo de encendido durante un año.
Las consecuencias se agravan con infracciones subsecuentes. Allí se incluyen mayores períodos de encarcelamiento, multas más elevadas y revocaciones de licencia más prolongadas.
Programas de prevención y unidades especializadas
El Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México estableció programas de prevención del DWI para educar al público sobre los peligros de conducir bajo la influencia. Estos programas incluyen campañas de concienciación, talleres educativos y colaboraciones con organizaciones comunitarias.

Además, la Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) desempeña un papel crucial en la reducción de incidentes relacionados con el DWI. Esta unidad tiene la autoridad para emitir citaciones administrativas a licenciatarios y servidores de alcohol, y es responsable de hacer cumplir la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas.
Nuevo México fortalece sus medidas para prevenir la conducción bajo la influencia del alcohol o estupefacientes, a través de la implementación de leyes estrictas y programas de prevención efectivos.
La colaboración entre las autoridades, las comunidades y las organizaciones es esencial para crear un entorno vial más seguro para todos. De la misma manera, se espera que los ciudadanos respeten las leyes para evitar problemas de tránsito.
Consecuencias de negarse a una prueba de alcoholemia en Nuevo México
Según la Ley de Consentimiento Implícito del estado, al conducir un vehículo, se considera que el conductor ya dio su permiso para someterse a pruebas químicas si un oficial de policía tiene motivos razonables para creer que está bajo la influencia de alcohol o drogas.
Rehusarse a realizar la prueba resulta en la revocación automática de la licencia de conducir por un año, sin posibilidad de obtener una licencia de interbloqueo de encendido durante ese período. Además, la negativa puede ser utilizada en su contra en un juicio por DWI, ya que puede interpretarse como una admisión de culpabilidad.
En casos graves, como accidentes con lesiones o muertes, las autoridades pueden obtener una orden judicial para realizar la prueba de manera forzada. Por lo tanto, negarse a una prueba de alcoholemia no garantiza evitar cargos y puede agravar las sanciones legales.
¿El servicio comunitario puede reemplazar una condena por conducir ebrio en Nuevo México?
En Nuevo México, el servicio comunitario es una parte obligatoria de las sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), pero no sustituye completamente las penas de cárcel. En casos de reincidencia, las penas se vuelven severas.

Una segunda condena implica un mínimo de 96 horas consecutivas en la cárcel, al menos 48 horas de servicio comunitario y una multa de US$500. Una tercera condena requiere al menos 30 días consecutivos de cárcel, 96 horas de servicio comunitario y una multa de US$750.
Es importante destacar que si el infractor no completa el servicio comunitario o los programas de tratamiento ordenados por el tribunal dentro del plazo especificado, se le impondrán días adicionales obligatorios de cárcel.
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