Es oficial: Texas ordena a las universidades públicas que identifiquen a los estudiantes indocumentados y así impacta
La exigencia se emitió tras un fallo judicial que bloqueó una ley de 2001
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LA NACION
Los colegios y universidades públicos de Texas recibieron una directriz sobre corroborar el estatus migratorio de los estudiantes, con el objetivo de identificar a los que no poseen un permiso legal. El fin es determinar cuáles no tienen derecho a solicitar las becas y subvenciones estatales de residentes del estado para la matrícula.
Un fallo judicial bloqueó una ley que impacta en los estudiantes indocumentados de Texas
El 4 de junio pasado, el juez federal Reed O’Connor eliminó una ley estatal de 2001, conocida como Texas Dream Act, que permitía a los alumnos sin documentación legal acceder a matrículas para residentes, que presentan un valor más bajo que para los de otros territorios o extranjeros.
En ese sentido, el comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior del Estado de la Estrella Solitaria, Wynn Rosser, envió un memorando y ordenó a las instituciones educativas de carácter público que identifiquen a los migrantes indocumentados para que se realicen ajustes en sus cuotas de cara al semestre de otoño de 2025.
La normativa vigente hasta principios de este mes exigía a los estudiantes no ciudadanos estadounidenses ni titulares de la green card o tarjeta de residencia permanente que firmaran una declaración jurada en la que se comprometían a solicitar un permiso migratorio, cuando cumplieran los requisitos pertinentes, a la hora de solicitar la matrícula estatal.
Según indicaron expertos a Texas Tribune, el sistema de identificación de extranjeros indocumentados presenta obstáculos para las instituciones públicas, debido a que no se exige a los alumnos inscritos que proporcionen un comprobante de ciudadanía ni un número del Seguro Social para el trámite. Así lo confirmó también el Sistema Universitario de Houston.
Además, la ley federal de privacidad no permite a las escuelas y universidades difundir los datos de los alumnos con las autoridades migratorias estadounidenses. La directora ejecutiva de la Alianza de Presidentes para la Educación Superior y la Inmigración, Miriam Feldblum, hizo hincapié en esa regla: “Estas protecciones de la privacidad no pueden obviarse únicamente por la situación migratoria de los estudiantes”, puntualizó.
La especialista indicó que los alumnos afectados pueden tener derecho a “apelar en una audiencia de debido proceso con las autoridades escolares y explicar sus circunstancias”, en caso de que la institución solicite retirarles la elegibilidad para la matrícula estatal por motivos migratorios.
Qué dijo Greg Abbott sobre esta medida para los estudiantes migrantes
El 5 de junio pasado, el gobernador de Texas compartió la decisión judicial que anuló los artículos 54.051(m) y 54.052(a) del Código de Educación, luego de que el tribunal determinara que violaban la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
El líder estatal celebró la resolución con un mensaje a través de su perfil oficial en X. “La matrícula estatal para inmigrantes ilegales en Texas terminó. El estado prohíbe permanentemente brindar este beneficio”, expresó.
Para acceder a la matrícula reducida, los estudiantes debían demostrar una residencia de al menos tres años en el Estado de la Estrella Solitaria previo a su graduación, un año de vivir en el territorio antes de su matriculación, y la firma de la declaración jurada previamente mencionada.
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